El exalcalde de Zierbena procesado por malversación dice ser una víctima «política»

Josu García

Viernes, 27 de abril 2018, 01:43 | Actualizado 09:13h.

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El juicio contra el exalcalde de ZierbenaMarce Elorza y el exconcejal Eugenio Barquín quedó ayer visto para sentencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamaron para ambos excargos del PNV una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de malversación relacionado con la gestión de la sociedad pública Zierbena Portua (ZP) entre los años 2011 y 2012. Las defensas pidieron la libre absolución. Denunciaron que sus clientes fueron víctimas de «una persecución política» y negaron, en todo momento, que hubieran incurrido en una actividad ilícita porque, entre otros motivos, «la propia entidad ha negado que se haya producido daño económico a las arcas públicas».

La vista del caso ha girado en torno a un asunto clave: si fue legal que Barquín cobrara durante algo más de un año su sueldo de alta dirección (51.812 euros) al frente de ZP cuando la mayoría del consejo de administración tenía «la voluntad» de cesarle y nombrar un sucesor que no percibiera retribución alguna. En aquel momento, el órgano de dirección estaba integrado por los dos acusados y por los ahora denunciantes (tres ediles jeltzales que se rebelaron y fueron expulsados del partido por su actitud).

La acusación y la Fiscalía han tratado de demostrar que Elorza hizo todo lo posible por mantener a Barquín al frente de la sociedad municipal, con la intención de seguir percibiendo así el sueldo. En palabras del fiscal, el alcalde habría «obstaculizado» la destitución con «la voluntad clara de apropiarse de fondos públicos a través del cobro de esas nóminas». En este sentido considera que la participación del regidor fue «indispensable» para ello.

El Ministerio Público entiende que el contrato laboral que firmó en 2007 el exedil había quedado extinguido en el verano de 2011 y era improrrogable, por lo que de esta forma se usaron fondos municipales sin el debido soporte legal. También subrayó que los acusados actuaron con «dolo» para perpetuarse en el mando de la sociedad local, desoyendo los requerimientos de los consejeros disidentes.

Por el contrario, los abogados defensores han esgrimido que el exedil obró dentro de la legalidad. Sostuvieron que este caso ha tenido también una pieza en la jurisdicción social, en la que la juez dio la razón a Barquín al entender que existía un vínculo mercantil que se mantuvo hasta que finalmente fue cesado, más de un año después de que Elorza y su compañero perdieran el control y la mayoría en el seno de ZP.

Ricardo Sanz, letrado de Elorza, hizo hincapié en que todo lo sucedido se debió a un ajuste de cuentas «político» de tres personas que fueron expulsadas del partido. «Optaron por demonizar al adversario y llevarle ante los tribunales» con una acusación infundada. Sanz lamentó, asimismo, que los tres querellantes podrían haber destituido a Barquín desde el minuto cero y «ahora no estaríamos aquí». Pero «no lo hicieron», pese a que un asesor externo que declaró ayer se lo aconsejara.