Probar la falsedad de los hallazgos de Veleia ha costado 50.000 euros

Probar la mentira de Iruña-Veleia ha costado 50.000 euros. Éste es el dinero que la Diputación alavesa ha tenido que desembolsar para costear los informes de la comisión científica que, tras ocho meses de estudios, ha dictaminado la falsedad de las inscripciones de temática cristiana y egipcia, datadas en el siglo III, y de las palabras en euskera, latín y otras lenguas, fechadas entre el IV y el VI.

El destino de estos más de ocho millones de las antiguas pesetas ha sido pagar el trabajo de los miembros de la citada comisión -todos ellos profesores de la UPV-, así como de los asesores externos. Y es que, además de los doctores y catedráticos vascos especialistas en disciplinas como Lingüística, Historia Antigua, Epigrafía, Arqueología, Química e Ingeniería Nuclear, se ha contado con el asesoramiento expertos de fuera.

Así, para el informe sobre grafitos latinos se ha contado con la catedrática de la Complutense Isabel Velázquez. De esta misma Universidad es el catedrático de Filología Hebrea Julio Trebolle, quien ha asesorado sobre los nombres bíblicos. El egiptólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas José Manuel Galán ha certificado la falsedad de los jeroglíficos y nombres egipcios.

El dictamen final -respaldado por los principales partidos, salvo el PSE, que ha reclamado sin éxito un estudio de ámbito internacional- ha contado con cinco expertos extranjeros. Se trata de los italianos Giuliano Volpe, de la Universidad de Foggia; Carlo Carletti, de Bari; Fabrizio Bisconti, de Roma, y Marco Milanese, de Sassari. También ha colaborado Dominic Perring, de la Universidad College de Londres.

Una parte importante del desembolso ha tenido como destino pagar las analíticas realizadas a las piezas. La Diputación alavesa da por bueno el gasto en la medida en que ha servido para poner fin a una mentira.

Por otro lado y, según ha podido saber EL CORREO, el ex director de las excavaciones, el arqueólogo Eliseo Gil, ha reclamado a EuskoTren parte de la ayuda económica correspondiente al pasado año que no cobró tras estallar el escándalo. Desde 2001, la empresa del Gobierno vasco subvencionaba a Lurmen, la sociedad propiedad de Eliseo Gil, para excavar e investigar el yacimiento con 3,7 millones en una década. En el período comprendido entre 2001 y julio de 2008, Lurmen S.L. recibió cerca de 2,9 millones de euros. La decisión de la Diputación, propietaria de Iruña-Veleia, de retirar el permiso de excavación a Gil llevó a EuskoTren a suspender los pagos. El arqueólogo le demanda ahora que le abone las facturas pendientes de este ejercicio.

Además, el PSE ha pedido la comparecencia de López de Lacalle para que informe sobre la investigación emprendida en la Diputación para «depurar responsabilidades a nivel interno». Y es que el diputado general, el peneuvista Xabier Agirre, informó hace una semana de que había firmado un decreto para esclarecer qué papel ha jugado cada pieza de la institución foral en el 'affaire'. Agirre evitó pronunciarse respecto a si el escándalo salpicará o no a la técnico del Museo de Arqueología, Amelia Baldeón.