Condenan a 4 años y medio de cárcel al exdelegado de Vivienda de Javier Madrazo por malversación

Se trata de una de las sentencias más duras que recae sobre un cargo político del País Vasco en el ejercicio de sus funciones. El fallo, al que ha tenido acceso EL CORREO y que es recurrible ante el Tribunal Supremo, ha condenado únicamente a Txema Gonzalo, pero ha permitido sacar a la luz toda una red de complicidades de carácter personal, político y económico que se fueron tejiendo al calor del proceso de liquidación de la Cámara. «Nos hallamos ante una sucesión de actos arbitrarios, en tanto contrarios a Derecho y sin fundamentación jurídica alguna salvo la voluntad del encausado, que favoreció a personas o asociaciones de su entorno aprovechando que tuvo en sus manos la liquidación de un patrimonio no escaso, que debía revertir al erario público», subraya la magistrada Elsa Pisonero del Pozo en uno de los párrafos más contundentes de la sentencia.

Las numerosas irregularidades cometidas en la Cámara de la Propiedad no se conocieron en toda su profundidad hasta 2012, cuando el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) realizó a petición del PP una auditoría sobre el proceso de liquidación de la entidad. Txema Gonzalo, un destacado militante de Ezker Batua (EB), asumió en 2009 el papel de liquidador de la Cámara de Bizkaia por orden del exconsejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo. Su función debía limitarse a realizar las gestiones oportunas para que el patrimonio del organismo pasase directamente a engrosar las arcas de la Hacienda vasca. Los auditores calcularon que la «estricta liquidación» de la entidad debería haber supuesto un desembolso de 1,7 millones de euros. Sin embargo, se gastaron 4,3 millones de euros, 2,6 millones más de los que eran necesarios.

«No era un advenedizo»

Este informe del TVCP fue una de las principales bases que utilizó la Fiscalía para iniciar el proceso judicial, en el que el Gobierno vasco ha asumido el papel de acusación particular. La sentencia recoge, punto por punto, las diversas irregularidades cometidas por Gonzalo «al margen de las competencias conferidas». Durante su gestión se realizaron seis contrataciones sin respetar las normas de la función pública y se aprobaron «multitud de gastos e inversiones» ajenos a la Cámara. Entre ellos, los 1,8 millones de euros desembolsados para «rehabilitar» y «amueblar» la sede del organismo de la calle Henao de Bilbao sin que el Gobierno vasco «hubiera acordado un destino concreto» para el emblemático edificio. Las obras, en las que se gastaron miles de euros en tiendas de decoración, deberían haberse limitado a «conservar y mantener» un edificio cuyo destino final «se desconocía».

También destacan los 420.000 euros que destinó a Aukeratu, una asociación que administraba el propio Gonzalo y que fue creada para gestionar el servicio Berdindu de atención a homosexuales. Además, menciona el convenio suscrito para financiar la película de temática gay Ander, un viaje a un festival de cine a Montevideo y la contratación de una agencia de detectives.

Con el dinero de la Cámara también se pagaron los gastos generados por J. García Casal, un amigo uruguayo de Gonzalo al que invitó a venir a Euskadi a trabajar en Aukeratu, durante su estancia en un piso de protección oficial de la capital vizcaína. También rehabilitaron una vivienda del edificio de la Cámara y pagaron 28.000 euros en muebles -que han desaparecido- «para que fuera a vivir allí» Serafín Llamas, ex mano derecha de Madrazo en Ezker Batua, porque se acababa de separar de su pareja sentimental.

El fiscal recalcó durante su exposición final en la vista pública que las actuaciones de Gonzalo estuvieron caracterizadas por la «arbitrariedad», el «capricho» y el «personalismo». El tribunal concluye ahora que resulta «palmario» que el exmilitante de EB actuó de forma «arbitraria» al «margen del ordenamiento jurídico» y recuerda, además, que el acusado no era «precisamente un advenedizo en la función pública, ni en el ámbito político».

Los magistrados han tumbado el principal argumento esgrimido por Gonzalo. Su defensa, dirigida por Javier Beramendi, insistía en que no podía existir la malversación de caudales ni la prevaricación porque, a su juicio, los fondos que gestionó eran privados. Sin embargo, la Audiencia concluye que esta afirmación «no se sostiene» porque su designación se hizo «precisamente por ser funcionario público» y para liquidar un patrimonio que debía engrosar las arcas de la Administración.