Robles: "La ley es igual para todos"

La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, ha defendido esta mañana en Bilbao el trabajo del Tribunal Supremo en el caso de Garzón y las escuchas telefónicas por la trama Gürtel. Tras una conferencia en Bilbao que ha presentado, Robles ha asegurado que la sentencia "es jurídicamente impecable y ha subrayado que no se ha vulnerado el derecho de defensa de nadie".

La vocal del Poder Judicial, que coincidió con Garzón cuando ambos eran secretarios de Estado con Juan Alberto Belloch en el Gobierno de Felipe González, ha dicho entender y lamentar la situación del juez inhabilitado, pero se ha mostrado contraria a algunas descalificaciones hacia el Supremo" que son, ha dicho, "inaceptables". "A nadie le gusta que alguien sea condenado. La ley es igual para todos y tiene que tranquilizar a los ciudadanos que un órgano judicial enjuicie con arreglo a Derecho sin hacer diferencias sea quien sea el que llega a los procesos judiciales", ha advertido la jurista, que en los últimos años ha mantenido sonoros enfrentamientos con Garzón.

El propio magistrado llegó a recusar a Robles para que no participara en los debates que el CGPJ mantuvo cuando este fue apartado temporalmente de la carrera judicial.

Ibarra: "Juicio con todas las garantías"

Por su parte, y en este mismo acto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha opinado hoy que la condena al juez Baltasar Garzón se ha producido tras un juicio "con todas las garantías" y, por tanto, ha considerado, no ha existido "indefensión" del acusado.

Ibarra ha eludido pronunciarse sobre el contenido de la resolución que "concitó la unanimidad" del Tribunal Supremo, si bien ha manifestado tener "la certeza de que ha sido un juicio con todas las garantías" y, así, ha dicho que no ha apreciado "indefensión", principio sobre el cual previsiblemente asentará Garzón su recurso de amparo.

En cualquier caso, Ibarra ha expresado que "todo lo que ha acompañado este proceso" le ha entristecido "profundamente", pero ha evidenciado que "en el Estado de Derecho" los jueces son "iguales ante la ley y en la aplicación del Código Penal". Además, ha considerado que este juicio afectará a la imagen de la Administración de Justicia debido al "contraste" que existe entre el ejercicio judicial asentado en las leyes "y lo que la sociedad entiende que es de justicia".

"Brecha entre la Justicia y la sociedad"

Esta sentencia, para Ibarra, es "un magnífico ejemplo de la brecha" que se está abriendo entre la Administración de Justicia y la interpretación que hace la sociedad sobre lo que es justo y ha advertido de que la tendencia a "expandirse" de esa separación puede "llegar a afectar seriamente a la calidad" de la democracia.

"La incomprensión se alimenta cuando la respuesta judicial no resulta inteligible desde las claves de lo que se considera como justo en el grupo social desde el que se expresa la valoración crítica; y también se alimenta cuando la justicia de las leyes no alcanza a reparar de forma satisfactoria una situación de injusticia que es socialmente percibida como notoria", ha dicho.

Ibarra ha abogado por impulsar "un consenso político que permita la adopción de acuerdos y la continuidad de los proyectos de modernización" como fórmula para superar esa "brecha entre las expectativas de la sociedad y la realidad de nuestro sistema de Justicia".

El magistrado ha advertido de que ese camino hacia "la mejora de la Justicia" no puede "depender de la alternancia en el Gobierno de España o en los Gobiernos de las Comunidades Autónomas". Según ha vaticinado, en el futuro el Poder Judicial "dará servicio a un Estado de Derecho, presumiblemente transnacional europeo", que "habrá de gestionar los intereses públicos en la sociedad que resulte de las sucesivas y, de momento, interminables crisis económicas encadenadas".