ETA certifica por carta a los empresarios el final de la extorsión

Los empresarios vascos y navarros respiran más tranquilos desde hace unos pocos días. Sin echar las campanas al vuelo, pero sin ocultar tampoco la sensación de alivio ante lo que parece, con todas las cautelas, el final del chantaje y la extorsión a las que les ha venido sometiendo ETA desde hace décadas. Las habituales cartas en tono intimidatorio y amenazante para exigir el cobro del llamado por los terroristas impuesto revolucionario se han visto sustituidas por otra misiva con firma y membrete de ETA, aunque con contenido radicalmente distinto: el anuncio por parte de la banda de que da por «cancelada» la exigencia del pago de esas cantidades económicas en coherencia con la declaración de tregua «permanente, general y verificable» que hizo pública el pasado 10 de enero.

Fue el presidente de la patronal navarra, José Antonio Sarría, quien destapó ayer la noticia tras confirmar la autenticidad de la misiva recibida y ponerla en conocimiento de la delegada del Gobierno en la comunidad foral. El máximo representante de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) validó así lo que las propias organizaciones empresariales y las fuerzas de seguridad habían constatado desde que la banda decretó el alto el fuego «general» e incluso antes: la desaparición, desde aproximadamente octubre, de las remesas de cartas de extorsión que periódicamente recibían los industriales de Euskadi y Navarra.

El cese del chantaje a los empresarios se ha considerado, de hecho, el auténtico termómetro para calibrar las intenciones de la banda y la credibilidad de la tregua. No en vano, en anteriores períodos de inactividad terrorista sin ir más lejos durante el fallido proceso de paz que naufragó en 2006, la organización no renunció a amenazar a los empresarios para seguir engrosando sus arcas. En esta ocasión, los analistas y expertos antiterroristas interpretaron el calificativo de «general» con el que ETA amplió el «cese de las acciones armadas ofensivas» que había anunciado en septiembre como una renuncia de facto también a la kale borroka y a la extorsión económica, que en anteriores treguas acabaron por enturbiar sin remedio la fe de los más dispuestos a creer. No obstante, el propio Sarría reconocía tras el anuncio de ETA en enero su «profundo escepticismo». «Cuesta creer que esto acabará», decía entonces.

Esperanza y cautela

Ayer, en cambio, constataba satisfecho que el final del chantaje supone, en la práctica, cortar el grifo de la mayor fuente de financiación de la banda que obtiene del impuesto revolucionario el 85% de sus ingresos y por lo tanto permite albergar esperanzas razonables, aunque con mucha «prudencia», sobre un final definitivo de la violencia. Esa esperanza le llegó a Sarría en forma de papel ensobrado el pasado martes 26 de abril. Era una misiva de ETA fechada este mes y dirigida personalmente a él, «en atención a la fuerza e influencia del sector social que preside». Otra carta exactamente igual, también personal, llegó a las manos del presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Lazpiur.

En los escritos pulcramente redactados y exquisitos en lo formal, según quienes han tenido acceso a ellos, ETA solicitaba a sus interlocutores que pusieran en conocimiento «de los empresarios, en particular, y de la sociedad en general» que «la exigencia del pago del impuesto revolucionario ha quedado cancelada». Además, la banda dejaba en manos de los dirigentes empresariales la decisión de hacer pública o no a través de los medios de comunicación la información de la carta.

Sarría justificó su decisión de dar a conocer la comunicación de los terroristas porque siempre lo ha hecho, también cuando sus palabras sonaban notablemente más siniestras. En todo caso, según ha podido saber este periódico, tanto el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba como el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, conocían el contenido de las misivas desde hace unos días, en plena antesala de la polémica por la decisión del Gobierno de impulsar a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado la impugnación de todas las listas de Bildu.

En el texto hay otra precisión que ha despertado algún recelo en círculos no solo empresariales sino también políticos, aunque la sensación general en ambos es de optimismo ante lo que se percibe como un paso más de la desintegración, lenta pero inexorable, de ETA. La banda circunscribe su decisión a la tregua que decretó en enero y de hecho apunta que la interrupción del chantaje económico «debe tomarse como una consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general en vigor desde el día 10 de enero». La cercanía de las elecciones y la necesidad que podría sentir ETA, tras el tiroteo en el que resultó herido un gendarme francés, de refrendar la credibilidad de la tregua y allanar así a la izquierda abertzale el cada vez más escarpado camino hacia las urnas también pesan en las valoraciones que se hacían ayer de la misiva.

Amenazas y pintadas

Esos dos factores justifican la cautela, no exenta de una franca satisfacción también exteriorizada, con la que las organizaciones empresariales acogieron la noticia. El propio Sarría instó también a la banda a que quede «igualmente cancelada» la «lacra» que sufren pequeños empresarios navarros, dueños de tiendas o talleres, que sufren en sus entornos más cercanos pintadas, amenazas o coacciones para participar en colectas destinadas a sufragar a organizaciones de la órbita de los presos o de la izquierda abertzale radical.

Confebask, por su parte, consideró «positivo y esperanzador» el paso dado por ETA, aunque también optó por mantener la «prudencia» y confiar en que el anunciado final de la extorsión sea «un paso más en la definitiva erradicación de la violencia». El Círculo de Empresarios Vascos, escéptico, recordó la falta de credibilidad de la banda terrorista y su nula legitimidad para «condonar deudas que solo existen en su estúpida racionalidad». Además, recordó que «sería muy deseable que si ETA quiere eliminar el chantaje a los empresarios lo hiciera no solamente durante las elecciones». El presidente de la CEOE, Juan Rosell, también confió en que el anuncio de ETA pueda consolidarse y verificarse.

En todo caso, la sensación en Euskadi era de alivio. «Los empresarios están contentos», apuntaban ayer diversas fuentes. No obstante, también se palpaba la exigencia a la banda terrorista para que acelere el proceso, despeje así los obstáculos que aún encuentra la izquierda abertzale tradicional para hacer calar su apuesta por la política y anuncie de una vez por todas el cese definitivo de su actividad y no sólo de la extorsión, que desde los años setenta ha sido la principal vía de la banda para obtener fondos. Según algunas estimaciones, en treinta años ETA habría obtenido a través del chantaje unos 115 millones de euros.