La Ertzaintza contra ETA

La tarde del 14 de septiembre de 2002, dos miembros 'legales' -no fichados- de ETA se reunieron con dos 'liberados' del 'comando Zelatun' en un bar de la localidad guipuzcoana de Zumaia. En el curso de la cita, vieron en la televisión del local unas imágenes de la intervención de la Ertzaintza disolviendo una manifestación de HB en Bilbao. Los 'liberados' de ETA se indignaron y comentaron a sus subordinados que en momentos como ése, «de enfrentamiento con la izquierda abertzale», era lícito «cargarse» a los ertzainas.

El ejercicio de las funciones policiales ordinarias, sobre todo las de orden público, fue motivo de conflicto inmediato entre la Ertzaintza y los sectores del entorno de ETA, pero la banda terrorista no esperó a que se diera ese «enfrentamiento» para actuar contra el cuerpo de seguridad autonómico. El 28 de marzo de 1983, cuando la Ertzaintza acababa de hacer el segundo despliegue consistente en asumir la seguridad de las instituciones -el primero había sido para hacerse cargo del control del tráfico, cuatro meses antes-, un comando etarra asaltó las dependencias de la nueva policía en la Diputación de Guipúzcoa y se apoderó de 112 pistolas, munición, uniformes, equipos de comunicaciones, etc.

Aquel episodio puso de relieve dos hechos. El primero, que el modelo de los 'bobbies' ingleses que algunos dirigentes del PNV tenían en la cabeza -incluido Luis María Retolaza, el primer consejero de Interior- era inaplicable en un País Vasco, donde los terroristas estaban crecidos y robaban las armas a la Policía. El segundo, que la Ertzaintza estaba infiltrada por miembros de ETA, ya que el asalto a la Diputación se había realizado con la ayuda de un policía autonómico de la primera promoción llamado Iñaki de Juana Chaos. La Ertzaintza tendría que hacer frente tarde o temprano al terrorismo y, además, arrastrando la sospecha de que tenían al enemigo dentro de casa.

Los mayores problemas para dar ese paso -al margen del hecho no menor de la bisoñez del nuevo Cuerpo- estaban más dentro del PNV, que no creía en la vía policial para acabar con el terrorismo, que en la propia Ertzaintza. En septiembre de 1984, por ejemplo, el PNV se había opuesto a las primeras extradiciones de terroristas por Francia y meses antes había hecho gestiones en Bélgica para que ese país no entregara a otros dos etarras. Todavía en 1994 se conocía un documento de HB en el que daba cuenta de una reunión con Xabier Arzalluz en la cual el dirigente del PNV les había dicho, supuestamente, que la Ertzaintza no detenía más etarras por prudencia.

Fue el asesinato del superintendente Carlos Díaz Arcocha, en marzo de 1985, el que llevó al PNV a cambiar de registro, a sostener que no había contradicción entre las medidas políticas y policiales y a propugnar la movilización social contra el terrorismo. Pero pasar de la teoría a la práctica contra ETA llevó todavía más tiempo.

El Gobierno vasco encargó en 1985 a un grupo de expertos internacionales un informe sobre la violencia que, al margen de ofrecer una recopilación de obviedades, tuvo la virtud de servir de coartada al PNV para aceptar la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA. El primer grupo de agentes dedicados a esas tareas (los AVCS) tuvo el primer enfrentamiento con la banda en noviembre de 1986 cuando lograron liberar al empresario Lucio Aguinagalde, secuestrado por el 'comando Araba'. Arrestaron a dos terroristas, pero en la operación perdió la vida Genaro García de Andoain, un mando político de la Policía.

Sin embargo, seguía habiendo problemas políticos que el PNV aún no había resuelto, como por ejemplo la negativa a reconocer la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Los dos detenidos por el secuestro, en vez de ser trasladados a Madrid, fueron puestos a disposición del juzgado de Durango en el que había un juez tan novato en cuestiones de terrorismo como los propios ertzainas: Juan del Olmo, que luego sería el instructor del sumario del 11-M.

El paso definitivo se daría a partir del acuerdo de delimitación de servicios establecido el 13 de febrero de 1989 entre el ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el consejero Juan Lasa. En virtud de ese acuerdo se establecían las funciones que corresponderían a la policía autonómica y a los cuerpos estatales.

Los AVCS (Adjuntos a la Viceconsejería de Seguridad), al mando del sargento mayor Joseba Goikoetxea, se convirtieron en el servicio de información de la Ertzaintza encargado de la lucha antiterrorista. Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993, se encargó de reclutar a los miembros de la unidad superando no pocas dificultades derivadas de la falta de voluntad de algunos agentes para intervenir en esa tarea. La lucha contra ETA le costó la vida también a otro miembro de los AVCS, Montxo Doral, un estrecho colaborador de Goikoetxea.

La década transcurrida entre 1989 y 1998 fue la de mayor actividad de la Ertzaintza contra ETA con 120 detenidos -sin contar acusados de violencia callejera-, de los que 82 fueron encarcelados y otros 14 quedaron en libertad bajo fianza, sometidos a procesamiento. En la década siguiente, la actividad antiterrorista se redujo a la mitad: 59 detenidos entre 1999 y 2008 de los que veinte ingresaron en prisión y once quedaron en libertad con cargos. En los últimos cinco años, entre 2004 y 2008, sólo ha habido cuatro acusados de pertenencia o colaboración con ETA.