El Gobierno vasco destapa irregularidades por 23 millones de euros en la Consejería de Justicia con Azkarraga

El Gobierno vasco ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía unas supuestas irregularidades que, tras una "exhaustiva" investigación interna, ha detectado en al menos una quincena de contratos informáticos suscritos entre los años 2000 y 2009 por el Departamento de Justicia, cuando estaba al frente de ese área el dirigente de Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga.

El presunto fraude alcanzaría un valor de 23 millones de euros. Tras realizar dos auditorías, una interna y otra externa, la consejería que ahora dirige Idoia Mendia ha constatado que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguno de los expedientes se ha ejecutado en su totalidad. Algunos de ellos incluso ni se han iniciado. "Se ha pagado sistemáticamente" con dinero público trabajos no realizados, ha denunciado la actual responsable de esa cartera y portavoz del Ejecutivo.

Las presuntas anomalías afectan a tareas para implantar en los juzgados el sistema de gestión procesal, denominado JustiziaBat; y también para implantar en Euskadi la nueva Oficina Judicial o para desarrollar el expediente judicial electrónico.

Mendia ha explicado que las pesquisas realizadas por el Gobierno han permitido comprobar que muchas de las aplicaciones informáticas bajo sospecha habrían sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos expedientes o a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en otros anteriores. En algunos casos se ha detectado, por el "escasísimo plazo" de 16 días o un mes fijado para la ejecución de algunos trabajos, que la compañía beneficiaria conocía de antemano que iba a ser la adjudicataria del contrato y había anticipado el encargo. Parte de la documentación analizada en las investigaciones ordenadas por el Gabinete de Patxi López pone de manifiesto, según la consejera, que ninguna de las partes tenía el propósito de ejecutar los trabajos, por lo que el contrato "no era sino una mera justificación formal para obtener financiación".

No habían realizado las tareas comprometidas

Al sospechar de la existencia de irregularidades, el exviceconsejero de Justicia José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, encargó dos auditorías técnicas y se reunió con responsables de las empresas afectadas. Varios de esos directivos reconocieron que no habían realizado las tareas comprometidas, aunque ya habían cobrado por ellas, y prometieron completarlas.

Mendía, que no ha revelado la identidad de esas firmas, ha hecho hincapié en la gravedad de los hechos, que afectan a "cuestiones de calado para la Administración de Justicia", y ha explicado que el Gobierno ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los datos en su poder para que determine si se ha cometido algún delito y quiénes serían sus autores.