Costas ultima los trámites para derribar un histórico hotel de Castro

La Demarcación de Costas de Cantabria está decidida a derribar el histórico hotel Miramar, situado en la playa Brazomar de Castro Urdiales. El organismo regional, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ya informó en mayo del año pasado a los gestores del establecimiento de que la concesión que le autorizaba a permanecer ubicado en dominio marítimo-terrestre había caducado. En teoría, el permiso no expiraba hasta 2017, pero la reconversión del equipamiento de balneario a hospedaje motivó la cancelación anticipada de la licencia.

Costas anunció hace tres años su intención de no renovar ninguna de las licencias otorgadas a inmuebles levantados en dominio público marítimo-terrestre. Los cimientos del hotel ocupan parte del principal arenal castreño, por lo que el Ministerio decidió no sólo no prorrogar la concesión, sino iniciar un expediente de caducidad por incumplimiento de las cláusulas concesionales para dejarlo sin efecto.

Los propietarios del hotel presentaron un recurso contra esta decisión, que no prosperó. De hecho, la última notificación que han recibido de Costas no hace sino avanzar hacia la demolición. El escrito les informa de que el próximo 6 de abril personal de la demarcación acudirá al establecimiento para formalizar el acta de reversión de la concesión otorgada en octubre de 1955 y ratificada en 1963. Esto supone que los terrenos sobre los que se asienta el Miramar volverán a pasar a manos de Medio Ambiente.

Pero los dueños de las instalaciones piensan plantar batalla. «Ya son años de acoso por parte de Costas sobre nuestra empresa en aras de un pretendido interés general», protestan. Con ánimo de frenar lo que consideran un «claro abuso administrativo», presentarán un nuevo recurso para tratar de paralizar la reversión de la licencia y su posterior derribo.

El caso del Peru Zaballa

De hecho, piensan luchar «con todas sus fuerzas para defender aquello que nuestras generaciones anteriores construyeron con gran esfuerzo, a lo largo de más de cincuenta años, frente a la actitud expoliadora de una administración que no se preocupa de ayudar a nuestras pequeñas empresas», proclama la familia Alonso Merino. Y es que, de ejecutarse la demolición, quince empleados -en verano son diez más- perderían su trabajo. El apoyo popular a su causa es incuestionable. De hecho, ya han recogido «más de 8.000 firmas» para intentar frenar la demolición.

Otro equipamiento sobre el que planea la sombra de la piqueta es el polideportivo municipal Peru Zaballa. El Consistorio presentó hace un mes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y representantes de la Asociación cántabra de Afectados por la Ley de Costas propusieron hace apenas unas semanas la anulación del deslinde que afecta al edificio, condenado desde hace tres años. Costas aún no se ha pronunciado.