La lista de bajas del 'procés'

El auto del juez del Supremo Pablo Llarena que ordena el reingreso en prisión de los políticos soberanistas catalanes Turull, Romeva, Forcadell, Bassa y Rull tras la fuga de Marta Rovira ha cambiado la lista de bajas del 'procés'. Desde que el 1 de octubre tuvo lugar el referéndum ilegal que activó la crisis catalana una treintena de líderes del desafío independentista han ido desapareciendo del escenario bien por los procesos judiciales, bien porque la dinámica política catalana les ha conducido a una retirada forzosa. Esta es la lista de afectados y su situación.

Tras conocerse la fuga de Marta Rovira, los huidos del 'procés' se reparten entre Bélgica y Suiza, países en los que han aprovechado sus particularidades legales para poner en jaque a los jueces españoles. Una de las consejeras fugadas, Clara Ponsatí, ha anunciado sin embargo que se trasladará a Escocia.

Esta abogada catalana que se ha dado a la fuga al ser citada en el Supremo es la actual secretaria general de ERC, formación en la que fue una de las personas de confianza de Oriol Junqueras. Siempre ha sido una defensora del proceso y después del 1 de octubre provocó una polémica al afirmar que el Gobierno central pretendía «llenar las calles de muertos». Ha anunciado que se instalará en Suiza

Puigdemont se dio a la fuga el 30 de octubre , en el mismo momento en que se activó el artículo 155. En un rocambolesco viaje llegó hasta Bruselas, donde contactó con un abogado de etarras para evitar ser extraditado a España. Aunque había salido elegido diputado en las elecciones del 21 de diciembre y contaba con una mayoría de apoyos, el Constitucional no autorizó su investidura a distancia. El exalcalde de Gerona permanece en Bélgica y se supone que ahí seguirá.

La exconsejera de Agricultura del Govern huyó con Puigdemont al producirse la activación del artículo 155. Esta política de ERC procede del mundo de los sindicatos agrarios catalanes. Está procesada por ser una de las firmantes del documento que ponía en marcha el referéndum ilegal.

Fue consejero de Salud en el Gobierno de Carles Puigdemont y huyó también con él. Es un político procedente del PSC que se pasó a Junts per sí y se sumó al movimiento independentista. En las elecciones de 2017 Antonio Comín salió elegido en las listas de ERC. Permanece en Bélgica tras ser procesado por firmar la convocatoria del referéndum ilegal con el resto de miembros del Govern. Él fue quien recibió los mensajes de móvil en los que Puigdemont afirmaba que les habían «sacrificado» y que «Moncloa ha ganado».

Ponsatí es una economista que llegó a la consejería de Educación con Carles Puigdemont. Procedía de las filas de la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) y con anterioridad a su entrada en el Govern trabajaba en la universidad escocesa de Saint Andrews, donde se encargaba de la cátedra de Economía y Trabajo. Fue procesada también por la convocatoria del referéndum ilegal y huyó a Bélgica con Puigdemont. El 10 de marzo anunció que se marchaba de Bruselas para continuar su trabajo como profesora en Escocia.

Puig fue el consejero de Cultura de Puigdemont y como él está procesado por firmar el decreto del referéndum ilegal. Fue elegido diputado por Junts per Catalunya. Fue bailarín y director artístico y procede del mundo de las asociaciones de apoyo al folklore catalán.

Esta dirigente de la CUP se encuentra huida en Suiza, a donde se marchó para no comparecer ante el Tribunal Supremo. Curiosamente, esta instancia ha reactivado este viernes las órdenes de detención contra todos los huidos, pero no contra ella. Descendiente de una familia de mineros andaluces emigrada a Cataluña, comenzó a militar en movimientos anticapitalistas e independentistas y llegó a ser concejal en Sallent de Llobregat. En las elecciones de 2015, en las que la CUP obtuvo diez parlamentarios, consiguió un sillón en la Cámara catalana. Fue la portavoz de la plataforma radical en el debate sobre la declaración de la república. Está procesada en el Tribunal Supremo por rebelión.

En la actualidad cuatro personas llevan ya cinco meses encarceladas por orden del Tribunal Supremo. De una forma u otra han intentado condicionar la vida política catalana, con ninguna fortuna.

El exvicepresidente del Govern y presidente de ERC, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión desde el 2 de noviembre de 2017 acusado de prevaricación, malversación de caudales públicos y desobediencia al Tribunal Constitucional. Esta internado en la cárcel madrileña de Extremera, una prisión que se ha convertido en un centro de peregrinación del independentismo. Desde su celda ha intentado influir para que se pueda formar un Govern con el apoyo de la CUP pero no ha conseguido que las circunstancias cambien y la vida política catalana sigue empantanada.

El exconsejero de Seguridad de Carles Puigdemont se encuentra en prisión desde el 2 de noviembre del año pasado. Procede de CiU y ha ejercido la mayor parte de su vida política en Barcelona, donde llegó a ser teniente de alcalde de Xavier Trías. Está considerado uno de los miembros más radicales del Govern. No es casual que consiguiera dirigir la seguridad de Cataluña después de que su antecesor en el cargo, Jordi Jané, fuera cesado al anunciar que no daría órdenes ilegales a los Mossos D'Esquadra. En enero renunció a su acta de diputado para intentar conseguir su salida de prisión pero los jueces rechazaron su petición.

Jordi Sánchez está preso en Soto del Real y hasta hace unos días era la esperanza de JxCat y ERC para formar Govern. Sin embargo, a la vista de que no tenía permiso del Supremo para presentarse como candidato anunció que renuncia a su acta de diputado y abandona la política. Procede de la Crida, una organización que en su momento tuvo nexos con Herri Batasuna y de ahí paso a Inicativa per Catalunya Verds. En 2015 consiguió la presidencia de la ANC después de que Carme Forcadell abandonase este colectivo para presentarse a las elecciones. Está procesado por los incidentes que se registraron el 20 de septiembre del año pasado, cuando cientos de personas acosaron a los guardias civiles que se disponían a registrar la sede de la consejería de Economía.

Cuixart está preso en Soto del Real por su papel como presidente de la entidad soberanista Omnium Cultural a partir de los incidentes provocados el 20 de septiembre durante el registro de la consejería de Economía. Una de las imágenes claves de la crisis catalana es la de Cuixart y Sánchez -'los Jordis'- subidos encima de un coche patrulla de la Guardia Civil mientras arengaban a los manifestantes que querían impedir el registro de la consejería de Economía. Cuixart es un empresario hecho a si mismo que desde los 90 forma parte de la estructuras directivas de Omnium Cultural.

Además de los cargos procesados que han huido o ingresado en prisión, el juez Llarena ha dictado el ingreso en prisión de dirigentes nacionalistas que se encontraban en libertad bajo fianza.

Turull ha protagonizado la última maniobra del nacionalismo catalán. El jueves se sometió a una sesión de investidura en el Parlament que no tenía otro objetivo que intentar que compareciera en el Supremo ya convertido en President de la Generalitat. No sirvió para nada puesto que no la CUP se negó a apoyarle. Este licenciado en derecho ha realizado toda su carrera política en Convergencia y sus sucesivas marcas. Comenzó en 1987 como concejal en la localidad de Parets y desde entonces ha ejercido todo tipo de cargos. En 2017 fue nombrado consejero de presidencia en sustitución de Neus Munté cuando Puigdemont depuró a todos los miembros de su Gobierno que no eran acérrimos partidarios del referéndum ilegal. El 1 de octubre fue el portavoz de la Generalitat encargado de explicar las votaciones ilegales. Pasó dos meses en prisión tras ser acusado en la Audiencia Nacional de haber organizado el referéndum ilegal y abandonó la prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros. Ahora volverá a la cárcel.

Forcadell, expresidenta del Parlament, está en libertad tras haber pagado una fianza de 150.000 euros que le permitió abandonar la prisión tras haber pasado 15 horas en su interior. Esta militante de ERC, especializada en normalización lingüística, fue presidenta de la ANC de 2011 a 2015, cuando esta organización se convirtió en el músculo independentista en la calle. En 2015 fue elegida presidenta de la Cámara catalana tras haber concurrido en la candidatatura de JxSí. Desde ese puesto se encargó de poner el Parlamento al servicio de la hoja de ruta independentista pese a todos los avisos del Tribunal Constitucional. Ingresa de nuevo en prisión.

La consejera de Trabajo del Gobierno de Puigdemont ya estuvo en prisión dos meses a finales del año pasado tras haber sido procesada por haber firmado desde el Ejecutivo catalán los decretos que permitieron activar el referéndum ilegal. Salió en prisión en diciembre tras haber pagado una fianza de 100.000 euros. Es una profesora, dirigente de UGT y de ERC. El jueves 22 de marzo renunció a su escaño. Regresa a prisión.

Raúl Romeva quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros el pasado mes de diciembre después de haber sido procesado por el Supremo. Este experto en relaciones internacionales procedente de Iniciativa per Catalaunya fue el encargado de internacionalizar el proceso independentista desde su puesto de consejero de Exteriores del Ejecutivo de Puigdemont, para lo que contaba con las pseudoembajadas catalanas. Todo este entramado fue desmontado por el Gobierno central en aplicación del artículo 155. Con anterioridad había sido eurodiputado y saltó a la fama cuando presentó en el Parlamento Europeo una pregunta por el pisotón que recibió Messi por parte del jugador del Real Madrid Pepe en una final de la Copa del Rey. El juez ha decidido que reingrese en prisión.

Este abogado catalán se afilió a convergencia con 16 años, cuando comenzó a militar en las juventudes del partido. Tomó parte activa en la vida municipal de Cataluña, donde llegó a trabajar en la asociación de municipios. Por ello fue nombrado consejero de Territorio y Sostenibilidad en el equipo de Puigdemont. Está procesado por sedición y fue encarcelado en noviembre. Un mes más tarde quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros y ahora regresará a la cárcel.

Una serie de cargos del Govern y los partidos independentistas fueron procesados y enviados a prisión. Abonaron la fianza y quedaron en libertad. Su decisión de apartarse de la vida política ha evitado que sean procesados de nuevo.

Era la gran esperanza a la hora de buscan un entendimiento con el PP que rebajase la tensión en Cataluña pero no sirvió para nada. El consejero de Empresa del Ejecutivo de Puigdemont se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros tras haber sido procesado por sedición. Dimitió de su cargo después de que Puigdemont rechazara convocar nuevas elecciones ante el caos creado por la fallida declaración de independencia. Su figura ha acabado siendo rechazada tanto por constitucionalistas, que recuerdan que se mantuvo hasta el final al lado de Puigdemont, como por nacionalistas, que le consideran un traidor por su espantada final. Acaba de escribir un libro de memorias.

La exconsejera de Gobernación Meritxel Borrás se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras haber sido procesada con el resto de miembros del equipo de Puigdemont. Esta licenciada en Farmacia pertenece al sector más independentista de Convergencia y sus sucesivas marcas y siempre ha sido una de las figuras leales a Puigdemont. En enero anunció su intención de abandonar la política para volver a trabajar en los laboratorios farmacéuticos en los que inició su vida laboral.

Este abogado de ERC fue consejero de Justicia de Puigdemont y tomó parte activa desde su cargo en la organización del referéndum ilegal. Por ello fue procesado por rebelión, sedición y malversación e ingresó en prisión en noviembre de 2017. Un mes más tarde salió en libertad tras pagar 100.000 euros. En enero anunció que renunciaba a su acta de diputado para regresar a su bufete de abogados.

Simó esta procesada por las decisiones que adoptó mientras era secretaria primera de la mesa del Parlament, en el momento en el que la Cámara catalana puso en marcha el proceso independentista. Esta destacada militante de ERC que tuvo puestos en el Govern de Pasqual Maragall no ingresó en prisión tras pagar una fianza de 25.000 euros. En diciembre de 2017 anunció que se retiraba de la política y no iría en las listas de ERC para las elecciones de ese mes.

Este abogado con una larga carrera en Convergencia formaba parte de la mesa del Parlament que activó las decisiones ilegales de la Cámara catalana. Está imputado por los delitos de prevaricación y desobediencia y por incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional. Evitó la cárcel tras pagar una fianza de 25.000 euros.

Barrufet tiene una larga carrera en el sindicalismo y el mundo de la enseñanza en Cataluña. Fue alcaldesa de la localidad leridana de Arbeca en las filas de Convergencia, partido con el que también consiguió ser elegida parlamentaria. Imputada por el Constitucional a consecuencia de sus decisiones cuando formaba parte de la mesa del Parlament tuvo que pagar 25.000 euros para evitar su entrada en prisión.

El antiguo alcalde de Besalú es un histórico de CDC, con una larga carrera como parlamentario. El juez Llarena la procesó por desobediencia a los mandatos del Constitucional y tuvo que depositar 25.000 euros para evitar la cárcel.

El caso de Joan Josep Nuet es especial. Procedente de las filas de Izquierda Unida, su militancia comunista finalizó en Catalunya en Comú-Podem. Era secretario de la mesa del Parlament cuando se adoptaron las decisiones que el Tribunal Constitucional consideró ilegales. Votó en contra de la declaración unilateral de independencia pero su apoyo a las normas ilegales de la Cámara le supusieron el procesamiento por parte del Alto Tribunal. Quedó en libertad a la espera de juicio.

El 'procés' está devorando a todos aquellos que en algún momento han tenido algo que ver con su funcionamiento. Estos son algunos de los casos más significativos de líderes nacionalistas catalanas a los que la realidad política ha atropellado y dejado en la cuneta.

Artur Mas, el delfín de Jordi Pujol, ha sido el hombre clave a la hora de poner en marcha el desafío independentista. Como president de la Generalitat activó la hoja de ruta que luego heredó Carles Puigdemont pero él ha tenido que ver los acontecimientos desde la orilla y no desde el timón del barco. Fue apartado del Gobierno después de que la CUP se negase a apoyarlo en 2016 . Los votos de esta formación eran indispensables para elegir al president, los dirigentes de JxSí -la alianza de CiU y ERC- acordaron entonces apartarle y proponer a Puigdemont, que sí contaba con la aquiescencia de la CUP. Desde entonces se retiró de la actividad política pública para participar en la refundación una Convergencia arrasada por los escándalos de corrupción. Además, fue procesado por la celebración del referéndum ilegal del 2014 y su vivienda está embargada para hacer frente a la fianza que le reclama el Tribunal de Cuentas. Una sentencia del Supremo le inhabilitó en 2017 para ejercer un cargo público durante dos años.

Francesc Homs fue el portavoz del Govern de Artur Mas pero en la actualidad está apartado de la vida política por la misma inhabilitación por la que fue condenado su jefe. Este político convergente ha realizado gran parte de su carrera en diversos puestos en la Generalitat. En marzo de 2017, cuando era diputado en el Congreso, la sentencia de inhabilitación del Supremo forzó que abandonase la Cámara. Este licenciado en Derecho intentó defenderse durante su procesamiento con la afirmación de que incumplió las directrices del Tribunal Constitucional porque «eran imposibles de entender».

Entre la lista de damnificados del proceso hay un grupo de personas que fueron apartados por el propio Puigdemont al entender que estaban siendo tibios y que les iba a temblar el pulso a la hora de poner en marcha las medidas ilegales del referéndum soberanista. Una de ellas fue Neus Munté, quien llegó a ser vicepresidenta de la Generalitat con Artur Mas y consejera de presidencia con Puigdemont hasta que fue cesada por este último. Su nombre ha sido barajado por el PdCat para presentarse a la alcaldía de Barcelona en las municipales del año que viene.

J0rdí Jané fue cesado de su puesto como consejero de Interior del Govern después de que se supiera que no estaba dispuesto a impartir órdenes ilegales a los Mossos ante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Su cargo lo heredó el ahora encarcelado Joaquín Forn. Este licenciado en Derecho tienen una larga trayectoria en Convergencia, partido por el que fue diputado en Madrid. En su etapa en el Congreso llegó a ser vicepresidente de la Cámara, fruto de los acuerdos de los convergentes con el partido socialista. Tras ser cesado ocupó un puesto de técnico en el departamento de Interior.

El polémico mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero se dedica ahora a tareas administrativas en el cuerpo policial catalán. Está imputado por sedición a consecuencia del papel de los policías autonómicos en el referéndum ilegal de octubre. Tiene una carrera policial vinculada a tareas de investigación criminal en diversas provincias catalanas hasta que asumió el mando de las comisarías de Barcelona. Consiguió el rango de comisario en 2013 y en 2017 ya fue nombrado máximo jefe de los Mossos. Una de las primeras decisiones del Gobierno central tras aplicar el 155 fue apartarle de su cargo.