El Supremo venezolano arrebata las competencias a la Asamblea Nacional

El tribunal, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Nicolás Maduro, declaró en desacato al Parlamento a inicios de 2016, debido al nombramiento de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por ello ha anulado todas las decisiones parlamentarias. Aunque la cámara desvinculó a esos diputados posteriormente, la corte considera que el acto no fue formalizado.

"Esta semana hemos avanzado lamentablemente hacia un modelo autoritario en la política venezolana. La democracia está en peligro", ha dicho este jueves el analista Carlos Romero. "Estamos ante un uso indiscriminado e ilegal de las atribuciones del Supremo para acabar con el poder legislativo", ha añadido.

Tras conocerse la nueva decisión del TSJ, el opositor Henry Ramos Allup, ha afirmado que los parlamentarios "debemos seguir cumpliendo nuestros deberes (...) y seguir ejerciendo a cualquier riesgo nuestras funciones, porque a nosotros una persona no nos dio un título de diputados, sino que fuimos electos".

Pero el legislador Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, ha celebrado el fallo. "No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran", ha dicho.

Alegando el desacato, el TSJ ya había retirado la inmunidad a los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares. El retiro de los fueros parlamentarios ocurrió mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero.

La cita en Washington acabó sin acuerdos, pero 20 países suscribieron una declaración conjunta en la que expresaron "preocupación por la difícil situación política, económica, social y humanitaria" de Venezuela.

Una semana antes de ese encuentro, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que fue calificado por Maduro como "traición a la patria", delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

Para analistas como Benigno Alarcón la escalada en el choque de poderes de Venezuela es una respuesta a las recientes acciones en la OEA. "El gobierno está tratando de aumentar la presión sobre los parlamentarios y la comunidad internacional, diciendo que está dispuesto a tomar represalias y apresar a líderes opositores que estén buscando ayuda en el exterior", declaró Alarcón.

La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, "sin la aprobación de la Asamblea Nacional".

Pero al declarar "omisión legislativa", la corte indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados.

Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016.

Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.

Las gestiones en la OEA son promovidas por su secretario general, Luis Almagro, quien exige convocar a elecciones generales en corto plazo y liberar a un centenar de opositores presos.

Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.