La enseñanza pública se enfrenta a dos jornadas de huelga general esta semana

La enseñanza pública vasca se enfrenta esta semana a dos huelgas generales (el miércoles día 14 y el jueves 15), a las que están convocados 26.000 docentes de escuelas e institutos vascos, en los que estudian 176.000 alumnos. Los tres sindicatos nacionalistas, Steilas, LAB y ELA, mantienen este paro docente, pero la unidad de acción se ha roto en los otros tres colectivos -haurreskolak (centros infantiles públicos), educación especial y el personal de cocina y limpieza-, por lo que en esos sectores la repercusión de la jornada de movilización será menor.

De hecho, LAB ha desconvocado las huelgas en haurreskolak y en las plantillas de cocina y limpieza, dos grupos en los que tiene la mayoría sindical, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno vasco en los últimos días. Los sindicatos y el Departamento de Educación se han citado hoy mismo a una nueva mesa de negociación para tratar de llegar a un acuerdo con los profesionales de educación especial -un pacto que estuvo a punto de producirse la pasada semana- y es muy posible que también se fije una cita antes del miércoles para tratar sobre las condiciones laborales de los profesores en un último intento de evitar el paro.

Si el acuerdo no se alcanza, las dos huelgas consecutivas del próximo miércoles y jueves se sumarán a las otras cinco que ha soportado la enseñanza pública durante este curso. Y si el conflicto continúa, los centros de la red pública tendrían que afrontar una semana completa de paros de los profesores a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, entre el 23 y el 27 de abril.

Los representantes de los trabajadores exigen un incremento de los salarios -los docentes se quejan de que su poder adquisitivo ha disminuido-, rebajar la cifra de personal eventual, aumentar las plantillas, cubrir las sustituciones desde la primera jornada en todas las etapas, desde Infantil a Bachillerato, y reducir el número de alumnos por aula, entre otras medidas.

Los sindicatos abertzales, que representan al 80% de los trabajadores del sector, apuestan además por otro modelo de enseñanza. Quieren «sacar de las aulas» la Lomce y que se derogue Heziberri, el currículum vasco, ya que, en su opinión, desarrolla la normativa impulsada por el Gobierno del PP. Otro de los objetivos de su lucha es aplicar la «inmersión lingüística en euskera».

La última propuesta que ha hecho el Departamento de Educación, que las centrales rechazaron al considerarla «insuficiente», plantea 5.000 plazas mediante ofertas públicas de empleo en esta legislatura, medidas para dar estabilidad a las plantillas docentes, cubrir las sustituciones desde el primer día de baja en Primaria -en Infantil ya se hace-, refuerzos de profesores en las aulas con mayores necesidades y reducción de la jornada lectiva por razón de edad.

Educación ha censurado en numerosas ocasiones que se haya trasladado el conflicto a los colegios ya que consideran que es «el alumnado y las familias de los centros educativos públicos quienes sufren directamente sus consecuencias». La consejera Cristina Uriarte ha reclamado la necesidad de «blindar» a los centros de «la conflictividad laboral para que puedan seguir con su normal funcionamiento» y «limitar la confrontación a las mesas de negociación».

En esta misma línea, el lehendakari Íñigo Urkullu defendió la pasada semana que es compatible «avanzar con las negociaciones y los acuerdos» y «mantener la normalidad en el servicio público educativo».