Al notario se le atragantó el menú

Arratibel denunció en el Parlamento vasco que el Departamento de Educación había ignorado sus avisos sobre un reparto de mercado

david taberna

Jueves, 11 de febrero 2016, 21:04

Es probable que en el trabajo diario de un notario se amontonen los casos de herencias, compraventas, préstamos, capitulaciones matrimoniales o actas de divorcio. Más ... extraño debió de resultar aquel día 24 de mayo de 2011 cuando por la puerta de la notaría entró Joaquín Arratibel, que se presentó como administrador único de la empresa de catering Aibak, y quiso poner a prueba sus artes adivinatorias. Se sentó y predijo ante notario, «y de forma intuitiva», las empresas y el precio de los menús que iban a ser elegidos por el Gobierno vasco para alimentar a cerca de 91.000 alumnos de los colegios públicos que dependen de Educación. Arratibel entregó una tabla con siete nombres: Auzolagun, Cocina Central Magui, Goñi, Eurest, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica y Tamar Colectividades. A cada una le adjudicaba el lote que pensaba se iba a llevar y el precio máximo por menú, cocinado in situ, y transportado. La apuesta recibió el sello del notario. Aprobada la adjudicación, la predicción se cumplió. Cinco años después de aquella actuación que probablemente atragantó al notario por la extrañeza del caso, la Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado a aquellas siete empresas afortunadas -ocho después al sumarse Eurest Euskadi-, a una multa histórica de 18 millones por llevar repartiéndose durante diez años un megacontrato de 850 millones para servir los menús de los colegios públicos. Una actuación contra el libre mercado que ha provocado sobrecostes millonarios tanto a la Administración como a las familias y el conjunto de los contribuyentes vascos. Nada de eso ha podido ver Joaquín Arratibel. Falleció en abril del año pasado.

Este acta notarial, al que tuvo acceso este medio, fue una de las pruebas que el administrador único de la empresa de catering guipuzcoana Aibak entregó a la AVC hace dos años para reforzar su denuncia sobre la existencia de una especie de cártel, de terreno blindado, que le impedía acceder al mercado de los colegios públicos, pese a su larga experiencia como suministrador de comidas en centros privados de Gipuzkoa. Para el Ejecutivo vasco, en cambio, la cooperativa Auzolan era la única capaz de ofrecer ese servicio.

Lo cierto es que el acta notarial contenía una bala en la recámara, que Aibak presentó ante la AVC como un anexo tres meses después de la denuncia inicial. El reparto de lotes coincidió con el presagiado en el acta notarial. Y eso que el sistema había cambiado y pasado de 8 a 10 lotes. «Nuestras capacidades adivinatorias no alcanzan a descubrir semejantes datos. El motivo de esta predicción no es otro que somos conocedores de la existencia de acuerdos entre las empresas adjudicatarias del servicio», trasladó Aibak en su denuncia a Competencia, según la documentación que este periódico ha podido comprobar.

El recurso a las artes adivinatorias ante notario para denunciar posibles prácticas sospechosas no es tan inusual como puede parecer. Aibak utilizó un sistema que un año antes, en 2010, había empleado un aspirante a una plaza en el Tribunal de Cuentas. Antes de los exámenes, el opositor identificó ante notario los nombres de las 14 plazas que se iban a cubrir, alegando que alguien de dentro del Tribunal le había informado de que todas las vacantes tenían asignados ya propietario. Acertó 12 de los 14 aspirantes. Como a este opositor, la predicción de Aibak tampoco le sirvió de mucho. La resolución por la que la AVC impone los 18 millones de multa a las ocho empresas no hace referencia al anexo notarial, pero sí constituye un argumento de peso para intuir que desde 2003 algo ocurría en ese megacontrato del Ejecutivo vasco que tanto llamó la atención en la AVC cuando se puso la denuncia en 2014.

Aibak, en cambio, no pareció encontrar la misma receptividad cuando tocó la puerta del Gobierno vasco para denunciar un supuesto reparto de mercado que le impedía competir. En su petición de comparecencia ante el Parlamento vasco en noviembre de 2014, una vez se había abierto la investigación de la AVC, Arratibel defendió su presencia ante «la reiterada» negativa del Departamento de Educación a analizar las posibles anomalías en el sistema de contratación. «Tras reunirnos en diferentes legislaturas con la Consejería de Educación (que ha estado en manos de EA -Anjeles Iztueta y Tontxu Campos-, PSE -Isabel Celaá- y PNV -Cristina Uriarte-), nunca ha entrado a estudiar a fondo las irregularidades», lamentó el responsable de Aibak.

Sobrecostes

Y eso que no ahorró detalles. La firma subrayó que el «sobrecoste» del Departamento de Educación por el reparto de mercado «ha sido posible por el sistema de preselección existente desde el año 2000». Este sistema -denominado de homologación hasta 2011 y Acuerdo Marco a partir de entonces-, se divide en dos fases. En la primera, el Ejecutivo vasco realiza una preselección de las empresas del sector para concluir si cumplen las condiciones necesarias -sanitarias, económicas, capacidad...- para optar al concurso. Una vez aprobada esta auditoría, se aborda la segunda fase y las empresas seleccionadas presentan sus ofertas.

El denunciante que no pudo ver el resultado final

Joaquín Arratibel había perdido la esperanza. El administrador único de Aibak, cuya marca más reconocida es Divinus, ni siquiera sabía que existía una entidad que velara en Euskadi por la libre competencia. Un día en 2104, admitió meses después, leyó un artículo en este medio sobre la AVC y no se lo pensó dos veces presentó una denuncia con amplia documentación sobre un reparto de mercado histórico en el servicio de catering escolar dependientes del Gobierno vasco que le impedía, año tras año, presentarse a la puja. Esa documentación ha provocado la mayor multa puesta por la AVC en Euskadi y un cambio en las reglas de selección de las empresas. Por primera vez, Aibak ha recibido el OK para presentarse. Arratibel, en cambio, nunca pudo conocer la trascendencia de su denuncia. Falleció en abril de 2015.

Según denunció Aibak al Parlamento vasco, «la citada auditoría dejaba sistemáticamente fuera de la licitación, desde el año 2000, a cualquier empresa que no sea una de las siete expedientadas (...), lo que les ha permitido en todos estos años alcanzar acuerdos para repartirse el mercado en las mejores condiciones para ellas y en detrimento de los intereses públicos». Ya en sede parlamentaria, Joaquín Arratibel denunció que el laboratorio contratado por el Gobierno vasco hacía además labores de asesoramiento para algunas de las firmas que siempre ganaban. No fue su única acusación. Recordó, presentando las mismas pruebas ante la AVC de las que ya se hizo eco este periódico hace año y medio, que la falta de competencia provocaba que el precio del menú público a cargo del Gobierno vasco era un 36% más alto que en el sector privado, donde la competencia es mucho mayor.

En esa comparecencia parlamentaria, ningún responsable de PNV, PSE y EA se dio por aludido. Probablemente la multa de 18 millones de euros de Competencia les haya llamado ahora más la atención.