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ANTONIO SANTOS , BILBAO
Martes, 8 de febrero 2011, 11:44
Con contundencia. La izquierda abertzale dio ayer un paso para muchos histórico. Por primera vez desde la configuración de HB en 1978, la coalición se desmarcó con claridad de la actividad violenta. Hasta en una decena de ocasiones el exmahaikide de Batasuna Rufi Etxeberria y el abogado Iñigo Iruin utilizaron diferentes expresiones para «rechazar» las acciones armadas, «incluidas las de ETA», y «toda actividad terrorista». Ambos dirigentes radicales, que presentaron las bases ideológicas de su nuevo partido, extendieron su desapego a las «amenazas» y «coacciones», mostraron su voluntad de superar las «consecuencias» del terrorismo, aseguraron que no aceptarán «tutelas externas» que les conviertan en «una organización vicarial de quienes practiquen la violencia» y subrayaron su deseo de «reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias».
Nunca antes la antigua Batasuna había evidenciado de manera tan explícita su necesidad de romper con la banda para reincorporarse al juego democrático, hasta el punto de que asumirá la Ley de Partidos aun no estando de acuerdo con ella. «El nuevo partido -subrayó Iruin- desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas».
El desmarque escenificado ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbao ante más de 300 personas entre políticos, periodistas y representantes de la vida pública, fue recibido por el resto de partidos e instituciones con un aplauso generalizado. Aunque con sensibles diferencias. Mientras Gobierno central y vasco reconocían el «paso dado en la buena dirección» aunque exigían «hechos» que avalen la declaración realizada por Etxeberria e Iruin, el PP llamaba a no caer en «la trampa». Las fuerzas nacionalistas, por su parte, acogieron con regocijo un pronunciamiento por el que, entienden, la nueva marca deberá ser admitida y concurrir a las próximas elecciones municipales y forales del 22 de mayo. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, certificó ayer que llevará a los tribunales la nueva formación. Jueces del Supremo coincidieron en advertir que no basta con que Batasuna presente unos estatutos «limpios», sino una «condena más rotunda» de la actividad armada y eliminar cualquier «vínculo» con la banda y organizaciones satélites. Pronostican, no obstante, un «debate de altura» en la 'Sala del 61' del Supremo y en el Constitucional.
«Punto de inflexión»
El medido acto político que desarrolló ayer la izquierda abertzale -con alusiones al Acuerdo de Gernika, a los Principios Mitchell que asentaron la paz en Irlanda del Norte o a la experiencia del Pacto de Estella- no estuvo exento, en todo caso, de matices por parte de los dos intervinientes. El discurso de Rufi Etxeberria, que se encargó de explicar «el punto de inflexión» asumido por Batasuna, resultó mucho menos elocuente que el alarde de fórmulas para abjurar de la violencia que desplegó Iñigo Iruin. El abogado destripó los estatutos que mañana presentarán en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior -hoy un grupo de ciudadanos hará público, también en Bilbao, el nombre y el logotipo-.
Etxeberria, en una intervención que repitió en euskera y castellano, aludió una única vez a ETA. Lo hizo para asegurar que la «izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia, o la amenaza», un planteamiento que «incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones». Nada se dijo de la historia pasada de la banda. El exmahaikide añadió que el proyecto que quieren poner en marcha «ni justifica ni ampara el uso de la violencia» y está en contra del «uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política y organizativa» con quienes usen el terrorismo «para obtener fines u objetivos políticos».
Mucho más directa resultó la explicación de Iruin. El antiguo senador y parlamentario vasco dio muestras de una potente oratoria, a pesar de llevar alejado de la política activa desde 2001. El abogado donostiarra, que ha dedicado los últimos dos años a confeccionar el 'corpus jurídico' de la nueva formación, aseguró que los estatutos han sido elaborados en función del camino que ha marcado el Tribunal Supremo tras las sucesivas ilegalizaciones de Batasuna y sus herederas. En especial, aludió al auto de mayo de 2007 que cerró el camino a las autonómicas de ASB.
El letrado dio muestras de haberse estudiado la legislación al milímetro para advertir las cuatro condiciones que, en su opinión, impone la ley española a cualquier formación que quiera competir en las urnas. La nueva izquierda abertzale cumpliría, dijo, con las cuatro. Según precisó, el Supremo dejó escrito que «las personas vinculadas a partidos ilegalizados pueden emprender una nueva vía» y fundar otro partido mientras no haya una «continuación o sucesión». Para avalar esa ruptura, sus miembros deberán evidenciar «una actitud de condena o rechazo del terrorismo», con alusión directa a ETA.
Todo ello se habría cumplido, a su juicio, en el acto de ayer. Iruin añadió, además, otro detalle: la reforma de la Ley Electoral que entró en vigor el pasado 30 de enero, exige que quienes quieran ser elegidos como cargos políticos muestren su «rechazo y separación» de la violencia y de las organizaciones terroristas. «No de condena», subrayó. El abogado enviaba así un mensaje a quienes, desde la política y la judicatura, han advertido a Batasuna que debe pronunciar una «condena expresa y rotunda de ETA» para recuperar la legalidad.
La lectura del capítulo preliminar y de tres artículos de los nuevos estatutos reforzó esa idea. La base legal de la nueva izquierda abertzale asegura «romper» con la organización y el modelo de funcionamiento anterior para evitar «vínculos de dependencia» o la «instrumentalización» por parte de ETA o de partidos ya ilegalizados y muestra su deseo de no convertirse en una «organización vicarial de quienes practiquen la violencia». Además, asegura que colaborará con otros agentes sociales para el «reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias».
Expulsión de afiliados
Como ejemplo de su voluntad democrática, Iruin explicó que el nuevo partido se propone «expulsar» a aquellos afiliados que no asuman la Ley de Partidos y no aceptará como candidatos a quienes no asuman la renuncia a la violencia. El abogado lanzó, finalmente, un recado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al asegurar que el pluralismo político no admite «mantener a todo un movimiento político en una situación de observación antes de admitir su presencia» en las urnas. Una advertencia que sonó a respuesta a las palabras del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, que apuntó el domingo que la prueba del algodón para Batasuna será quedarse fuera de las municipales y mantener la «misma actitud» demócrata.
No fue éste, en todo caso, el único mensaje al resto de formaciones e instituciones. Rufi Etxeberria, que justificó el paso dado ayer en la «reflexión» interna de Batasuna y no en «un regate en corto», abogó por la «acumulación de fuerzas» soberanistas, en una clara referencia a los acuerdos que tienen pactados con formaciones como EA, Aralar o Alternatiba.
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