Los dineros del poder

Siempre se ha dicho que hablar del dinero de uno es de mala educación. Pues bien, el presidente del Gobierno, los ministros y altos cargos engrosan desde ayer la categoría de maleducados con un 'striptease' patrimonial reflejado por primera vez en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ninguno va descalzo, pero tampoco figurarán en la lista de los más ricos del país. Las situaciones económicas son dispares y, con excepciones, se puede aplicar la regla de a más edad más patrimonio.

José Luis Rodríguez Zapatero declara unos activos valorados en 209.206 euros, procedentes de inmuebles con un valor catastral de 37.258. Esta valoración no es la de mercado, sino que la que fija el Ayuntamiento del municipio en el que se encuentra la vivienda a efectos fiscales. El presidente del Gobierno también acumula otros bienes por valor de 171.947 euros, apartado en el que entran sus cuentas, inversiones, depósitos, planes de pensiones y demás productos financieros. Pero también tiene deudas con los bancos, 80.847 euros que apuntan hacia un crédito hipotecario de la vivienda que adquirió en Madrid cuando fue elegido secretario general del PSOE. Unos compromisos financieros que podrá solventar con facilidad con los 91.982 euros anuales que cobra.

Entre los ministros, la que goza, sobre el papel, de mayor desahogo económico es la titular de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, con un patrimonio de casi cinco millones de euros, que al margen de los bienes particulares que pueda poseer responden, en buena medida, a los activos empresariales que tenía antes de entrar en el Gobierno. Sus créditos por pagar ascienden a 581.347 euros. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, declara, a su vez, una fortuna de 1,7 millones. No adeuda, sin embargo, nada a los bancos. El titular de Interior completa el trío de pudientes con 1,2 millones. Alfredo Pérez Rubalcaba tampoco debe un euro.

En la parte baja de la clasificación aparece la responsable de Igualdad, con un patrimonio de 38.918 euros, 21.425 de su casa -una valoración que da para poco más que un apartamento, y en una zona no muy cotizada-, y 17.503 de títulos bancarios, pero debe más de lo que tiene. Bibiana Aído adeuda 109.722, es decir que tendría en números rojos más de 70.000 euros.

Una salvedad al canon de que a más edad mejor posición económica es la del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien con 64 años y después de cuatro como ministro y 19 como presidente de Andalucía declara un patrimonio que apenas bordea los 69.000 euros, 46.502 de su vivienda y 22.461 en el banco. Eso sí, no tiene créditos pendientes. Unas cifras acordes con su afirmación de hace dos años en un programa de televisión, cuando dijo que tenía «3.000 euros en la cuenta».

Otro que tampoco está para dispendios es el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que declaró una casa valorada por el catastro en 24.503 euros, 82.200 en otros activos y una deuda de 36.300 euros. La responsable de Sanidad también acarrea números rojos. Trinidad Jiménez debe 183.854 euros y acredita tener una casa valorada en 89.796 euros y 20.000 en otros bienes.

En el tramo templado de la lista aparece el titular de Fomento, José Blanco, que adeuda 241.138 euros y declara una vivienda con un valor de 179.490 euros, además de otros activos por 60.045. Las dos vicepresidentas viven sin apuros, Elena Salgado declara un patrimonio de 976.934 euros y no debe nada; mientras que María Teresa Fernández de la Vega tiene por pagar al banco 161.717 euros, pero cuenta con inmuebles valorados en 323.607 euros, y 407.898 en otros bienes.

Foto borrosa

Estos datos proporcionan, sin embargo, una fotografía borrosa. No se desglosan los bienes y no se determina por tanto de cuántas viviendas, por ejemplo, son propietarios. Tampoco se especifica si es un patrimonio compartido en bienes gananciales con la esposa o el marido, o si hay separación de bienes. También quedan fuera los activos a nombres de terceras personas.

Los ministros no entraron en esos detalles y sacaron pecho por «el ejercicio de transparencia», en palabras de Sebastián. Su colega de Fomento, José Blanco, recordó que el Gobierno cumplió así «un compromiso». El PP, tacaño como toda oposición a la hora de reconocer méritos al Gobierno, aceptó que la medida es pertinente y su portavoz en el Congreso apoyó que la publicidad patrimonial se haga extensiva a los diputados y senadores.

El valor político de la medida radica en que es la primera que se hacen públicos en un documento oficial. Hasta ahora ningún miembro del Gobierno se había 'desnudado' de esa manera. Lo cierto es que ayer era el último día de plazo para que lo hicieran, de acuerdo a la reforma de la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Altos Cargos, que establece también que los altos cargos aportarán declaraciones de bienes al inicio y al cese de su actividad, y anualmente una copia de la última declaración tributaria correspondiente a los impuestos sobre la Renta y el Patrimonio.