El Gobierno aprueba la ley de Seguridad Nacional e insiste en que no tocará «derechos ni libertades»

Entre las modificaciones que incorpora la ley destaca su cambio de rango, ya que no se tramitará como ley orgánica, como se planteó en un principio, sino como ordinaria porque, ha reiterado, no tendrá consecuencias para "los derechos fundamentales y las libertades públicas".

La ley, que regulará los estados de alarma y excepción para hacer frente a riesgos y amenazas, define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

En este sentido, la ley contempla la declaración de los denominados estados de alarma y excepción y establece medidas de coordinación entre las administraciones públicas, una cuestión clave para tomar decisiones ante determinadas circunstancias de interés para la seguridad nacional.

Esta declaración corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno y podrá adoptarse ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración pero que, especifica, no sea tan grave como para aplicar la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, de 1981.

Notificaciones electrónicas

Asimismo, el Gobierno ha aprobado un real decreto para introducir un tablón edictal único en junio por el que todas las notificaciones de las distintas administraciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y podrán ser consultadas por los ciudadanos a partir del 1 de junio. Una medida que busca, según ha destacado, facilitar una comunicación más fluida e instantánea entre la administración y los ciudadanos.

Según ha señalado la vicepresidenta, actualmente las notificaciones se efectúan por vía postal con un coste medio de 2,5 euros. En caso de que el ciudadano no esté en su domicilio y no reciba la notificación, las administraciones tienen obligación de volver a entregársela en un horario distinto y, si tampoco pueden hacérsela llegar, se publica en el tablón oficial correspondiente. Una situación que, ha lamentado, hace "muy difícil" el conocimiento de las notificaciones, especialmente si la publicación se produce en un lugar distinto al de su residencia.

Para complementar dicha reforma se pondrá en marcha el 'BOE a la carta', un sistema de alertas a través del que el ciudadano podrá consultar la normativa en vigor de una materia determinada notificando una dirección de correo electrónico o su DNI.