El delegado de Vivienda de Madrazo, condenado a pagar medio millón de euros

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de España ha desestimado el último recurso interpuesto por Txema Gonzalo, delegado territorial de Vivienda del Gobierno vasco durante la época de Javier Madrazo como consejero. Los magistrados ratifican punto por punto y hacen firme la sentencia dictada por esta misma institución en mayo de 2016, que condenó al ex alto cargo de Ezker Batua (EB) a reintegrar a las arcas de la Administración vasca 507.748 euros como «responsable directo» del quebranto económico ocasionado durante el proceso de liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana, en Bilbao. Además, condena a Jon A., colaborador de Alonso, como «responsable contable subsidiario».

La resolución del Tribunal de Cuentas de España, a la que ha tenido acceso este periódico, es la vertiente contable de un caso que ya ha sido juzgado a nivel penal en la Audiencia Provincial de Bizkaia y en el Tribunal Supremo. Esta última instancia judicial desestimó hace apenas dos meses el recurso de Gonzalo contra la sentencia del tribunal vizcaíno, que condenó al exdirigente de EB a cuatro años y medio de cárcel por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Todos los jueces que han tratado este asunto han considerado probado que Gonzalo cometió graves irregularidades entre febrero de 2006 y septiembre de 2009, cuando fue nombrado para dirigir el proceso de liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana. Gonzalo, según estas resoluciones, «benefició a personas y asociaciones de su entorno» durante la gestión de un patrimonio que «tenía que haber retornado al erario público».

Como ya hicieron los magistrados del Supremo, los jueces del Tribunal de Cuentas han rechazado todos sus argumentos. Una de sus principales líneas de defensa era que el patrimonio de la Cámara de la Propiedad no era público y, por tanto, no tenía que dar explicaciones sobre su uso. En este caso, al Tribunal vasco de Cuentas.

Los jueces, sin embargo, han rechazado sus alegaciones también la de que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y han consideran probado que «actuó al margen de sus competencias». Entre las numerosas irregularidades que le achacan figuran la contratación de seis personas a cargo de una entidad que estaba en proceso de disolución y los gastos de 1,8 millones de euros en «amueblar» y «rehabilitar» un edificio que quedaría vacío y para el que no había aún un proyecto de futuro. También destacan los más de 400.000 euros que destinó a la Aukeratu, una sociedad que administraba el propio afiliado de EB.