Las ayudas de emergencia se extenderán a las familias con patrimonio, pero sin liquidez

El Parlamento vasco aprobó ayer una proposición no de ley para que los alcaldes puedan conceder ayudas de emergencia social (AES) a personas en apuros que, si bien tienen patrimonio, no les sirve de nada porque no consiguen venderlo y carecen de dinero para afrontar las necesidades básicas. La reforma fue pactada por PSE, PNV y EH Bildu, y contó con el apoyo de UPyD, mientras que el PP se abstuvo alegando que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales está haciendo oídos sordos a que la misma reforma se haga también con la renta de garantía de ingresos (RGI).

No obstante, la modificación de los criterios de las AES tendrá que esperar. Según confirmaron fuentes de la consejería de Ángel Toña, se plasmará en un decreto que no entrará en vigor hasta 2016. El objetivo de esa normativa será, en concordancia con lo aprobado ayer por la Cámara de Vitoria, que las ayudas de emergencia lleguen a las personas amenazadas de exclusión que no cuentan con liquidez para atender gastos específicos», así como «nuevas situaciones de pobreza no cubiertas».

Las AES, a diferencia de la RGI, no son un derecho ni tampoco una prestación regular, sino un dinero que se otorga teóricamente con carácter excepcional. Fue concebido para ayudar a personas con problemas concretos, como pago de facturas, de averías, etc., pero en la práctica se está usando muchas veces para afrontar regularmente deudas de alquiler y de hipotecas.

Para tener acceso a esas ayudas no se puede ganar más del 150% de la RGI (es decir, el tope serían unos 900 euros para una persona sola); ni tampoco se puede tener un patrimonio superior a 29.500 euros. Este último criterio hace que muchas personas que tienen que afrontar un pago imprevisto y que no cumplen los requisitos de la RGI se quedan también sin las AES porque tienen bienes oficialmente tasados por encima del límite legal, aunque no sean enajenables (una finca en el pueblo, una herencia compartida con familiares, una lonja, etc.).

Este problema ya fue denunciado cuando el Gobierno de Patxi López endureció los requisitos de las AES y recortó la RGI un 7% a fin de que el presupuesto no se disparara. Ahora, el Ejecutivo de Urkullu lo va a abordar a instancias del PSE y en vísperas de las elecciones municipales de mayo (las AES las reparten los alcaldes, que siempre se quejan de que esa partida no es suficiente).

Tras el acuerdo de ayer en la Cámara vasca, PSE, PNV, EH Bildu y UPyD se felicitaron por los cambios. Sólo se desmarcó el parlamentario del PP Javier Maroto, a la sazón alcalde de Vitoria, quien defendió que los nuevos criterios sobre la falta de liquidez para otorgar subsidios deberían aplicarse, no en el decreto de la AES, sino en la ley de garantía de ingresos, que regula esa prestación y la RGI.