Salir de prisión a punto de prejubilarse

«Los primeros que tienen que salir son los que tienen muchas acciones a sus espaldas. Los de la kale borroka o los que han quemado un autobús, que se esperen». Esta frase, tal y como desveló EL CORREO, la pronunció el dirigente etarra Xabier López Peña, Thierry, durante las conversaciones celebradas en Ginebra en el proceso de paz de 2006. La urgencia del jefe terrorista evidenciaba una de las debilidades de la banda: el fracaso en su gestión de los makos.

El martes se produjeron las excarcelaciones de José María Sagarduy y de Antton Troitiño. Dos casos absolutamente dispares. Mientras el primero salió a la calle tras cumplir 30 años y 9 meses de condena por dos asesinatos el internamiento más largo de un recluso etarra gracias a la aplicación de la doctrina Parot y a un intento de fuga que le impidió acceder a redenciones de pena, Troitiño abandonó su celda a los 24 años de haber ingresado. Con 22 crímenes a sus espaldas. Se benefició de otra doctrina, dictada por el Tribunal Constitucional en 2008 y llamada Issaoun en alusión al preso magrebí que primero recurrió para que se le computara el tiempo que pasó en prisión provisional mientras cumplía una condena por otra causa.

Esta sentencia es tajante: hay que restar el tiempo que el recluso ha permanecido en prisión preventiva de cada una de las condenas firmes que está cumpliendo ya por otros delitos. No hacer ese doble cómputo es «un alargamiento ilegítimo de su situación de privación de libertad», según estableció el Constitucional en una resolución que corrió como la pólvora entre abogados, detenidos y juristas.

Parecidos a Sagarduy

De hecho, tras Troitiño y Koldo Hermosa Hurra otro activista que también se acogió a esta medida, seis terroristas más han pedido ya a la Audiencia Nacional la revisión de su condena basándose en la doctrina Issaoun: Peio Reizabal, Fernando Luis Astarloa, Jon Urquizu, Andoni Alza, Jesús Gollaba y Francisco Gómez. Y responsables del alto tribunal creen que en los próximos años serán «muchísimos» más los veteranos que reclamen su excarcelación según vayan llegando al máximo de condena, de modo que la regla del doble cómputo les permitiría reducir su estancia entre rejas de 30 a 28 ó 26 años.

El horizonte para la mayoría de reclusos de ETA se asemeja bastante al de Sagarduy, quien entró en la cárcel con 21 años y salió anteayer con 51. Una situación que se debe a dos causas: las sucesivas reformas legales modificaciones penales y la doctrina Parot que han endurecido el régimen penitenciario y la directriz de la cúpula terrorista por la que sus reos están obligados a rechazar los beneficios penitenciarios, primando una defensa ideológica de su causa frente a una defensa jurídica que redundaría en mejoras progresivas.

En la actualidad, 577 personas cumplen condena en España por su relación con ETA, una de las cifras más altas en décadas. En Francia están encarceladas otras 150. En total, 729 etarras en el calabozo (hay uno en Irlanda y otro en Portugal). Un veterano responsable de la lucha antiterrorista cree que este dato es clave a la hora de entender la situación de la banda. Si, como estiman las fuerzas de seguridad, ésta cuenta ahora con menos de cien pistoleros, una simple comparación permite deducir que siete de cada ocho etarras están en prisión. «Ninguna organización tiene futuro si un porcentaje tan alto de sus componentes ya está neutralizado», explica.

Pese a la doctrina Issaoun, a la mayoría le quedan aún largos encierros. Aunque 17 activistas han superado los 25 años de prisión efectiva, los cambios legales aprobados en 2003 implican que los casos de terrorismo en España puedan penarse hasta con cuatro décadas de prisión. Algunos etarras menores de treinta años que fueron detenidos a partir de esa fecha, especialmente si tienen delitos de sangre, abandonarán la cárcel rondando la jubilación.

Esta circunstancia es fruto de la evolución legal que ha experimentado el sistema judicial español. Además de la modificación de 2003, el Supremo instauró en 2006 la doctrina Parot, por la cual las redenciones deben aplicarse sobre el total de las penas que tiene el reo y no los 30 años máximos de prisión.

Asimismo, durante el mandato de la actual directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se han revisado todos los baremos por los que se descontaban días de condena. El origen de esta decisión reside en el caso de Iñaki de Juana Chaos, quien cumplió 18 años de prisión pese a estar condenado por más de 25 muertes. Algunas rebajas, por ejemplo, se le concedieron por escribir artículos de prensa. Y si hasta entonces se otorgaba una redención por el simple hecho de matricularse en una universidad, ahora se exige presentarse a los exámenes y aprobarlos.

La crisis de los makos

Todo ello ha provocado una de las mayores crisis en el colectivo de presos etarras. Quienes conocen esta situación sostienen que los procesos de Lizarra, en 1999, y con el Gobierno de Zapatero, en 2006, evidenciaron que ETA no tenía a sus reclusos como una prioridad, sino que las discusiones políticas encabezaban la agenda. «En el supuesto de que los presos creyesen que el segundo tema del orden del día era su situación, la decisión de la banda de romper el diálogo les dejo claro que no iban a salir en breve». La actual debilidad de ETA y su imposibilidad para forzar al Gobierno a sentarse a negociar ha restado aún más esperanzas a los internos. «No podemos hacer la guerra a base de comunicados», explicó hace meses desde prisión el exjefe etarra Francisco Mujika Garmendia.

Los expertos consultados por este periódico creen que «la inmensa mayoría» de los terroristas encarcelados está a favor de un fin de la violencia que les permita salir a la calle. Sin embargo, no existe unanimidad sobre cómo llegar a ese escenario. Un sector creciente está, acogiéndose a la denominada vía Nanclares, que pasa por obtener beneficios penitenciarios una vez declarado el rechazo a ETA; una fórmula obviamente contraria a las tesis radicales de la banda.

El segundo grupo lo definirían los presos que apuestan por el fin de la violencia y que, a diferencia de la vía Nanclares, buscan evitar salidas individuales y apuestan por un movimiento global. Aquí se hallaría Arnaldo Otegi. El tercero estaría formado por quienes entienden que no tiene sentido abandonar la lucha armada sin haber conseguido contrapartidas políticas. Y el último, muy minoritario, sería el de los internos recalcitrantes que continúan defendiendo la validez del terrorismo.