Polémica por el depósito de las fianzas de los pisos en alquiler en el Gobierno vasco

La obligación de depositar las fianzas del alquiler en el organismo autonómico Bizilagun (el inquilino abonará una mensualidad si se trata de una vivienda y dos si es un local comercial) ha indignado a muchos caseros del País Vasco y ha sido acogida con escepticismo, en el mejor de los casos, por las agencias intermediarias; si bien éstas reconocen que este sistema existe en las comunidades de Madrid y Cataluña, y se aplica en Inglaterra y Alemania. «Llama la atención que, de todos los aspectos de la Ley de Vivienda, el primero que el Gobierno vasco reglamente sea éste», ironizó un agente de la propiedad, después de que el Ejecutivo de Urkullu anunciara el pasado martes la aprobación del decreto que regula las fianzas y obliga a registrar todos los arrendamientos del País Vasco en Bizilagun.

Un casero particular se dirigió ayer a EL CORREO para expresar su temor de que los trámites y los «problemas» se multipliquen en el negocio del alquiler al desplazar el depósito del inquilino desde el bolsillo del arrendatario a una cuenta administrada por una institución pública; sobre todo, cuando el propietario quiere reclamar ese dinero alegando desperfectos en el inmueble, recibos de luz impagados... O cuando el inquilino ha sido un perfecto caradura. «En mi caso -se lamentó el casero- un tipo se largó con las llaves, el frigorífico y los muebles. Sé de gente que se dedica a esto sin dar recibos, y ahora nos vienen con la fianza en Bizilagun. Si lo haces todo legalmente sales perjudicado».

Según explicó un agente de la propiedad, con el nuevo decreto vasco, el plazo para la recuperación de la fianza es de tres meses (la ley estatal de Arrendamientos Urbanos dice que se devengan intereses a partir de treinta días). Los escenarios para pedir el depósito a Bizigune son tres: un documento de acuerdo de las partes, declaración jurada del propietario o una demanda judicial. «Aquí está el intríngulis, porque las discrepancias entre casero e inquilino son moneda corriente», indica el profesional.

Todo el mundo coincidía ayer en que el requisito de dejar la fianza en un organismo público obedece al «afán recaudatorio» del Ejecutivo autónomo. Evidentemente, uno de los fines explicitados por el Gobierno vasco es obtener información «fiable» sobre el mercado del alquiler; información que puede compartir con las Haciendas forales.

Además, una parte de los depósitos que acumule Bizilagun podrá utilizarse para desarrollar programas de vivienda. ¿Cuál puede ser su cuantía? El Ejecutivo estima que sólo con las fianzas de los alquileres de vivienda (67.000 estarían afectados por el decreto) se podrían ingresar 50 millones; suma a la que habría que añadir la procedente del arrendamiento de locales comerciales.