Euskadi pretende pagar a plazos la factura de Rover y empezar en 2012

Las diputaciones forales y el Ejecutivo vasco acordaron ayer iniciar una negociación con el Ministerio de Hacienda de Madrid con el objetivo de pactar las condiciones de pago de los 435 millones de euros que Euskadi debe devolver a la Administración central. Una cantidad que corresponde a los desembolsos por IVA realizados por la multinacional Rover y que el Tribunal Supremo ha dictaminado que corresponden a la Agencia Tributaria del Estado. El objetivo es conseguir un «pago a plazos», durante el periodo más dilatado que sea posible varios años y que el primero de ellos se ejecute ya en 2012.

El consejero de Economía del Ejecutivo de Vitoria, Carlos Aguirre, se reunió en la mañana de ayer con los responsables de las haciendas forales para valorar la situación, en medio de un claro ambiente de pesimismo. Si a finales de 2009 se recibió como un balón de oxígeno que el Estado decidiera transferir los 435 millones de euros a la Diputación alavesa, ahora aquel dulce se ha convertido en un trago amargo. Hay que desandar el camino y en unas circunstancias nada favorables.

Pagar es, aparentemente, la única opción. Las instituciones son conscientes de que la sentencia del Supremo es inapelable y que no existe margen alguno para el recurso ante el Constitucional. El alto Tribunal ha tumbado un dictamen de la Junta Arbitral un organismo creado para dirimir conflictos tributarios entre las administraciones central y vasca, pero todo ello dentro de un esquema previsto en el Concierto Económico. La resolución es, además, de carácter técnico. El Supremo recuerda que Rover tenía la sede de su fila española en Madrid y que la importación de vehículos desde Reino Unido la realizaba mediante la subcontratación de una empresa encargada de la logística. Esa firma trasladaba los vehículos por mar, los desembarcaba en el Puerto de Pasaia y los almacenaba durante algunos días en una campa en la localidad alavesa de Araia. En este emplazamiento se realizaban algunas tareas como el desparafinado de la carrocería y el lavado de los vehículos, y de la misma salían con destino a los concesionarios donde, finalmente, eran entregados a sus compradores. Así, mientras que la Junta Arbitral consideró que la venta se realizaba desde ese solar, el Supremo cree lo contrario y apunta que el paso por Araia sólo suponía un depósito temporal de los vehículos y no se realizaban en esa campa tareas que supusiesen una transformación de las unidades .

En sentido estricto y de acuerdo a la sentencia, es la Diputación de Álava quien está obligada a devolver los 435 millones al Estado, de la misma forma que fue el Ejecutivo foral presidido por Xabier Agirre quien recibió esta cantidad en dos plazos: el primero de ellos en diciembre de 2009 por un importe de 138 millones de euros y el segundo y definitivo en marzo de 2010, por 297 millones. Por ello, será la Diputación alavesa la encargada de iniciar las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para intentar alcanzar un acuerdo que «minimice el impacto» de esta sentencia. El consejero de Economía, Carlos Aguirre, se ha ofrecido al Ejecutivo foral alavés para actuar también en estas conversaciones, si lo considera necesario. «La propuesta que he hecho apuntó ayer el consejero es que cuantos más plazos, mejor, de forma que el impacto sobre el presupuesto sea asumible, para que no perjudique el déficit».

Negociación política

La compleja situación política no es ajena a este asunto y va a influir en el proceso. En primer lugar por la proximidad de las elecciones forales y la provisionalidad en la que se mueven los actuales equipos de gobierno de las diputaciones. Pero, además, no hay que olvidar que el trayecto de estos 435 millones desde Madrid a Vitoria fue negociado y forzado por el PNV, a cambio de los votos nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado de 2010. No es descartable, por tanto, que en esta nueva negociación cobre una importancia clave la senda por la que discurran las relaciones entre PNV y PSOE en Madrid. Unas relaciones congeladas hasta hace unos días por la formación jeltzale tras la decisión de Zapatero de impugnar las candidaturas de Bildu. Ahora, el OKdel Tribunal Constitucional a las listas abertzales ha mejorado la relación entre ambos partidos y Urkullu y el presidente se verán tras los comicios.

Sin embargo, de acuerdo al sistema interno de financiación del País Vasco, el asunto tendrá impacto en las cuentas de todas las instituciones diputaciones, Gobierno vasco e incluso ayuntamientos, aunque el Ejecutivo que preside Patxi López será el principal damnificado. Para la Administración vasca supone perder 305 millones en ingresos; unos 65 en el caso de Vizcaya; 43 para Guipúzcoa y, de forma paradójica, Álava tan sólo experimentará una merma de 22 millones.

El momento no es precisamente bueno. Las cuentas públicas vascas navegan tocadas por el déficit, ya que las instituciones no han sido capaces de ajustar del todo sus niveles de gasto a unos ingresos que han sufrido un brusco descenso como consecuencia de la crisis. Incluso, pese a la moderada recuperación de la economía, la recaudación de impuestos aún muestra evidentes signos de debilidad y nada hace pensar que el segundo semestre del año permita disponer de excedentes de tesorería. Más bien, al contrario, comienza a asentarse al idea de que ni siquiera va a ser posible cumplir con los objetivos de ingresos presupuestados a comienzos de año.