La cúpula judicial vasca protesta ante Interior por la reducción de escoltas

El colectivo de jueces vascos se encuentra «inquieto». Los cambios que el Ministerio y la consejería de Interior van a introducir a partir de mayo en la seguridad de este gremio han desatado las alarmas en la cúpula judicial, que ha decidido mostrar su enfado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior del País Vasco acordó el pasado viernes remitir a los departamentos que dirigen Alfredo Pérez Rubalcaba y Rodolfo Ares un escrito en el que evidencian su «disconformidad» con la reducción de escoltas que se les va a aplicar a partir del próximo mes. El documento ha sido redactado en los últimos días y va camino de ambas administraciones.

El episodio supone el primer encontronazo de cierta envergadura entre el Ejecutivo vasco y los responsables de la judicatura de Euskadi. La llegada a Ajuria Enea de Patxi López había serenado unas relaciones que en la etapa de Juan José Ibarretxe se habían caracterizado por estar constantemente en erupción.

La nueva situación de normalidad se ha visto empañada en los últimos meses a raíz de las modificaciones que tanto el ministerio como la consejería han decidido poner en marcha a pesar de la oposición de la cúpula judicial. El Gobierno autónomo ya planteó en septiembre pasado la necesidad de introducir cambios en el servicio de seguridad de los magistrados y fiscales vascos. Dos días antes de que ETA hiciera público un parón en sus «acciones ofensivas» tregua ampliada en enero, sendas delegaciones encabezadas por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra, analizaron los mecanismos de protección aplicados a todo el colectivo desde 2001. Aquel año un comando asesinó al juez José María Lidón.

La propuesta inicial del máximo responsable de la Ertzaintza contemplaba, entre otras, retirar la escolta a una porción de los 250 jueces adscritos al País Vasco. A cambio, se instaurarían sistemas de contravigilancia. La medida ya no gustó a la magistratura, que exigió que se mantuviera la protección, al menos, en los mismos términos, aunque se admitía que quizá era necesario evaluar el riesgo de cada magistrado. Interior inició entonces un análisis individualizado, proceso que concluyó hace semanas.

Tras varios contactos discretos al más alto nivel, el pasado 29 de marzo la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, por un lado, y la viceconsejería de Interior, por otro, notificaron a los jueces la «modificación del módulo de protección personal». Un cambio que en principio iba a entrar en vigor el 1 de abril y que la cúpula judicial logró retrasar un mes.

Aunque todos los magistrados y fiscales van a mantener la escolta, las condiciones no serán las mismas para parte del colectivo. El argumento que ambos ejecutivos utilizan es que el alto el fuego «permanente y verificable» de ETA ha reducido el riesgo. Además, la consejería añade que el mismo procedimiento se ha aplicado ya a «empresarios, periodistas y profesores universitarios» amenazados y no descarta extenderlo a cargos públicos y representantes políticos.

La cúpula judicial dice no entender este análisis y recuerda que el comando Otazua, desarticulado el pasado mes de marzo y autor del asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles, había realizado «seguimientos» a un destacado magistrado de Euskadi. Las vigilancias eran «recientes», según las fuentes consultadas por este periódico, aunque anteriores al comunicado que ETA realizó en septiembre pasado.

Reducción «drástica»

En este contexto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior decidió el pasado viernes mostrar su malestar con los recortes en la protección. La breve declaración advierte de que «no se conoce» ninguna «alteración» del «riesgo» que el colectivo de jueces padece «desde hace un decenio» y hace pública su «disconformidad» con «cualquier modificación del servicio» que se vaya a poner en marcha. Además, los jueces reiteran una antigua reivindicación: que «se generalice» el modelo de doble escolta para todo el gremio.

Ayer la Asociación Profesional de la Magistratura hizo pública una nota en la que acusó a la Administración socialista de querer «reducir drásticamente» la protección de los jueces. Además, critican cómo se ha realizado la evaluación del riesgo de cada uno de ellos. La agrupación conservadora sostiene que «los propios interesados han conocido su situación de forma indirecta, sin que nadie haya mantenido con ellos una entrevista a efectos de valorar la situación personal y conocer las medidas que van a ser adoptadas».