Procesan por presunto desvío de fondos al director de Presupuestos del Gobierno vasco

Alberto Ayala

Domingo, 23 de julio 2017, 13:48 | Actualizado 15:43h.

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El director de Presupuestos del Gobierno vasco, Hernando Lacalle, y la que fue diputada foral alavesa de Promoción Económica entre 2007 y 2011, Arantza Zenarruzabeitia, ambos militantes del PNV, están a un paso de sentarse en el banquillo por corrupción. Tras dos años de investigaciones, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Eneida Arbaiza, acaba de decidir la apertura de procedimiento por el denominado ‘caso Denokinn’, un presunto desvío de fondos públicos a esta asociación afín a los jeltzales.

Hernando y Zenarruzabeitia tienen ahora la posibilidad de recurrir el auto ante la Audiencia alavesa. Si no lo hacen o se desestima tendrán que ir a juicio por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación, malversación de caudales y estafa, que están castigados con penas de cárcel.

Los hechos objeto de investigación se remontan a hace siete años y medio, en concreto a febrero de 2010. La sociedad pública Álava Agencia de Desarrollo, dependiente del Gobierno foral, entonces presidido por el peneuvista Xavier Agirre, eligió a dedo a Denokinn para la puesta en marcha del proyecto Deiko, de desarrollo de nuevos proyectos empresariales en el territorio.

Denokinn es una asociación que ha actuado como promotora de proyectos de investigación y desarrollo. Creada por tres municipios vizcaínos entonces controlados por el PNV,posteriormente pasó a ser una entidad privada sin ánimo de lucro, aunque ha seguido muy vinculada a la formación jeltzale. De hecho, durante mucho tiempo su coordinador fue Luis Miguel Macías exconcejal en Trapagarán y exviceconsejero de Pesca del Ejecutivo autónomo, siempre por el PNV.

En los últimos años Denokinn se ha visto envuelta en varios escándalos por recibir fuertes cantidades de dinero público, no demasiado justificables, para proyectos que han terminado mal. Los más significativos, el fallido coche eléctrico vasco ‘Hiriko’, caso que será juzgado en Álava a la vuelta del verano, primero en el Juzgado de lo Mercantil y luego en el Penal. O el Santurtzi Innovation Park, que tampoco fue un éxito.

El PNV logró decenas de millones de euros del Gobierno central para ambas iniciativas y para otras como el proyecto Epsilon, que perseguía que Euskadi tuviera un coche propio en el gran circo de la Fórmula 1. La contraprestación, que los diputados peneuvistas apoyaran al Gobierno socialista de Zapatero en el Congreso para evitar su caída. Una situación con ciertas similitudes a la actual con Rajoy.

La voz de alarma sobre la existencia de posibles anomalías en el proyecto Deiko la dio el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, entonces presidido por José Ignacio Martínez Churiaque, cuando analizó los números de la Diputación alavesa y sus sociedades correspondientes a 2010. Su objeción, que el concurso se había adjudicado a dedo sin respetar los principios de publicidad y concurrencia. El siguiente año, el tribunal volvió a objetar la prorroga del convenio.

Como el órgano encargado de analizar las cuentas del sector público vasco carece de competencias para enjuiciar responsabilidades contables, Martínez Churiaque –cuyo mandato resultó bastante convulso por las dificultades que le pusieron los vocales elegidos a propuesta del PNV y el PSE para censurar algunas actuaciones públicas– decidió enviar el expediente al Tribunal de Cuentas del Reino.

Éste comprobó la existencia de indicios de que podía haberse producido un posible quebranto económico para las arcas públicas alavesas y puso de inmediato el caso en manos de la Justicia ordinaria, de la Audiencia Provincial de Álava.

La Fiscalía contó con el apoyo de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que se encargó de desmenuzar las facturas entregadas por Denokinn. Su conclusión: que la asociación no fue capaz de justificar adecuadamente más de 125.500 de los 337.000 euros que recibió. Especialmente llamativa resultó la explicación de la firma sobre el destino final de 82.600 euros. Sorpresivamente, Denokinn dijo que había usado el dinero para el Innovation Park de Santurzi.

Con ello, la asociación presuntamente sin ánimo de lucro, de alguna forma se condenó a sí misma. Por reconocer que había gastado parte del dinero en un proyecto diferente al que había sido contratado y encima fuera de Álava.

El Ministerio Público tomó también declaración a la exdiputada Zenarruzabeitia, a Lacalle, que entonces era director foral y miembro de la comisión de seguimiento del convenio, y a otras personas conocedoras del expediente. Tras todo ello decidió proceder contra los políticos jeltzales. A su juicio, podrían haber cometido sendos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y estafa.

Si la Audiencia no echa abajo toda la investigación, la juez pedirá a las partes que presenten sus escritos de acusación y de defensa, y procederá de inmediato a la apertura de juicio oral.