La cúpula de Batasuna reconoce su colaboración con ETA para no ir a la cárcel

El juicio, que comenzó el pasado diciembre con casi un año de retraso tras la detención de tres abogados de los acusados en la operación 'Mate' contra el frente de cárceles de ETA, ha finalizado de esta forma antes de lo previsto. Entre los acusados, figura el histórico dirigente de Batasuna Pernando Barrena, la exalcaldesa de Mondragón Inocencia Galpasoro o la exdiputada Karmele Berasategui, que han sido condenados a un año y ocho meses de prisión; o la exdiputada de PCTV Nekane Erauskin, a quien se ha impuesto año y medio de cárcel.

El acuerdo establece que los 35 acusados que lo suscriben están conformes con el mismo «reconociendo su participación, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado». Para rebajar las penas de cárcel que reclamaba la Fiscalía -10 años de cárcel para todos ellos- se ha tenido en cuenta el tiempo que algunos de ellos han cumplido por estos hechos en prisión preventiva, han explicado fuentes del Ministerio Público.

Sumisión

El fiscal subrayaba en su escrito la «sumisión» de las formaciones PCTV y ANV a las directrices marcadas por la entonces ya ilegalizada Batasuna. Ahora, los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones que ejercen las víctimas en el que -según éstas últimas- reconocen los hechos y su calificación como delito de integración en organización terrorista.

Por ello, aceptan condenas de entre año y medio y dos años de prisión, así como la inhabilitación para cargo publico en cualquier nivel de la administración, lo que implica que ninguno de ellos deberá entrar en prisión. Las víctimas han dado el visto bueno al acuerdo gracias a que los acusados han firmado un escrito que se incorpora como hecho probado en la sentencia en el que reconocen que su conducta «fue contraria a las leyes del Estado» y «se comprometen a la renuncia de cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia». Ese reconocimiento quiere contribuir «a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento que se les ha causado», según la AVT y Dignidad y Justicia, que afirman que han aceptado el acuerdo «velando siempre por el mejor interés» de los afectados por el terror.

También ha influido en el acuerdo y la fijación de las penas la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en junio de 2015 en el caso de las herriko tabernas, en el que se impusieron condenas en ocasiones inferiores a las pactadas. Las mismas fuentes tecuerdan las víctimas que el artículo 579 bis incluido el año pasado en el Código Penal admite la atenuación de la pena a quienes hayan abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y colaboren con las autoridades, y también en el caso de que el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.