Perjudicados en el fraude de la Hacienda de Irun afirman ante el juez que pagaron a Bravo en metálico

Dos de los cuatro testigos que declararon hoy en el caso del fraude de la Hacienda de Irun ratificaron que hicieron pagos en metálico para rebajar la deuda tributaria que mantenían en el despacho de José María Bravo, entonces director de aquella delegación, quien les entregó justificantes de los abonos.

Estas cuatro fueron las primeras de las 46 personas que testificarán en los próximos días ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, Almudena Ovejero, la mayor parte de las cuales son contribuyentes que presuntamente saldaron sus deudas con la Hacienda foral en la delegación de Irun, si bien también declararán un empleado de esta oficina y un ex directivo del departamento. El principal imputado en el caso es José María Bravo, quien se encuentra en prisión desde el pasado mes de julio, después de que se negara a prestar declaración y ante el riesgo de fuga que, en opinión de la juez, existía en este caso.

José María Bravo, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo, se encuentra imputado porque, según denunció la Fiscalía, presuntamente se valía de su "acceso directo a información tributaria" para reclamar pagos de deudas a contribuyentes morosos, a los que cobraba una cantidad rebajada que, sin embargo, no ingresaba posteriormente en la Hacienda foral. Los otros cuatro imputados son la mujer de Bravo, Rosa Cobos; el socio de éste Pedro María Atristrain; y la funcionaria Pilar Gracenea, quienes se encuentran en libertad tras prestar declaración en el juzgado los días 1 y 2 de agosto.

Quinta persona

Según han explicado fuentes jurídicas, estaba previsto que además de los cuatro contribuyentes que declararon hoy también lo hiciera una quinta persona que no acudió al juzgado de Irun al encontrarse enferma. A las declaraciones de estos cuatro testigos, que en líneas generales ratificaron los testimonios que habían prestado con anterioridad ante la Ertzaintza, asistieron los abogados de los acusados, así como los representantes de las acusaciones particulares ejercidas por la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Generales del territorio, y el de la acción popular que ejercita el sindicato LAB, aunque no acudió ningún miembro de la Fiscalía, precisaron las fuentes citadas.

Dos de los cuatro testigos que declararon hoy aseguraron que trataron directamente sus casos con José María Bravo en dependencias de la delegación de Irun, con lo que uno de ellos consiguió una rebaja de un 40% sobre los cerca de 18.000 euros que adeudaba a la Hacienda foral, mientras que el otro recordó que el entonces director de la oficina le dio un justificante por el pago en metálico que le hizo. Las fuentes explicaron que las otras dos personas citadas hoy explicaron que ellos no tuvieron trato directo con Bravo porque gestionaron la liquidación de sus deudas a través de asesores que les tramitaron el asunto.

Uno de estos testigos consiguió de esta manera una rebaja de un 20% sobre una deuda de unos 70.000 euros, y su pago quedó reflejado en un justificante que le proporcionó su asesor, mientras que el otro, tras verse inmerso en un proceso administrativo, decidió acudir directamente a la Diputación para terminar de saldar su deuda. Las próximas declaraciones tendrán lugar el 1 de octubre, día en el que prestarán declaración otros cinco testigos.