Una sentencia del Superior admite que hubo espionaje informático al Gobierno vasco

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de declarar «procedente» el despido por parte del grupo Spri dependiente del Departamento de Industria del Gobierno vasco de Iñaki Urrutxua, exadministrativo de la sociedad y antiguo chófer del exdirector general de su filial Sprilur Antton Zubiaurre. El fallo no pasaría de ser una mera decisión en el ámbito de la Justicia laboral, pero su trascendencia es mayor ya que los jueces han analizado con detalle la investigación que realizó la Ertzaintza en torno al supuesto espionaje descubierto hace ahora un año en los ordenadores de esas empresas públicas. Los hechos provocaron la detención de Zubiaurre y su exchófer el pasado mes de junio.

La sentencia, que no entra a valorar responsabilidades penales, ya que estas son objeto de un procedimiento que se sigue en un juzgado de instrucción de Bilbao, admite como buena la tesis elaborada por la Policía autónoma que apunta con claridad al propio chófer y a Zubiaurre como autores de la invasión no autorizada en algunos ordenadores clave del grupo Spri.

El Departamento de Industria del Ejecutivo de Vitoria decidió despedir al chófer de Zubiaurre en septiembre del pasado año, después de que el juez que instruye el procedimiento penal hubiese levantado el secreto de las actuaciones y de analizar las pruebas recopiladas por la Ertzaintza contra ambos. La sentencia del Tribunal Superior sobre el despido, a la que ha tenido acceso ELCORREO, permite ahora conocer que las primeras señales de alarma en el Gobierno vasco saltaron el 15 de marzo de 2010. Aquel lunes, al incorporarse al trabajo tras el descanso del fin de semana, el director técnico de Sprilur, Pedro García, observó en su correo electrónico algo muy extraño. En la bandeja de correos enviados aparecía un mensaje en realidad, la copia de uno anterior relacionado con «la venta de unos pabellones a bajo precio, cerca de unos terrenos que debían ser recalificados» remitido a Antton Zubiaurre. El director técnico estaba seguro de no haber enviado correo alguno al exdirector general, por lo que puso en conocimiento de sus superiores lo que había descubierto en su ordenador.

La sospecha de los responsables del grupo Spri de que alguien no autorizado podía estar accediendo a sus ordenadores llevó al Gobierno vasco a presentar una denuncia y al juzgado a encargar una investigación a la Ertzaintza, cuyos especialistas no solo analizaron ese email enviado a Zubiaurre, sino que en las semanas posteriores sometieron los ordenadores de la Spri a un estrecho seguimiento. Fruto de ese trabajo pudo comprobarse, por ejemplo, que el acceso al servidor de esa sociedad pública y al correo personal del director técnico se había realizado desde el domicilio de Iñaki Urrutxua, exchofer y entonces administrativo de la sociedad.

La investigación realizada por la Ertzaintza revela que, además del reenvío de ese correo a Zubiaurre, su exchófer revisó otros emails del director técnico que contenían información sobre varias actuaciones de compra y venta de pabellones y consultas a la Diputación foral de Álava, así como adjudicaciones de obras.

Más accesos

Aunque la sentencia no entra en los detalles porque no afectan al caso laboral que se juzgaba, también desvela que el seguimiento que realizó la Ertzaintza en los ordenadores de los directivos del grupo Spri permitió detectar el acceso a los mismos desde el domicilio del propio Antton Zubiaurre. ¿Cómo era posible este acceso no autorizado? El propio Tribunal Superior da la explicación al revelar que al sistema informático de la Spri pueden conectarse desde el exterior sus empleados algo cada día más habitual en las empresas, pero mediante una fórmula de seguridad poco fiable: los nombres de usuario y las contraseñas seguían un patrón idéntico, lo que, en la práctica, permitía adivinar las claves de acceso de toda la plantilla. El Gobierno vasco ya ha implantado un nuevo sistema para evitar que se reproduzca la situación.

La sentencia arroja luz sobre algunos otras circunstancias relevantes. Por ejemplo, que Zubiaurre y su exchófer participaban el primero como socio y el segundo como apoderado en la sociedad Vaneiba Sport, dedicada a «la adquisición, gestión, coordinación y explotación de derechos de imagen de deportistas de todo tipo».

A la hora de valorar los hechos, sin embargo, los magistrados han tenido en cuenta también que Iñaki Urrutxua figura en el registro mercantil como administrador único de la sociedad Sotovalle Sistemas, cuyo objeto social es la «gestión y venta de terrenos y la explotación de plataformas digitales de telefonía». En la carta de despido que le entregó el grupo Spri, ya se daba a entender que el acceso no autorizado a sus ordenadores podía estar relacionado, precisamente, con la búsqueda de información que pudiera ser utilizada en beneficio propio.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admite ahora que «es innegable la relación e interés que puede mantener el demandante en referencia al exchófer de Zubiaurre con determinadas informaciones de las que dispone la empresa y el método utilizado es claramente clandestino y defraudatorio de la confianza empresarial».