El examen más difícil de Jessica y Pablo

Jessica y Pablo están acostumbrados a tener que sortear toda serie de dificultades para salir adelante. Pero cada vez que tienen que hacer frente a un escollo, sus fuerzas flaquean. Se nota que están cansados de demostrar que ellos valen lo mismo que sus compañeros, pero no van a dar su brazo a torcer. Están preparados para seguir luchando como el primer día. Estos dos estudiantes guipuzcoanos con una discapacidad motora del 95% han cursado hasta ahora formación profesional y han terminado las prácticas obligatorias, sorteando obstáculos legislativos. Pero todo hace indicar que el muro que les ha tocado sobrepasar esta vez va a truncar todos sus planes de futuro.

Son miles los alumnos de guipuzcoanos de Formación Profesional los que ya se estarán preparando para retomar sus estudios los próximos días. Los lápices y cuadernos ya están preparados. Pero Jessica y Pablo no podrán acompañar esta vez a sus compañeros. Sus ansias de seguir estudiando están siendo truncadas. Esta joven irundarra de 21 años ha conseguido la plaza para continuar estudiando un Grado Superior en Artes Gráficas «en lo que realmente ella es buena», recalca Juan Félix Martín, su padre. «Pero nos hemos encontrado con una sorpresa desagradable», continúa. Y es que según explica su progenitor, a Jessica no le ha concedido la ayuda de la tercera persona que necesita para que le acompañe en sus tareas diarias: «La necesita para ir al baño, para beber agua o para que la aseen. Es totalmente necesaria», subraya su padre.

Indignación y rabia son las palabras que mejor resumen el sentimiento que tiene en estos momentos la familia de Jessica. «Lo que le están haciendo desde Educación a mi hija es una discriminación en toda regla», alza la voz Martín. «Nos dicen que como tiene 21 años, a esa edad se acaba la ayuda para tener una persona de ayuda». Desde el Gobierno Vasco les han puesto varias propuestas encima de la mesa, pero ninguna de ellas les satisface: Realizar sus estudios online desde casa o sino acudir hasta al campus de la Universidad del País Vasco en Leioa a cursar algún título universitario.

«¿Por qué tienen que decidir ellos lo que tiene que cursar Jessica?», se pregunta con enfadado su padre. «Mi hija no quiere estudiar a distancia y estar encerrada todo el día en casa, lo que ella verdaderamente desea es relacionarse con sus compañeros y sentirse una más», prosigue. «Por su discapacidad ya suele estar bastante tiempo en casa». Aún así, la segunda variante que les han propuesto desde Educación les parece peor aún: «La universidad a la que debería ir está a 120 kilómetros de Irun. Que me expliquen cómo podemos hacer para que Jessica con una discapacidad de un 95% pueda acudir a clase todos los días. Es imposible que los podamos lograr», se queja Juan. «Le quieren cortar las alas y no parece justo sobre todo cuando nuestra hija vale y mucho».

Ayuda sí, plaza no

En el caso de Pablo a él sí le han concedido la ayuda de la tercera persona, pero se ha quedado sin sitio para estudiar. El 5% de las plazas que se reservan para personas con discapacidad en los centros de enseñanza han sido cubiertos donde él quiere estudiar. «El problema es que con la silla con la que se tiene que mover Pablo no puede ir a cualquier lugar a estudiar. Donde había pedido la plaza todos los servicios están bien equipados para personas que se encuentran en su situación», reconoce su madre Cristina. La única solución que le dieron fue que alguno de los estudiantes que habían conseguido la plaza, la rechazara y quedara vacante. Pero llegó el 1 de septiembre y esa hipótesis no se ha cumplido.

«Estamos muy desconsolados», subraya su madre cansada de tanto luchar. «No me parece justo que solo el 5% de las plazas estén reservadas para personas con discapacidades, creo que en algunos casos podrían hacer excepciones. No se puede medir con la misma vara a todos los estudiantes», subraya. La familia de Pablo se ha encontrado en un callejón sin salida. Pablo aún no ha cumplido los 18 años y no puede continuar estudiando. «No sabemos qué hacer, estamos muy decepcionados con el sistema. Si saben que las leyes están mal y son absurdas, ¿porqué no hacen nada para cambiarlas?. Es un sufrimiento añadido al que tenemos todos los días, pero seguimos en la lucha», enfatiza.

No es la primera vez que ambos se enfrentan al muro legal. En un reportaje publicado por este periódico en septiembre del año pasado, sus padres también denunciaron las complicaciones que tuvieron para hacer las prácticas obligatorias.

Los padres de Jessica y Pablo siempre han contado con una mano tendida para hacer frente a lo que ellos resumen como una «injusticia». En la trabajadora social de Elkartu, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Rosa Ugalde, han tenido un apoyo incondicional. «Las leyes hay que cambiarlas, no puede ser que haya vacíos legales en asuntos tan importantes como puede ser este».

Para Ugalde es el tema es más doloroso aún porque bajo su punto de vista tanto Jessica como Pablo «son más que capaces», subraya. Pero además hace hincapié en que «cada vez serán más las personas con discapacidad que puedan acudir a estudiar. No pueden quitarles el derecho a seguir estudiando».