La mitad de los 14 vascos ciegos por un producto tóxico piden al juez «una compensación justa»

A los nueve tratados en la red pública (ocho en el hospital Donostia y uno en el de Cruces), el Servicio Vasco de Salud les remitió en otoño pasado las propuestas económicas de compensación, con unas cuantías que oscilan entre los 12.000 y los 70.000 euros. Siete de ellos, al no estar conformes, ya han acudido a los tribunales para mejorar la cuantía. Las cantidades ofrecidas por Osakidetza son las previstas en el baremo de indemnización por accidentes de tráfico, que es la referencia utilizada en las demandas por negligencias médicas, aunque en el caso del Ala Octa no ha habido fallo de los facultativos. El cálculo lo ha realizado la Inspección Médica, un órgano sin dependencia jerárquica del Servicio Vasco de Salud, después de una evaluación clínica del daño generado a cada paciente.

La variación en las indemnizaciones se explica por la diferente situación de los afectados. A la hora de analizar un caso se tiene en cuenta la edad de la persona, si trabaja o está jubilada y las expectativas de vida. También se toma en consideración el daño causado. No es lo mismo perder toda la agudeza visual que parte de ella. También se considera la situación inicial, es decir, en qué estado se encontraba el ojo intervenido. Así, la cuantía más baja corresponde a un anciano y la más alta a un hombre de mediana edad que ha tenido que dejar su trabajo.

De los siete contenciosos ya en marcha, dos los lleva la abogada donostiarra Ana Olazabal. «Aunque ya están en los juzgados, he paralizado de momento ambos procedimientos para negociar mayores cantidades con Osakidetza y su aseguradora Zurich. Quiero evitar los juicios, pero si no llegamos a un acuerdo, no quedará más remedio que seguir adelante en los juzgados», dice Olazabal. Al igual que ella, otros dos letrados de San Sebastián siguen esta misma estrategia con dos clientes.

Cantabria, 150.000 euros

Por el contrario, el bufete bilbaíno Gómez Menchaca continúa con los contenciosos. Los letrados de este despacho han presentado ya informes periciales para reclamar «compensaciones más justas». Para argumentar esta afirmación se refieren a los 150.000 euros de indemnización propuestos por el Gobierno de Cantabria a una afectada. «No se puede explicar que a unas personas se aplique un baremo de tráfico de forma tan estricta, cuando no estamos ante un accidente», comentan.

¿Y los cuatro pacientes que se operaron en una clínica privada de San Sebastián? Su situación se presenta complicada porque no pueden reclamar a las Administraciones públicas que, en mayor o menor medida, parecen dispuestas a ahorrarles un calvario judicial. La abogada que lleva a dos de los afectados guipuzcoanos -prefiere no dar su nombre- explicó ayer a EL CORREO que aún no ha presentado demandas civiles.

«Trato de llegar a un acuerdo extrajudicial con la aseguradora de Ala Medics, una vez que el daño está admitido por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Tengo que medir mucho los pasos que doy porque la vía civil resulta más cara para los demandantes que la contenciosa», comenta. La letrada señala que la clínica donostiarra también tiene responsabilidad «desde el punto de vista de los derechos de los consumidores», en este caso unos pacientes a los que también pusieron el producto tóxico.