El exalcalde de Zierbena será juzgado el 24 de mayo por malversación

Marce Elorza, alcalde de Zierbena por el PNV entre 2003 y 2015, será juzgado el próximo 24 de mayo en Barakaldo por malversación de fondos públicos y delitos societarios como consecuencia de su gestión al frente de una sociedad pública vinculada al Ayuntamiento galipo, según informaron fuentes municipales. Elorza se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de tres años y medio de cárcel.

El exregidor dejó la vida pública a finales de la pasada primavera, toda vez que la Diputación le destituyó como asesor del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, al llegar la certificación del juzgado de que iba a ser finalmente procesado. La oposición había pedido varias semanas antes su salida «inmediata» de la institución foral, al entender que se incumplía el acuerdo alcanzado por las Juntas Generales de apartar a cualquier alto cargo que se vea obligado a sentarse en el banquillo de los acusados.

Cisma interno

El proceso penal contra Elorza se remonta a hace un lustro. En 2012, el PNV sufrió un cisma interno en Zierbena. Tres ediles abandonaron el grupo municipal jeltzale, pasando a la oposición. Elorza se quedó en minoría y Bildu, los independientes de Zierbena Beti y los exmiembros del equipo de gobierno intentaron desalojar al alcalde y sus afines de varias organismos locales. En abril terminaron denunciando al regidor por haber mantenido a uno de sus compañeros, el concejal Eugenio Barquín -que también está acusado-, como consejero delegado de Zierbena Portua (ZP), sociedad pública municipal dedicada a gestionar los servicios de la localidad costera. Tanto Elorza como Barquín habían sido instados a dejar la administración de esta entidad, pero habrían hecho caso omiso a ese requerimiento.

Entonces, la oposición puso en conocimiento del juez que el máximo responsable de ZP estuvo varios meses cobrando un sueldo de alta dirección -51.812 euros anuales- cuando ya no dirigía nada. Todo, presuntamente, con la connivencia de Elorza. El caso ha avanzado de manera muy lenta. La instrucción se ha prolongado casi cinco años. La denuncia llegó incluso a ser archivada, pero posteriormente la Audiencia ordenó su reapertura, reprochándole al juez los escasos avances habidos en la investigación hasta ese momento.