El juez Pedraz permite la marcha a favor de presos etarras prevista para mañana en Bilbao

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha permitido la celebración de la marcha a favor de los presos convocada para mañana sábado en Bilbao al no ver vinculación entre los convocantes con Batasuna o alguna otra organización ilegalizada. No obstante, ordena que se vigile su desarrollo para que durante la misma no se produzca ningún delito de enaltecimiento del terrorismo.

En un auto dictado hoy, el magistrado deniega la petición de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y la Asociación Verde Esperanza solicitando que se prohíba la marcha convocada bajo el lema "Con todos sus derechos los presos políticos vascos al País Vasco. Demos un paso adelante".

En su escrito, Pedraz coincide con el Ministerio Fiscal y reconoce que una vez estudiados los informes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza "no procede acordar la prohibición", ya que existe "disparidad" en los informes. Así, mientras la Guardia Civil advierte de que un número importante de los convocantes ha participado como candidatos o interventores de la ilegalizada Batasuna o de sus sucesores PCTV o ANV, la Policía Nacional considera que "no tienen ninguna vinculación" con la organización ilegalizada. La Ertzaintza, por su parte, advierte de que algunos de ellos sí han tenido algún tipo de relación con el mundo de Batasuna.

Para Pedraz, no existen elementos o indicios de comisión del delito en la marcha, que según precisa, pretende la modificación de la política penitenciaria. "Ello, sin duda, no es ilegítimo, al ser obvio que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni menos aún de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad en el caso de calificar a los presos como políticos", señala.

Recuerda además que la convocatoria viene realizada por una plataforma surgida en Durango el pasado 13 de noviembre e integrada por un centenar de personas de la vida política, deportiva y cultural del País Vasco. Aunque reconoce que alguna de ellas ha estado vinculada con la denominada izquierda abertzale, concluye que "atendiendo a la identidad de los convocantes y del comunicante, resulta evidente que no tienen vinculación con ninguna organización ilegalizada".

Antecedentes

Ante la adhesión posterior del colectivo de presos de ETA y de la asociación de familiares Etxerat, a la que años anteriores se le prohibió otras manifestaciones, Pedraz destaca que se han producido otras muchas adhesiones de formaciones políticas democrácticas y de agentes sociales y sindicales, alcanzado las 4.500 personas. "De estas adhesiones -precisa- no hay constancia de que se hallen vinculadas con la citada izquierda abertzale ni menos aún con organizaciones ilegalizadas".

Tras subrayar que el acercamiento de presos es una reivindicación de Askatasuna, Pedraz advierte de que en esta causa se da una coincidencia de ideas entre organizaciones ilegalizadas y otras democráticas, si bien "no hay base para apreciar que tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada, ni aún se pretenda una exaltación de las mismas o de sus métodos, ni tampoco descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas". "Por ello, tampoco cabe asimilar la presente convocatoria con la realizada por Etxerat en años anteriores", precisa.

No obstante, el juez Pedraz admite que la marcha puede ser aprovechada para fines ilícitos, por lo que insta a la Ertzaintza y a la Delegación de Gobierno en el País Vasco a que adopten las medidas que consideren necesarias para evitar que durante la misma se produzca algún tipo de hecho delictivo o se profieran expresiones de apoyo a organizaciones terroristas o a cualquiera de sus miembros o se exhiban pancartas o lemas con tales fines, en cuyo caso, se debería proceder a la disolución de la marcha y adoptar las medidas para poner a disposición judicial a los autores.