Dos décadas de 'caja B'

El 13 de abril de 1990 compareció ante el juez de Valencia Rosendo Naseiro, detenido días antes en su casa de Alicante. Pálido, ojeroso y visiblemente agotado, como muestran las fotos del momento, el tesorero del PP desde 1987 quedó en libertad provisional tras permanecer incomunicado en prisión por un presunto delito de cohecho. En su declaración, de más de nueve horas, dio toda clase de detalles sobre la financiación del partido.

En pleno escándalo Filesa azotando al Gobierno socialista, el denominado 'caso Naseiro' irrumpió como contrapeso en un país que cada mañana se levantaba abrasado por las portadas de corrupción. A ambas causas les unía un nexo: se investigaba la contabilidad opaca; los donativos de empresas para financiar en negro las actividades de las dos opciones políticas mayoritarias entonces y aún hoy en día.

Pocos antes de la detención de su tesorero, Manuel Fraga había cedido el testigo de la presidencia del PP a José María Aznar, quien encargó a Alberto Ruiz-Gallardón una investigación interna para «llegar hasta el final» sobre el 'caso Naseiro'. El ahora exministro de Justicia certificó que había quedado acreditada la disposición de algunos implicados a solicitar donaciones a empresas «beneficiadas por adjudicaciones». El sistema, dijo, no suponía una forma «permanente de financiación» pues eran hechos aislados que surgían a iniciativa de un concejal valenciano en colaboración con Naseiro y un tal Ángel Sanchis, extesorero de Alianza Popular.

En junio de 1992, el Tribunal Supremo archivó el 'caso Naseiro' al anular las escuchas telefónicas autorizadas por un juez de Valencia, Luis Manglano, para construir la causa porque se violó el derecho a la intimidad de los acusados.

Dos años más tarde, un rehabilitado Sanchis compareció en una comisión de estudios del Congreso para explicar su labor como tesorero de un partido. Su testimonio fue muy gráfico: «Una vez supe que un empresario amigo les estaba dando dinero a ustedes (al PSOE) en cantidades realmente importantes. Le dije: pero hombre, ¿cómo les das dinero a estos señores que tú no votas y a nosotros que nos votas, no nos das un duro? El hombre, abochornado, nos dio unas migajitas. Oiga, mano de santo. Desde entonces utilicé esta táctica y cada vez que me encontraba a alguien que les daba dinero a ustedes pedía un poquito para mí y alguna migajilla me caía».

Ahora, cosas del destino, el hombre de las «migajitas» se enfrenta a ocho años de prisión y a una multa de 12,6 millones de euros por blanquear parte del dinero escondido en Suiza por su amigo Luis Bárcenas, que llegó al partido a finales de los ochenta de la mano de Sanchis. En 1990, el extesorero de AP salió mejor parado por el 'caso Naseiro' ya que la Fiscalía del Supremo llegó a pedir para él nueve meses de cárcel y 31,5 millones de pesetas de multa (186.000 euros). Pero la causa acabó sobreseída.

«Práctica continuista»

Es probable que sin el archivo de esta causa de financiación irregular no se entienda la «continuidad en el tiempo» de la 'caja B' del PP, controlada por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas desde 1990 hasta finales de 2008, poco antes de estallar el 'caso Gürtel', según acreditó esta semana el juez Pablo Ruz una vez concluida la investigación que comenzó en 2013.

Una condena en el 'caso Naseiro' probablemente habría acabado con cualquier resquicio de contabilidad opaca y hubiera obligado al legislador a introducir la tipificación penal de la financiación irregular de los partidos, que ahora, 25 años después, se tramita en el Parlamento. Desde entonces solo ha sido una simple infracción administrativa.

La Policía Judicial ya estableció en un informe sumarial de la 'caja B' que Bárcenas, entonces gerente, heredó el sistema de contabilidad del defenestrado Naseiro, que a su vez cogió el testigo de Sanchis. La detención de Naseiro en abril de 1990 coincide, además, con el inicio de los apuntes contables de Bárcenas, que ese mes anotó una entrega de ocho millones de pesetas a R. N (Rosendo Naseiro). La 'caja B', concluye la UDEF, es «una práctica continuista». Pero éste, curiosamente, no ha sido uno de los 75 imputados o testigos que han declarado en la causa.

El auto del pasado lunes detalla a lo largo de 190 páginas el funcionamiento de dos décadas de 'caja B' en el PP. Los 'papeles de Bárcenas' van desde 1990 hasta 2008, pese a que el origen, como se ha dicho, está en los años ochenta con Sanchis y Naseiro. Durante el periodo acotado a Lapuerta y Bárcenas, entró en la contabilidad oculta al Tribunal de Cuentas más de 4,7 millones de euros. Procedieron de los donativos de una veintena de empresarios, en su mayoría constructores, que se beneficiaron de «importantes» adjudicaciones públicas entre 2002 y 2009.

Una de estas sociedades fue OHL (Obrascon Huarte Lain), presidida por Juan Miguel Villar Mir, que hizo tres entregas por 530.000 euros entre 2004 y 2008, según los apuntes contables del extesorero. OHL nació fruto de la fusión de las tres compañías. Y una de ellas, Huarte, ya aparece como donante en el 'caso Naseiro'. «Cuando dije que 'para entrar por la puerta que traiga algo', me refería a que para hablar era conveniente que trajera un pequeño donativo para el partido», declaró Naseiro al juez en abril de 1990.

Los «sólidos indicios» de la investigación confirmaron la salida de 5,8 millones de la 'caja B' a cuatro destinos diferentes: la cuenta de donativos del PP, las retribuciones, complementos o compensaciones de personas vinculadas al partido, las campañas electorales y los servicios y gastos en beneficio de la formación.

Las grandes sumas se dirigieron a la cuenta de donativos anónimos (2002-2007), en la que se realizaron 15 entregas en mano de 1,26 millones, de las cuales nueve fueron irregulares, troceadas para sortear el mínimo marcado por la ley por persona y año -60.000 euros hasta 2007 y luego 100.000-. A la cuenta nominativa (2007-2008) entraron 17 pagos de 1,31 millones, seis de los cuales superaron el límite.

Para las seis campañas electorales financiadas con la 'caja B' salieron 1,18 millones entre 2003 y 2008. Y en el capítulo servicios y gastos, según el juez, el grueso se lo llevó la reforma de la sede nacional (2005 y 2011) con 1,55 millones. Por este asunto y en 2008, el PP dejó de tributar más de 220.0000 por el Impuesto de Sociedad y cometió delito fiscal. En cambio, no se le va a poder juzgar por la financiación ilegal porque no es un delito. Igual que en la época de Rosendo Naseiro.