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JULIO ARRIETA
Domingo, 7 de junio 2009, 04:35
El informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la continuidad de la central nuclear de Garoña, cuyas líneas generales se filtraron durante la tarde del viernes, siguió generando reacciones ayer. El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, afirmó que, si el dictamen considera que la planta burgalesa es segura, la «demagogia política no debe imponerse a un criterio técnico». «No parece que haya ninguna razón que aconseje el cierre de Garoña».
«No creemos que deba imponerse una decisión política diferente a lo que es la propia recomendación técnica del CSN», añadió Barreda. En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PP explicó que el informe del CSN «descarta que haya problemas de seguridad» e indica que si las instalaciones son renovadas, «la posibilidad de su funcionamiento dentro de esos términos de seguridad» estaría garantizada.
En sentido opuesto se manifestó el coordinador de Presidencia de Ezker Batua. Serafín Llamas exigió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ordene «de inmediato y a pesar del informe» el cierre de la planta nuclear, la más antigua en activo de España. De lo contrario, «evidenciará que miente y que está del lado del lobby nuclear». Llamas también pidió al lehendakari, Patxi López, «que se plante» ante el presidente, «que le obligue a cumplir su palabra y garantice el cierre definitivo» de la central. Además, recordó que tanto la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, como el dirigente socialista Txarli Prieto han apoyado la clausura e «incluso llegaron a decir que si tuvieran la llave, la cerraban ellos mismos».
De hecho, el Parlamento Vasco debatirá el viernes el futuro de la central con una proposición no de ley de EA que pide el cierre de la planta atómica, un texto que va a ser apoyado por el PSE-EE.
El sindicato ELA también reclamó de nuevo el cierre de Garoña. Su responsable de Medio Ambiente, Janire Domínguez, afirmó que el informe del CSN demuestra que este organismo «está al servicio de las empresas que explotan la energía nuclear». A juicio de ELA, el CSN «ha dado cobertura a la central de Garoña en el ocultamiento de los múltiples incidentes producidos en esa central y ha tratado siempre de minimizar los efectos de sus evidentes fallos».
Reunión de alcaldes
Por su parte, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha solicitado al CSN una reunión para conocer «de primera mano» el contenido íntegro del informe y poder opinar sobre el mismo. Un portavoz señaló que los ayuntamientos integrados en AMAC tienen «plena confianza en la labor del CSN como organismo competente en materia de seguridad nuclear». Si su análisis «dice que Garoña es segura, apostamos por su continuidad».
El CSN decidió no dar a conocer su dictamen sobre Santa María de Garoña hasta el lunes. Sin embargo, el viernes se supo que este organismo era favorable a mantener la central burgalesa en funcionamiento diez años más siempre y cuando fuera renovada, lo que costará 50 millones de euros.
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