Mayor seguridad, mejores derechos

La introducción de la prisión permanente revisable para casos de extraordinaria gravedad, como el asesinato terrorista, o el que se acompaña de delitos sexuales, entre otros supuestos, nos sitúa en la misma línea que países de intachable condición democrática, como Francia, Alemania o Reino Unido, y ya fue avalada tanto por el Consejo de Estado como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al establecer la revisión de la pena, se garantiza que el fin de reinserción social de las penas privativas de libertad que les asigna el artículo 25.2 de nuestra Constitución se cumple efectivamente, y que si no es así, porque no se ha producido un cambio real en la actitud del condenado, éste no agredirá de nuevo a la sociedad. No volveremos a asistir al espectáculo denigrante de algunos terroristas orgullosos de sus crímenes saliendo de prisión, o de violadores en serie que a las pocas semanas se cobran una nueva víctima. Este Código Penal es particularmente cuidadoso a la hora de proteger a colectivos vulnerables, como las víctimas del terrorismo, las mujeres, las víctimas de la trata de seres humanos, los menores, las personas con discapacidad, los extranjeros y todas las minorías. También dota de más seguridad a los titulares y cesionarios de los derechos de propiedad intelectual, agricultores y ganaderos, comerciantes, y profesionales de la sanidad y la educación. Asimismo, se castiga con mayor dureza el maltrato o abandono de animales y la destrucción del patrimonio verde, empezando por los incendios forestales.

Por último, se incluye una revisión completa de los delitos vinculados con la corrupción, ya sea pública o privada, no dejando margen de impunidad para aquel que trate de lucrarse con bienes ajenos. Una responsabilidad que se amplía a las personas jurídicas, lo cual va a inducir el desarrollo de mecanismos de prevención del delito en las empresas, y un control férreo de los aspectos económico-financieros de partidos políticos y sindicatos.

Otro efecto de esta reforma -que además se complementa con los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el nuevo Estatuto de la Víctima- es que agilizará los juzgados de lo penal, gracias a la desaparición de las faltas, que ahora suponen la mitad de los asuntos que se ven en ellos.

En resumen, estamos ante un Código Penal que se adapta a la realidad social y económica en que nos desenvolvemos, responde a fenómenos que generan una especial inquietud, y ofrece soluciones ajustadas a nuestra Constitución y a las normas internacionales que nos vinculan, mostrando proporcionalidad con los delitos leves y reservando la severidad para los graves.

Una pieza más del conjunto de reformas que este Gobierno está llevando a cabo para articular nuestro compromiso con una justicia ágil y cercana al ciudadano.