El Parlamento urge a Fomento a liberar la ronda sur de Logroño antes de tres años

El Parlamento de La Rioja invitó ayer al Gobierno central a dar los pasos necesarios para que la ronda sur de Logroño quede abierta al tráfico rodado antes de 2019, una medida que implica la liberalización de la AP-68 en los 28 kilómetros que discurren entre Arrúbal y Agoncillo. La cámara acordó esta medida a través de una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el grupo socialista que contó con el respaldo de Podemos y Ciudadanos. En cambio, los quince diputados del grupo popular votaron en contra de la iniciativa al entender que va a ser «materialmente imposible» ceñirse a los plazos recogidos en la misma.

Esos tiempos urgen a iniciar «de forma inmediata» los proyectos ya redactados de trazado y construcción de la futura ronda sur de Logroño, que nacerá de la liberalización de la autopista de peaje que comunica Zaragoza con Bilbao en el tramo Arrúbal-Navarrete. Así, el acuerdo parlamentario exige que este requisito no se demore «en ningún caso» más allá de 2017, para lo que reclama que se inicien «de forma inmediata» las negociaciones con la concesionaria (Avasa Autopistas-Vasco Aragonesa), cuya licencia se prorrogó hasta 2026 hace cinco años cuando ya había quedado liberada.

Además, el acuerdo plenario invita al Ministerio de Fomento a traducir su compromiso con esta infraestructura mediante la inclusión de partidas concretas en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para que los trabajos de la ronda sur estén finalizados «como muy tarde a finales de 2018».

El Partido Popular, a través de Pedro Sáez Rojo, se mostró escéptico con este calendario y planteó una moción para eliminar dichos plazos. «Quieren un cheque en blanco para seguir sin hacer nada», replicó el socialista Félix Caperos, que no aceptó la propuesta. Por su parte, el consejero de Fomento en el Gobierno riojano, Carlos Cuevas, subrayó que «lo ideal sería que los cuatro grupos nos pusiéramos de acuerdo, pero con unos plazos posibilistas».

Reprobación descartada

El pleno de ayer en el viejo convento de La Merced rompió con la tendencia de sesiones planas y marcadas por el consenso de las últimas fechas. Hubo verdaderos puntos de fricción entre los grupos y fueron varias las ocasiones en las que sus señorías se reconocieron ofendidos por comentarios llegados de las bancadas contrarias.

Uno de los asuntos que originó mayores discrepancias fue la petición del grupo socialista para reprobar a la directora general de Justicia, Cristina Maiso, y a la secretaria general técnica de Consejería, Elisa Torrecilla; por su gestión en el amueblamiento del nuevo Palacio de Justicia. Una solicitud que quedó relegada a una petición para que el consejero, Conrado Escobar, asuma responsabilidades sin especificarlas tras oponerse a la reprobación el grupo parlamentario de Ciudadanos.

Raúl Díaz (PSOE), que en la anterior sesión había calificado el proceso de licitación y adjudicación de los muebles para el nuevo edificio como «trama palaciega», ayer consideró a Maiso y Torrecilla como «cooperadoras necesarias», ya que «son las únicas que han formado parte de ella de principio a fin».

Aun coincidiendo en el fondo el reproche al modo en que se ha desarrollado el proceso de amueblamiento, Diego Ubis (Cs) se empleó con dureza frente a la propuesta, mostrando su temor a que la cámara se convierta «en la Casa de las Reprobaciones». Como alternativa, la formación naranja propuso que se cree una comisión de investigación parlamentaria sobre dicho proceso de contratación.

La portavoz del grupo popular, Concha Arruga, lamentó que Raúl Díaz hubiera «cuestionado la profesionalidad e independencia de los funcionarios que han participado en el proceso», mientras que el consejero de Justicia, Conrado Escobar, anunció que «el próximo 11 de noviembre estará completamente suministrado y amueblado el nuevo Palacio», cuya entrada en funcionamiento está prevista para el mes de diciembre.