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óscar b. de otálora
Miércoles, 15 de febrero 2017, 12:26
El caso de la senadora alavesa de Podemos Elvira García, desahuciada por orden judicial de una vivienda social del Gobierno vasco por no pagar quince mensualidades de 200 euros pese a tener un sueldo mensual de casi 6.000 euros tal y como desveló ELCORREO.COM, ha abierto una brecha entre el partido de los círculos y Stop Deshaucios, una de las plataformas con las que la formación que dirige Pablo Iglesias ha mantenido una relación preferencial desde su creación. Stop Deshaucios de Álava, en este sentido, ha criticado duramente el comportamiento de la senadora y le ha reprochado que mantenga una deuda de 3.000 euros «teniendo medios suficientes para cancelarla».
En opinión del colectivo social, «no es comprensible» que alguien que ha firmado «un código ético de moralidad y transparencia haya acumulado tantos meses de impago, y aceptado que su caso llegara a los tribunales, teniendo medios suficientes para cancelar la deuda de 3.000 euros». Para Stop Deshaucios, no es aceptable que Elvira García no comunicase a Alokabide -la entidad del Gobierno vasco que gestiona las viviendas sociales de alquiler- que había conseguido un cargo como senadora, lo que hubiera supuesto el retirarle esta medida, ya que su salario supera el máximo con el que se puede tener acceso a este tipo de domicilio. «(La senadora) debió comunicar su nueva situación económica a Alokabide y dejar para personas realmente necesitadas la vivienda social que ocupaba», critican desde el movimiento.
De la misma manera, Stop Desahucios de Álava ha rechazado las explicación que Elvira García ofreció sobre el caso -por medio de los portavoces de Podemos en el Senado, ya que todavía no ha comparecido en público- . Según los responsables del partido de los círculos, la representante en la Cámara alta se vio afectada por una «dura separación» que le impidió tomar una decisión sobre la vivienda. Para Stop Desahucios, su argumento «ni explica ni justifica un comportamiento que perjudica» al movimiento que «lucha para que Alokabide no desahucie por impago a deudores de buena fe, que son la inmensa mayoría».
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