La normalidad es votar

El cese de los principales responsables de la Generalitat y la asunción de sus funciones por parte del Gobierno de Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, recibió ayer una respuesta equívoca de boca de Carles Puigdemont que, en una comparecencia pública grabada, llamó a la «oposición democrática» frente al citado artículo. Entretanto, alguno de los consejeros cesados hacía ademán de continuar en su cargo, aunque la mayoría se mantenía en silencio. Las expresiones de acatamiento de los dos principales responsables de la Policía autonómica, Soler y Trapero, no fueron emuladas por el resto de los cesados. Pero a medida que transcurren las horas pueden acabar siendo irrelevantes los términos en que se pronuncien o no quienes han sido los máximos representantes institucionales de Junts pel Sí en la legislatura, agotada con la activación del 155. La eventual intención de hacer caso omiso al cese de los anteriores responsables de la Generalitat solo podría ser testimonial, puesto que no tendría posibilidad alguna de materializarse en el ejercicio de un poder que desde primera hora de ayer se encuentra en manos del Ejecutivo español. Es por otra parte evidente que los cesados han de pronunciarse con escrupuloso cuidado para evitar cualquier manifestación que pueda coincidir con actos propios o de sus anteriores subordinados susceptibles de considerarse delictivos. La única manera que el independentismo tiene de seguir las propias indicaciones de Puigdemont, de ofrecer una «oposición democrática» al 155, es concurrir a los comicios autonómicos convocados para el 21 de diciembre precisamente al amparo de ese artículo constitucional. La disolución del Parlamento catalán, que el presidente cesado de la Generalitat no quiso suscribir en el último momento, brinda a su partido y a los demás grupos secesionistas la oportunidad de volver a la legalidad y, en esa medida, al poder de las instituciones autonómicas. No cuentan con otra vía de acceso a la realización efectiva de sus postulados, como bien ha quedado demostrado con la aplicación del 155. Sería perpetuarse en el absurdo que ERC, el PDeCAT y la CUP se negaran a concurrir a los próximos comicios autonómicos como expresión de radical desavenencia, pretendiendo con ello deslegitimar el Parlamento resultante y la corrección impuesta a la vía independentista con la aplicación de la ley.

La efervescencia independentista ha tendido a depurar sus propias filas de visiones y personas que pudieran formular la mínima reflexión crítica al fondo y a la forma de su inercial proceder. El propio Puigdemont fue señalado como traidor durante las horas del jueves pasado en las que barajó la convocatoria anticipada de elecciones. Lo ocurrido en los dos últimos días debiera dar que pensar a todos los independentistas sin excepción, a todos sus dirigentes; en especial a quienes desde dentro de la Generalitat y desde fuera han adoptado las decisiones que acabaron desembocando en la intervención de la autonomía. Puede que muchos de ellos estén convencidos no ya de lo justo de su actuación, sino incluso de su corrección y oportunidad en términos de estrategia política. Pero es de esperar que haya personas capaces de preguntarse sobre si no se han cometido excesos, errores o fallas de percepción de la realidad; capaces de sugerir cambios notables en la conducción de la política independentista. Personas incluso capaces de advertir que la gran equivocación del independentismo ha sido desdeñar la pluralidad, como si se tratara de un estadio a superar a base de arrancadas secesionistas.