El dictamen del ‘caso Margüello’ constata el daño a las arcas públicas

«Se ha producido un perjuicio económico para las arcas públicas derivado de las irregularidades constatadas». Esta es la principal conclusión del dictamen del caso Margüello. Se trata de un documento provisional redactado por Laura Garrido, la presidenta de la comisión parlamentaria que, desde mayo del año pasado, ha investigado la contratación de empresas por parte del Departamento de Sanidad durante la etapa del PNV y, de forma especial, en las legislaturas de Gabriel Inclán.

La diputada del PP añade en su informe que el daño económico «es difícil de calcular». Y es que es imposible «cuantificar» cuánto se habría ahorrado el erario vasco si la subcontratación de algunos servicios hubiera sido transparente. Solo entre 1996 y 2006, el entramado de sociedades vinculadas con el exjefe de calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello, logró una veintena de contratos por importe de 33,5 millones de euros para prestar servicios sanitarios tan variados como la atención médica domiciliaria o la gestión de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas especializadas y pruebas complementarias.

Según el dictamen, la consecuencia de las irregularidades a la hora de contratar fue «la creación de un monopolio a favor de un grupo empresarial en el que coinciden las mismas personas como socios, directores, administradores y apoderados vinculadas a los responsables del anterior Departamento de Sanidad». Esta situación dificultó, cuando no impidió, la libre concurrencia de firmas, con lo que nunca se sabrá cuánto se había pagado por los mismos servicios de haber contado con más ofertas.

En sus conclusiones, la presidenta de la comisión parlamentaria explica cómo se llegó a esta situación de «monopolio». El mecanismo es sencillo. El Departamento de Sanidad adjudicaba de forma directa una serie servicios, es decir, sin un concurso previo. Para ello, se utilizaban subterfugios como el procedimiento previsto para casos de emergencia, aunque no hubiera urgencia o la disculpa de estar ante un «contrato menor, aunque se superaba la cuantía autorizada».

Una vez realizada la contratación, se concedían hasta ocho años de prórroga, pese a que desde 1997 un decreto del Gobierno vasco «reduce el periodo máximo a cinco años». De forma paralela, se revisaban «de forma unilateral» las tarifas. «Unilateral» quiere decir que en los contratos «no iba incorporada la fórmula de revisión de precios», como es preceptivo. Este lapsus daba pie a más irregularidades.

La primera, la mayoría de los acuerdos económicos se hacía a final de año y, nada más iniciarse el nuevo ejercicio, se actualizaba el precio. En este sentido, Laura Garrido recuerda que el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas «fue taxativo» cuando compareció en el Parlamento.«La Ley exige el deber de mantenerlo durante el primer año de adjudicación, de modo que si se ha hecho en noviembre o diciembre, se tiene que mantener durante los diez o los once meses siguientes», dijo José Ignacio Martínez Churiaque.

Mejoras de precios

Además, los incrementos de las tarifas a las empresas del caso Margüello eran muy superiores al del resto de contratos. Un ejemplo, En 2006, Medical Dom logró un aumento del 9,7% frente al 2%establecido de forma general. En 2008, la misma firma consiguió una mejora del 19%. En ambos casos, se trata de servicios prestados en Álava. En un contrato de Guipúzcoa logró un 19,9% de crecimiento.

A estas irregularidades se añade, por último, el hecho de que algunos convenios se modificaban con el paso del tiempo para incorporar nuevas prestaciones sin que mediase un concurso. El cambio siempre suponía una mejora económica para la firma. En 2008, la unión temporal de empresas formada por las sociedades Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Indautxu y Rehabilidom logró así elevar su contrato de 750.000 euros a 3,8 millones.

El dictamen provisional dedica un apartado a la autorización otorgada en 2006 por el exdirector de Sanidad de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, en la que estaba Margüello, para gestionar listas de espera. Esta firma carecía de todo tipo de medios materiales y humanos para funcionar como empresa sanitaria. Por ello, su labor se limitaba a trasladar los historiales a la clínica San Francisco Javier, que era la que prestaba el servicio. Por esta intermediación cobraba comisiones que oscilaban entre el 5% y el 20% del precio abonado al centro médico. A causa de estos hechos Elorriaga está siendo investigado por un juzgado vizcaíno.

Precisamente, entre las recomendaciones que plantea Garrido figura remitir los testimonios que ha recogido la comisión a la Fiscalía «para que se depuren las responsabilidades que correspondan» porque la parlamentaria del PP opina que «resulta ilógico que la irregularidades constatadas se realizan sin el conocimiento y participación de los responsables del anterior Departamento de Sanidad», dirigido por Inclán.

Una vez redactado el borrador del dictamen por parte la presidenta, el resto de partidos tiene de plazo hasta el 27 de abril para hacer sus propuestas, de forma que a primeros de mayo la comisión apruebe un informe definitivo.