¿Se ha acabado el 'fracking' en Euskadi?

¿Se ha acabado el 'fracking' en Euskadi? Mucha gente se lo pregunta estos días tras producirse el enésimo encontronazo político en torno a un tema que parecía finiquitado desde comienzos del verano, cuando el Parlamento autonómico aprobó una ley antifractura hidráulica. Cinco meses después de aquel acuerdo sigue siendo difícil dar una respuesta definitiva. Parece que las controvertidas perforaciones quedan más lejos que nunca, pero el tema acumula aristas sin limar. La última ha surgido esta misma semana con el anuncio de que el Gobierno vasco paralizará en 2016 los proyectos que promueve en Álava y el norte de Burgos. Algunos han presentado el paso como el punto final a una de las mayores polémicas sociales desatadas en el territorio durante los últimos años, aunque lo cierto es que no queda tan claro.

Para empezar, la decisión de Lakua no confirma totalmente que el 'fracking' se vaya a detener en Euskadi porque el Ejecutivo autonómico trabaja en los proyectos 'Gran Enara' (Álava) y 'Angosto-1' (Burgos) aliado con varias petroleras. Tiene el 44% de las acciones así que, aunque parece complicado, las empresas podrían seguir sin el apoyo institucional. Abandonar obligará al Gobierno vasco, eso sí, a pagar indemnizaciones por incumplir su parte de los contratos firmados a comienzos de siglo. Perderá además lo invertido hasta ahora nunca se ha aclarado cuánto y el derecho de investigación exclusivo que mantiene desde hace una década.

En ese sentido precisamente, si el Gobierno central decidiera recurrir la actual norma antifracking vasca y se lo está pensando, el veto legal actual se han elevado al máximo las trabas medioambientales a cualquiera que quiera perforar desaparecería. Se volvería al escenario anterior, a abrir la puerta a los interesados en la perforación hidráulica, pero con un importante cambio: las concesiones que lidera el Gobierno vasco para estudiar los terrenos más "golosos" caducan en 2017. A partir de ahí cualquier promotor privado podría lanzarse libremente a pedir permisos y buscar gas. Que aparezca entonces un yacimiento en el subsuelo de Euskadi, sin que la Administración pueda "controlar" y gestionar su millonaria explotación, es uno de los mayores temores del Gabinete Urkullu.

En todo caso, desentrañar del todo el enredo que vive la fractura hidráulica ahora mismo en Euskadi requiere echar la vista atrás e ir avanzando poco a poco desde el pasado julio. A los pocos días de la entrada en vigor de la ley antifracking, el Gobierno central anunció su impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC). Considera que la norma, por restrictiva, invade competencias de Madrid. Si el TC aceptara esta tesis la ley quedaría suspendida, pero aún no se sabe nada porque de momento ni siquiera hay recurso: Madrid y Vitoria tienen seis meses para intentar alcanzar un acuerdo "amistoso" que evite la vía judicial, y en esas siguen desde septiembre.

'Sustraia', 'Lore', 'Landarre'...

A la espera de que la norma llegue a los tribunales, o no, el Gobierno vasco comenzó a tomar posiciones el mes pasado. A avivar el lío más bien. Por un lado mostró su disposición a defender "hasta el final" la ley antifracking en las conversaciones que mantiene con Madrid, y por otro anunció que quería seguir con los trámites previos del proyecto de fractura hidráulica que promueve en Euskadi. Dicho de otro modo, su idea era seguir adelante con los análisis de terreno hasta que tocara perforar. Hasta "chocar" con la nueva ley. "Si tenemos un yacimiento, hay que saberlo. Ya veremos cómo lo sacamos después", defienden aún las fuentes consultadas.

Con la oposición y los colectivos antifracking criticando la "doble moral" del Gobierno vasco, y los expertos de la Administración reclamando internamente al Ejecutivo que no se desvincule de la búsqueda de gas en el subsuelo de Álava, donde se intuye una reserva energética que podría abastecer a toda España durante seis años, ha llegado esta semana. El PSE, curiosamente el partido que habló por primera vez de buscar gas perforando el subsuelo cuando Patxi López era lehendakari, anunció que se "cerraban las puertas" a la fractura hidráulica por sus inciertos efectos medioambientales. Es una de las condiciones que los socialistas le han puesto al PNV para apoyar los presupuestos de 2016 y el Gobierno vasco lo ha asumido sin rechistar: ya ha procedido a eliminar de las cuentas la alusión a los planes de Álava y Burgos. Un giro de 180 grados sin que medie explicación científica, legal o, al menos, política.

¿Y qué va a pasar ahora? Pues depende de quién responda. El PSE insiste en que sí, que el "fracking" se ha acabado en Euskadi, pero EH Bildu dice lo contrario. Que Lakua sigue jugando "con dos barajas". Lo único que parece confirmado es que el Gobierno autonómico dejará el año que viene sin financiación los proyectos de fractura que tiene en marcha, pero nada más. En unos meses, además de conocer las denuncias que recibe el Gabinete Urkullu y el dinero que podría gastar en indemnizaciones, también debería aclararse si la renuncia de la Administración se extenderá a "Sustraia", "Lore", "Landarre" y "Lurra". Son proyectos de perforación que también requerirían aplicar fractura hidráulica. Aún no han arrancado pero ahí están. Vitoria tiene solicitado desde hace tiempo al Ministerio de Medio Ambiente una concesión que le permitiría analizar 142.000 hectáreas repartidas por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero aún no hay respuesta. A esto, tampoco.