'Efecto dominó'

Es una paradoja que raya en lo grotesco que el futuro de la legislatura parezca depender de la mayoría independentista del Parlamento catalán. Porque si esa mayoría logra investir un candidato 'limpio' -en sentido penal se entiende-, se levantaría el 155. Y si se levanta el 155, el PNV se avendría a votar unos Presupuestos Generales del Estado 'irresistibles', según anunció Javier Maroto, para que los jelkides se cuelguen nuevas medallas. Y si el PNV -junto con Ciudadanos- hace posible la aprobación de las Cuentas, el horizonte quedaría despejado para que Mariano Rajoy completara la legislatura y dispusiera del tiempo que el Partido Popular cree necesitar para recuperar la posición que los sondeos le están negando reiteradamente. Es decir, que se espera que el acuerdo entre los independentistas catalanes desencadene el 'efecto dominó' que saque a la legislatura de su actual estado de postración. Con ello, el Gobierno hace dramáticamente visible su dependencia de los nacionalistas por partida doble, si el PNV insiste en que con «155 no hay presupuestos», y que uno de ellos, el catalán, tiene a todos sus dirigentes procesados ni más ni menos que por rebelión, a reserva del futuro procesal de Puigdemont. Tiene su punto también que sea Ciudadanos el que haya comprometido su apoyo y que este quede pendiente de la carambola nacionalista. Todo muy raro, todo muy contradictorio, porque mientras tanto PP y Ciudadanos se cruzan mandobles, algunos de extremada agresividad.

El PSOE, a pesar de ser copatrocinador de la aplicación del 155 e incluso de jactarse de haber impedido una intervención más intensa, no quiere saber nada de los problemas por los que ahora atraviesa el Gobierno precisamente por hacer lo que acordó con los socialistas. Ni los cinco diputados al azar que sugería Maroto ni interlocución alguna para negociar unos presupuestos que con un Montoro rumboso podrán unir a los socialistas de todos los partidos que diría Hayek. Esto de que el Partido Socialista se preste a pactar con todo el mundo menos con el PP, que mantenga en el poder a gentes extravagantes y radicales que una democracia saludable debería aspirar a descatalogar, que trague con soberanistas, populistas antisistema, y agitadores investidos de cargo público, pero que ni se plantee hablar de presupuestos con el que todavía es el primer partido de España, es una seria patología que no es nueva pero que manifiesta toda su gravedad en estas circunstancias en que se ha roto la lógica bipartidista.

Ahora bien, la decisión de la Justicia alemana sobre la entrega de Puigdemont puede cambiar sustancialmente las previsiones de este 'efecto dominó'. La Justicia española puede renunciar a la entrega del expresidente de la Generalitat, pero esa no es una decisión cualquiera y abre difíciles perspectivas para la resistencia del cargo de rebelión en los demás procesados ante instancias internacionales, además de debilitar la posición global del Estado. La suerte judicial de Puigdemont en Alemania es algo más que un balón de oxígeno para el independentismo y no permite albergar ahora las expectativas de un pronto retorno a la normalidad que se asociaron a la convocatoria de elecciones mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Si la Justicia española no renuncia a la entrega, y el expresidente es entregado a España en plazo, un único cargo de malversación permitiría la operación, al menos propagandística, de replantear la candidatura de Puigdemont con una argumentación jurídica que capitalice la decisión del tribunal alemán. En cualquier caso, un pésimo dilema ante cuyas consecuencias, en un caso o en otro, ni Ciudadanos ni el Partido Socialista pueden desentenderse cuando comparten la autoría de una modalidad de aplicación del 155, es decir la convocatoria de elecciones en Cataluña que, a la vista está, han distorsionado la actuación de la Justicia española sobre personas que han tenido la oportunidad de renovar su mandato parlamentario. No deben preocuparse esos dos partidos por desgastar más al Gobierno. La dinámica de los acontecimientos les ahorra el esfuerzo. El independentismo intentará también poner en marcha un 'efecto dominó', pero de signo bien distinto al que podía esperar el Gobierno y ahí es donde los partidos que compartieron la decisión junto con el propio Ejecutivo deben renovar un acuerdo de Estado para enviar un claro mensaje de que al margen de la determinación de las responsabilidades penales, las responsabilidades políticas por lo que ha ocurrido en Cataluña persisten. Encaje o no en el tipo penal de rebelión, las instituciones democráticas y representativas de Cataluña fueron laminadas, la legalidad constitucional quebrada, los poderes de la Generalitat malversados para ponerlos al servicio de una causa sectaria e inconstitucional.

Que nadie se engañe. La Justicia sigue teniendo su papel en este conflicto. La aplicación de la leyes es una condición indispensable si se quiere recobrar la normalidad en Cataluña. Pero no haría falta insistir en que los jueces no son ni pueden ser los actores de la gestión política de esta crisis sin precedentes en cuarenta años de democracia. Pensar que el cuerpo electoral, la Unión Europea, los jueces o la respuesta en la calle de una parte significativa de la sociedad catalana podían resolver el problema sigue siendo un error de diagnóstico del que se derivan errores de tratamiento. Puigdemont o no será juzgado o, si lo es, no lo será por rebelión. Sería absurdo negar que es un giro que contraría gravemente la respuesta del Estado. Pero ni desmiente ni desacredita la necesidad de que se aplique la ley que es condición necesaria aunque no sea suficiente para rescatar a Cataluña y traerla de vuelta a la normalidad democrática.