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Bilbao y Ariztondo, en la explanada del Guggenheim. :: FERNANDO GÓMEZ
La Diputación pone fecha al Guggenheim de Urdaibai sin saber qué hará el Gobierno
Con una inversión de 133 millones de euros

La Diputación pone fecha al Guggenheim de Urdaibai sin saber qué hará el Gobierno

Ariztondo anuncia que las obras del museo arrancarán «probablemente» en 2011, aunque el Ejecutivo no lo apoye

JON FERNÁNDEZ jfernandez@diario-elcorreo.es

Martes, 26 de enero 2010, 08:43

Por muchas piedras que se encuentre en el camino, la Diputación vizcaína está decidida a sacar adelante el Guggenheim de Urdaibai. Ni siquiera parece asustarle la posibilidad de que su socio al 50% en la gestión del museo de Bilbao, el Gobierno vasco, acabe por darle calabazas y se vea abocada a financiar en solitario una infraestructura cuya inversión alcanzaría, al menos, los 133 millones de euros. A la espera de que en junio el Ejecutivo autónomo responda definitivamente si va a participar o no en el proyecto, la institución foral movió ayer ficha y se aventuró incluso a poner fecha a la iniciativa. «Las obras comenzarán probablemente en el año 2011», avanzó la diputada de Cultura, Josune Ariztondo, durante una intervención a petición propia en las Juntas Generales. La idea de poner fecha al inicio de los trabajos sin esperar a lo que diga el Gobierno de Patxi López sigue la línea marcada en su día por el diputado general. José Luis Bilbao fue claro en su momento: «Si no les gusta, que nos dejen hacer y no frenen un proyecto que está pensado para construir país».

No es un dato baladí. En mayo del año que viene se celebrarán las elecciones forales y municipales, en donde el PNV se juega renovar el control en su principal feudo -la institución foral- frente al binomio PSE-PP, que ya le desalojó de Ajuria Enea hace nueve meses. Y, a menos que la situación dé un giro de 180º, el 'Guggenheim 2' se antoja como la principal baza electoral de los jeltzales junto a otro proyecto que consideran «estratégico» como el nuevo San Mamés. El secretario de Organización de los socialistas vascos, Alfonso Gil, expresó precisamente ayer su convicción de que detrás del proyecto «hay una operación electoral» de los nacionalistas, que a su entender ven cómo sus tradicionales bastiones municipales en la comarca de Busturialdea «penden de un hilo» después de «30 años de incapacidad».

El enésimo reproche del PSE se produjo a pesar de que, en esta ocasión, Ariztondo no quiso avivar la polémica que mantiene frente al Gobierno de López con la pinacoteca como telón de fondo y se limitó a defender que los doce estudios encargados 'ex profeso' «avalan su viabilidad». O a presumir del consenso que ha existido hasta la fecha en el patronato del museo bilbaíno. Con los informes como punto de partida, la diputada espera que en el primer semestre de este año se defina el proceso de selección del diseño arquitectónico que servirá como base para convocar un concurso internacional de ideas. «En coherencia con el objetivo de buscar un icono paisajístico», la Diputación planea implicar en el plan a expertos en la materia o «incluso artistas».

Ariztondo pidió en varias ocasiones consenso «para no perder este tren», pero cuando hizo falta no eludió el cuerpo a cuerpo con la oposición y se empleó a fondo cuando abordó el aspecto medioambiental. Frente a las dudas de los socialistas sobre el impacto ecológico del proyecto en un entorno natural tan sensible, la diputada garantizó que la catalogación de Reserva de la Biosfera «no corre ningún peligro» porque la iniciativa busca estar en perfecta sintonía con el entorno. En este sentido, recordó que Urdaibai ya recibe cada año a un millón de visitantes y la mayoría de ellos acude en el exiguo plazo de cuatro meses -en verano-. Todo, cuando el nuevo museo espera atraer a 148.000 personas.

«Con otras palabras»

En relación con esta controversia, la titular de Cultura sí quiso mandar un 'recado' al Gobierno de Vitoria, que ha llegado a plantear un centro artístico más económico centrado en los artistas vascos: «Se presenta como alternativa algo que en realidad no lo es. Es lo mismo, dicho con otras palabras».

Todos los grupos prometieron analizar a fondo los estudios de viabilidad del proyecto, aunque sacaron a relucir una amplia lista de pegas. Tanto el PP como EA advirtieron de que hay que ser «especialmente cuidadoso» para no dañar el frágil ecosistema de Urdaibai. «Estamos hablando de una zona que tiene doble protección. Ya existe un icono allí, el propio paisaje, y el museo debe ser visible e invisible a la vez», avisó el popular Arturo Aldecoa.

Eusko Alkartasuna, a priori el principal rival del PNV en los municipios de la zona después de que en 2007 le arrebatara el Ayuntamiento de Gernika, fue algo más duro. Su portavoz, Joseba Guezuraga, echó en falta un informe medioambiental y sacó los colores a la Diputación por explicar «mal» la propuesta. «Así, a bote pronto, tampoco estamos de acuerdo con la ubicación», apuntó. El PSE se dio una tregua y se limitó a criticar «las formas» utilizadas por el Ejecutivo foral cuando anunció el proyecto.

Ezker Batua, por su parte, instó a la diputada a llegar a un acuerdo con el Gobierno vasco. La juntera Nerea Tellería auguró que si no se va de la mano de Lakua «será complicado sostener el 63% del museo con financiación pública», ya que se prevé un porcentaje de autofinanciación del 37% entre el dinero ingresado por las visitas y la aportación de las empresas a través del patrocinio de exposiciones u otras actividades.

Ariztondo, en cambio, no se mostró preocupada por el aspecto económico. Está convencida de que la operación dará «beneficios» por mucho que en un primer momento se deba hacer frente a una fuerte inversión -133 millones de euros más el traslado de las actuales colonias de la BBK y otros trabajos complementarios, según los estudios- y que mantener abierto el museo costará 6,7 millones al año. ¿Por qué? Por el continúo retorno de dinero vía impuestos, que ascendería a 17,3 millones de euros anuales. A todo eso habría que añadirle los 3.536 empleos que se esperan crear en la fase de construcción, que durará entre tres y cuatro años, así como los futuros 847 trabajadores ligados al funcionamiento del recinto. De momento, eso no es suficiente para convencer al Gobierno.

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