Puigdemont propone suspender la declaración de independencia y pide dialogar

La primera señal de que no se tiraría de cabeza a la piscina y trataría de evitar dar un paso por completo irreversible se vio ya al filo de las seis de la tarde. A esa hora estaba previsto que comenzara su intervención ante la Cámara autonómica, pero en sus asientos, con aire de desconcierto, los diputados de Ciudadanos, el PSC, el PP y Catalunya Sí que es Pot seguían esperando su llegada. Hasta que se confirmó el rumor. Puigdemont había pedido un aplazamiento de al menos una hora. La razón: discrepancias con la CUP sobre el contenido de su pensadísima declaración.

El jefe del Ejecutivo catalán reconoció desde la tribuna de oradores que en los días transcurridos desde el 1 de octubre han sido «muchas» las personas del mundo económico, del político y del ámito internacional que se han dirigido a él. El último en hacerlo públicamente, a apenas unas horas para el inicio del pleno, fue el polaco Donald Tusk. Con un tono ciertamente empático en el que incluso le recordó que él también pertenece a una «minoría étnica» (la casubia), el presidente del Consejo Europeo le llamó a no anunciar una decisión que pudiera hacer el diálogo imposible.

La respuesta de la comunidad internacional a los acontecimientos vividos en las últimas semanas en España han sido, sin duda, clave para la decisión de Puigdemont de dejar de momento en el aire la prometida declaración unilateral de independencia. Probablemente, más incluso que la incesante salida de empresas que han decidido cambiar su domicilio social fuera de Cataluña, una medida que a corto plazo no tiene apenas impacto para las arcas de la comunidad autónoma pero que sí conlleva un coste reputacional que a la larga puede afectar a las inversiones.

Si de algo presumen en Junts pel Sí es de haber logrado que el mundo empiece a mirar con otros ojos a Cataluña y que crezca una cierta simpatía hacia la causa independentista, especialmente, después de que las imagenes de las cargas policiales contra quienes el 1 de octubre bloqueaban la entrada a los colegios electorales dieran la vuelta al planeta. Ese es un terreno conquistado que los independentistas no querían perder y corrían el riesgo de hacerlo si declaraban la independencia, amparándose en una votación que, como recordó la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, nadie en Europa ha reconocido como un referéndum válido.

No cabe esperar arbitraje. El Ejecutivo de Rajoy no la aceptará y tampoco ningún mandatario europeo se ha prestado a ello. Pero en Junts pel Sí creen que así ganan legitimidad. «Hemos declarado la independencia y suspedenmos (será por poco tiempo) sus efectos -argumentó el diputado Jordi Sendra- para que haya mediación y negociación. Y si no funciona haremos válida la declaración de hoy pero con más apoyo todavía en Europa y en el mundo».

En realidad, no hubo tal declaración formal de independencia por parte del Parlament como institución. En una nueva vuelta de tuerca de difícil apoyatura legal, el presidente de la Generalitat se limitó a decir en el pleno que asume «el mandato del pueblo» para que Cataluña «se convierta en un estado independiente en forma de república», pero la cámara no votó texto alguno, como, según cabe colegir, exige el artículo 4 de la ley del referéndum (por otro lado suspendida por el Tribunal Constitucional).

Lo que sí hubo, ya acabada la sesión, sin embargo, fue una escenificación de todos los diputados secesionistas en el auditorio del edificio que acoge al poder legislativo de Cataluña. Un acto en el que los parlamentarios de Junts pel Sí y de la formación anticapitalista estamparon se comprometieron con la República de Cataluña. Uno a uno estamparon su firma en un documento en el que como «representantes de Cataluña» -así se autodenominan- constituyen un Estado independiente, decretan la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República e instan al Gobierno a hacerlo posible.

La confusión sobre la trascendencia real de lo dicho y firmado era palpable en los propios miembros de la oposición. Ciudadanos insistió en que «en diferido o a posterori sigue siendo un golpe de Estado». Y algo similar apuntó Xavier García Albiol, portavoz del PP. El líder del PSC, Miquel Iceta insistió en tres idiomas en que no se puede «imponer una minoria a una mayoría» pero también advirtió a Puigdemont: «Usted no puede suspender una declaración que no ha hecho». Sólo el portavoz de Catalunya Sí que es Pot se felicitó porque Puigdemont abriera «una oportunidad al diálogo».

Las tres asociaciones de fiscales, no obstante, no parecieron tener dudas de que el presidente de la Generalitat consumó ayer un «golpe a Estado de Derecho y al régimen del libertades de todos los ciudadanos», según apuntaron en un comunicado conjunto. Y también el Gobierno cree que hay razones suficientes para actuar. Por lo pronto, Mariano Rajoy pidió a última hora de la tarde al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se reuniera con él en la Moncloa y convocó un Consejo de Ministros extraordinario para mañana a las nueve de la mañana.