70.000 hogares vascos, sin calefacción este invierno

En Euskadi, las últimas estadísticas de INE apuntan a que son cerca de 70.000 los hogares vascos que no podrán encender la calefacción en la estación invernal que ya asoma su cara, es decir, el 7,7% de las familias (tres puntos por encima de la media nacional). A pesar de los indicios de recuperación económica, la cifra ha aumentado en solo un año en casi 3.700 viviendas.

De hecho, de todos los conceptos que según la última Encuesta de Condiciones de Vida sirven para medir la carencia material de las familias, uno de los que más ha crecido en los últimos cuatro años es precisamente el que se refiere a la imposibilidad de los hogares para mantener la casa caliente. En 2012, durante los años más duros de la recesión, las familias en esta tesitura eran el 4,2% del total, unas 37.300.

Sin comer carne ni pescado

Si no hubiese muerto, Rosa habría sido muy probablemente desahuciada en las próximas semanas; el propietario de la vivienda en la que residía había iniciado el proceso de desahucio al no cobrar el alquiler desde hacía más de un año. Porque obviamente, quienes sufren la miseria energética también se encuentran afectados por otras carencias básicas, como no tener recursos para pagar puntualmente la hipoteca o los recibos de luz y gas de la vivienda (lo que sucede a diario en el 4,6% de los hogares, unos 41.000) o no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días, una privación que es el pan de cada día para 25.000 familias (el 2,8% del total).

O no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, como la avería de la lavadora o una inesperada derrama en la comunidad, una soga al cuello que atenaza a los inquilinos de uno de cada cinco hogares (18,5%). Y por supuesto, no poder irse de vacaciones al menos una semana al año, un lujo inaccesible para el 20% de las familias vascas.

Un centenar de personas recordaron la mañana del martes a Rosa con velas en un acto celebrado frente al Ayuntamiento de Reus, mientras la clase política catalana carga con dureza contra la empresa Gas Natural Fenosa, que cortó el suministro energético a la anciana sin ni siquiera molestarse en averiguar las tremendas circunstancias que derivaron en el impago. La Generalitat ha anunciado que sancionará a la compañía gasista con una multa entre 10.000 y 100.000 euros si se demuestra que no cumplió los protocolos y que por tanto cortó la luz de la víctima sin cerciorarse de que estaba en situación de exclusión social.

Controles en Euskadi

En Euskadi, numerosas localidades, entre ellas las tres capitales, disponen de convenios con las empresas suministradores o cuentan con protocolos específicos dirigidos a detectar a tiempo las situaciones más graves y establecer ayudas para que, por ejemplo, una familia no se quede sin suministro eléctrico. De cara a blindar estas medidas de control, el Parlamento vasco pidió en mayo al Gobierno de Urkullu la elaboración de una estrategia integral contra la pobreza energética, que ya es uno de los temas pendientes para el nuevo Ejecutivo.

La medida se aprobaba con la única excepción de los representantes jeltzales, que se opusieron a la iniciativa parlamentaria alegando que, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, apenas quedaba tiempo para materializarla. Una patata caliente que, a un mes escaso de la llegada del invierno, quedará en manos del nuevo Gobierno que designe Iñigo Urkullu tras su investidura, la próxima semana.