Complicado equilibrio

El Consejo de Ministros aprobó ayer el itinerario legal que debería seguirse para la clausura de un sitio web que sea utilizado para la descarga ilícita de contenidos. Sería la Comisión de Propiedad Intelectual la receptora de las posibles denuncias y la que, eventualmente, instaría a los responsables del dominio denunciado a corregir sus fallas o incluso a cerrar el dominio. La persistencia en la irregularidad llevaría a la citada comisión a recurrir ante los jueces de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, los cuales deberían pronunciarse en el plazo de cuatro días siguiendo el procedimiento estipulado para la protección de derechos fundamentales. La solución resulta salomónica en tanto que alambicada. Garantiza la tutela judicial de una jurisdicción especial y, en esa medida, limita la eventualidad de que la instancia administrativa incurra en decisiones que pudieran considerarse arbitrarias. De manera que se restablece el deseable equilibrio entre la libertad de la transmisión y acceso a los contenidos que se alojan en Internet y los derechos que asisten a sus creadores y propietarios. Claro que la regulación avanzada dentro del anteproyecto de Economía Sostenible es, seguro, susceptible de mejora, tanto por las indicaciones que presente el Consejo de Estado como por su contraste con la opinión de los sectores afectados y por su trámite final en las Cortes. La casuística que la Red presenta obliga a revisar buena parte de los paradigmas sobre los que han venido regulándose los derechos de propiedad intelectual realizados o editados en otros soportes. De forma que sería lógico contemplar la normativa propuesta como una salida necesariamente transitoria, a la espera de que la propia experiencia aconseje normas y procedimientos más duraderos en la tutela legal de derechos y en la delimitación de deberes en relación a los contenidos de Internet. En este sentido, el recurso a la Audiencia Nacional para que entienda también de aquellos posibles ilícitos que pudieran considerarse más graves en relación a la descarga de contenidos de la Red puede parecer una solución evasiva en cierta medida. Pero a no ser que en los pasos que el anteproyecto de ley deba dar antes de su definitiva aprobación parlamentaria se halle otra más coherente, convendría aceptarla como la mejor de las posibles.