El PSE plantea la eliminación definitiva de las multas a las empresas que no atiendan en euskera

El grupo parlamentario socialista ha registrado hoy en la Cámara vasca una iniciativa para eliminar de la ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias las sanciones establecidas para aquellas empresas que no presenten sus servicios en las dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano.

El Decreto sobre los Derechos Lingüísticos de las Personas Consumidoras y Usuarias aprobado en 2008 por el Gobierno Vasco presidido por Juan José Ibarretxe establecía una serie de sanciones para las empresas que incumplieran varios de los artículos recogidos en el mismo. Entre estas medidas figura la obligatoriedad de rotular y atender en las dos lenguas oficiales en base a la Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarios, que reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir en euskera y castellano información sobre bienes y servicios.

El actual Ejecutivo vasco aprobó en julio de 2010 una moratoria de un año en la aplicación de este decreto para que no se ejecutaran las sanciones y ese plazo concluye el 17 del próximo mes. Hoy, el PSE ha registrado en la Cámara vasca una proposición de ley de modificación de la Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias en la que se plantea, entre otras medidas, la desaparición del régimen sancionador.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, ha opinado que las obligaciones lingüísticas para el ámbito público no pueden ser aplicadas de igual manera en el privado y ha confiado en alcanzar un amplio consenso en la Cámara para modificar la normativa.

Pastor ha recordado que el 10 de junio del pasado año el Parlamento aprobó una iniciativa en la que instaba al Gobierno vasco a modificar la normativa que obliga a las empresas a prestar sus servicios en euskera y en castellano con el fin de eliminar de la misma las medidas sancionadoras.

Puestos de trabajo en peligro

Por su parte, el parlamentario Vicente Reyes ha criticado que el Gobierno de Ibarretxe aprobara el decreto que regulaba las sanciones sin consenso y rompiendo acuerdos. "Para fortalecer el euskera no hay otro camino que la libre adhesión y el afecto", ha indicado Reyes, quien ha insistido en que las sanciones provocan rechazo en la sociedad y suponen un problema añadido para sacar adelante algunos negocios.

Reyes ha recordado asimismo que el 95% de los alumnos estudian en modelo B (bilingüe) y D (euskera), por lo que de forma natural y progresiva llevarán el euskera a los puestos de trabajo en un futuro. Además, ha manifestado que la imposición de sanciones a las empresas puede producir pérdidas de empleo.

El objetivo de la proposición de ley, ha explicado Reyes, es la eliminación de la ley de "todas las sanciones" por motivos lingüísticos que ahora se contemplan y reforzar la libertad de elegir el idioma que se desee en el etiquetaje de los productos así como la promoción, no la obligación, del uso del euskera para el etiquetaje de los productos vascos de origen.

También propone en su iniciativa que el Gobierno vasco impulse las medidas oportunas para impulsar el uso del euskera en las entidades que ofrecen bienes y usuarios y que fomente líneas de ayuda para facilitar la presencia de las dos lenguas en las actividades empresariales.

En su propuesta, los socialistas piden concretamente un cambio de la ley en el que se diga que la información a los usuarios, incluyendo la contenida en etiquetas y envases en impresos "se expresará en euskera, en castellano o en las dos lenguas, "según el deseo del oferente".

UPD apoya la propuesta

El parlamentario de Unión Progreso y Democracia en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, ha afirmado hoy que defenderá una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno vasco una "solución definitiva y no meramente provisional o coyuntural a las denominadas multas lingüísticas".

Maneiro ha recordado que su formación denunció esta situación hace un año, tras lo que el Gobierno autonómico aprobó un decreto para dejar sin efecto durante el mismo periodo las "multas lingüísticas" que prevé la ley para sancionar a las empresas que no utilicen el euskera. "Desde entonces el Ejecutivo no ha hecho nada, con lo que a partir del mes que viene se podrán empezar a imponer multas lingüísticas", ha añadido Maneiro.

"A nosotros nos parece evidente que obligar a empresas privadas y comerciantes a utilizar el euskera en el desarrollo de su actividad económica supone una injerencia en el ámbito privado de las personas contrario al principio de libertad de empresa, y que conlleva además una carga económica adicional para los empresarios y para la economía vasca en general", ha afirmado.

La iniciativa de UPD exige nuevamente al Gobierno vasco que "derogue sin miedo el decreto que regula las multas y elimine cualquier referencia en la Ley a la obligatoriedad de las empresas y establecimientos comerciales de atender al público en euskera y a que todos sus rótulos y papelería comercial estén disponibles también en euskera".

Maneiro ha declarado que "en modo alguno cuestionamos que el euskera es un valor digno de protección e impulso por los poderes públicos, pero esto no puede suponer cercenar la libertad individual de cada ciudadano, apostar por el todo vale o imponer el euskera a quien no quiere hablarlo, algo que consideramos un absoluto despropósito".