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ALBA CÁRCAMO
Domingo, 17 de julio 2016, 02:01
La inclusión el viernes de Iñigo Cabacas en un listado del Gobierno vasco que recoge a víctimas «del terrorismo o cualquier forma de violencia de pretexto político» ha hecho saltar las alarmas en los sindicatos de la Ertzaintza. El joven falleció en Bilbao en abril de 2012, días después de recibir el impacto de una pelota de goma en el marco de una operación de la Policía autónoma. El caso todavía está en fase de instrucción judicial, por lo que los representantes de los trabajadores no podían esconder ayer su enfado por el «insulto» que supone para ellos que la propia Administración autonómica les equipare «a terroristas» o dé por hecho la «culpabilidad» de los uniformados.
Erne, central mayoritaria, consideró «una irresponsabilidad» que el Gobierno vasco «acuse directamente a la Ertzaintza de un abuso», cuando la Administración «nos abandonó cuando éramos verdaderas víctimas de ETA y nunca nos ha recompensado ni pedido perdón». Exigieron además la «dimisión» de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. «No consentimos argumentaron que el mismo Gobierno nos acuse, sin dignidad, de su inacción y trate de condenarnos».
Desde Esan remitirán «una queja oficial» al Ejecutivo de Iñigo Urkullu por la decisión de mencionar al joven bilbaíno en los Retratos municipales de las Vulneraciones del Derecho a la Vida. Ese proyecto, impulsado por la Secretaría de Paz y Convivencia, se remitió a los ayuntamientos vascos para que realicen homenajes a los vecinos de su municipio que fueron asesinados por ETA, GAL, otros grupos de extrema derecha y fuerzas policiales. Para el sindicato, el anuncio del viernes supone «tildar a los ertzainas de terroristas». Fuentes de la central aseguraron que el fallecimiento de Cabacas fue «lamentable» y una «desgracia», pero creen que deben ser los jueces los que determinen lo ocurrido y establezcan «responsabilidades». Tomar decisiones antes de eso, en su opinión, supone «una falta de respeto» a los agentes.
«Resarcir a la familia»
En la misma línea, Sipe mostró su «sorpresa» porque «se le encuadra entre víctimas de abusos policiales». De esta manera, consideraron que la incorporación de Cabacas a esta lista «solo puede ser entendida como un claro insulto por parte del Gobierno vasco», que a su juicio tiene «el afán de poner a parte de la sociedad en contra de la Ertzaintza». La medida, en todo caso, creen que tiene «claros tintes electoralistas», en alusión a la cercanía de los comicios autonómicos vascos, previstos para octubre.
Euspel, sin embargo, no sabe «a qué viene» esa decisión. «Es demasiado atrevido, sobre todo que lo haga el Gobierno vasco», afearon antes de clamar que el Ejecutivo autónomo «no puede seguir criminalizando a la Ertzaintza». Eso sí, igual que el resto de sindicatos se mostraron partidarios de «resarcir a la familia», pero de otra forma.
El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, salió ayer al paso de las críticas y precisó que los retratos no reconocen a las víctimas, sino que son bases de datos a disposición de los ayuntamientos. «Es necesario incorporar el factor humano para entender que la familia Cabacas debe sentirse incluida y no excluida», subrayó.
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