La Hacienda de Bizkaia pidió a El Corte Inglés la lista de clientes que gastan más de 30.000 euros al año

La Hacienda foral de Bizkaia pidió a El Corte Inglés el listado de las personas domiciliadas en este territorio que gastaron más de 30.000 euros anuales, a través de la tarjeta de crédito propia de los grandes almacenes, durante los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y 2011. La empresa se negó a acceder a tal petición y ayer el Tribunal Supremo le dio la razón debido a que la Hacienda de Bizkaia no puede exigir este tipo de información a empresas que tienen su domicilio social fuera del territorio. De ahí que el alto tribunal haya recomendado a la Diputación vizcaína que reclame los datos a través de la Agencia Tributaria.

Más allá del contenido de la sentencia, que resuelve una cuestión técnica ligada al Concierto Económico -qué administración tributaria puede actuar en función de la sede social de la empresa inspeccionada o a la que se pide información-, el fallo revela una de las vías de lucha contra el fraude fiscal que ha puesto en marcha el fisco vizcaíno: analizar datos reales sobre el gasto de los contribuyentes y cotejarlo con sus declaraciones de ingresos. En este caso, la Hacienda de Bizkaia cursó su petición en octubre de 2012 y además de la identificación completa de los clientes que sobrepasasen los 30.000 euros anuales de gasto -supone una media de 2.500 mensuales-, se solicitaban datos adicionales. En concreto, la cuentas bancarias en las que se domicilian los pagos de la tarjeta de los grandes almacenes. Del texto remitido por la Hacienda de Bizkaia se desprende también que una de las cuestiones que se persigue es la ocultación de cuentas corrientes fuera del territorio nacional.

El Tribunal Supremo ni siquiera entra a valorar en el fallo el contenido de la petición, ya que este asunto lo resolvió el pasado mes de marzo. En un fallo anterior clarificó que, efectivamente, la autoridad tributaria tiene derecho a conocer este tipo de datos y aceptó la petición que también había hecho a El Corte Inglés la Agencia Tributaria del Estado. La mencionada sentencia -informa José Antonio Bravo- supuso un giro en las jurisprudencia, ya que hasta ahora los tribunales se habían negado a aceptar investigaciones genéricas por parte de Hacienda. El Supremo admitía así que ya no es necesario tener sospechas fundadas de que exista algo irregular y se pueden solicitar también «datos colaterales» que, luego, «puedan servir de indicio» para buscar fondos no declarados.

Margen para investigar

De acuerdo con esta doctrina, la Hacienda de Bizkaia podrá solicitar la información de esta empresa o de otras ubicadas fuera, a través de la Agencia Tributaria. Pero también de forma directa a otras sociedades mercantiles con sede social en Bizkaia, matiz que sitúa en el objetivo de la investigación a las tarjetas de crédito emitidas por algunas entidades financieras locales.

Pese a lo llamativa que pueda parecer esta práctica, no supone del todo una sorpresa, ya que las diputaciones vascas lo habían telegrafiado en sus últimos planes de lucha contra el fraude. En ellos quedaba claro que van a pedir información sobre gastos elevados mediante tarjetas de crédito, para intentar llegar hasta los defraudadores de impuestos a través de estos signos externos. Los expertos apuntan que es una estrategia «eficaz», ya que la información obtenida sobre el gasto se cruza en un ordenador con los datos de renta declarados por esos mismos contribuyentes. Un programa informático es el encargado de detectar las «incongruencias» en la información. Esto es, gastos elevados y reiterados en contribuyentes que declaran en su IRPF rentas bajas, y también la titularidad de cuentas en el extranjero que no se declaran aquí y que pueden ser el contenedor del dinero que se oculta a Hacienda.

La lucha contra el elevado fraude fiscal se ha convertido en una de las prioridades de la Administración pública. Recientemente, un estudio encargado por el Gobierno vasco desveló que en Euskadi el fraude puede estimarse en unos 3.700 millones de euros anuales.