La acusación popular pronostica la condena para los implicados en el 'caso Kutxabank' porque no han probado su inocencia

La acusación popular en el 'caso Kutxabank' augura que los tres implicados -Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta- serán condenados ya que durante el juicio, celebrado la semana pasada, «los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental no han podido ser desmentidos por los testimonios de los acusados». Según la tesis de los colectivos representados por Jone Goirizelaia -LAB, ESK, Steilas, Ehne, Hiru, Pentsionistak Martxan y EKA-, la contratación del exdelegado del Gobierno instada por el expresidente del banco y realizada a través del despacho de abogados de Rafael Alcorta forma parte del «clásico funcionamiento de las puertas giratorias».

Goirizelaia, en una rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en la sede bilbaína del sindicato LAB, ha reforzado la tesis de que son los acusados quienes deben probar su inocencia, y no al revés, al incidir en que Fernández, Cabieces y Alcorta no han puesto «encima de la mesa argumentos suficientes como para que la sala desestime las demandas de la acusación». Así que según esta reinterpretación de uno de los principios básicos del Derecho Penal «lo lógico» es que la resolución judicial termine asumiendo las tesis de la acusación.

Además, la acusación particular ha avanzado que «exigimos responsabilidades penales y políticas a los representantes políticos» que estaban al tanto de la contratación, a su juicio fraudulenta, de Mikel Cabieces. Goirizelaia, preguntada por si van a presentar alguna denuncia contra alguien a fin de depurar esas responsabilidades penales, o a instar a la Fiscalía para que abra una investigación, aclaró que «habrá que ver lo que pasó, y ver lo que se hace. Nos parece propio que quien ha hecho algo que no debería hacer lo explique, y si no, la acusación popular tendrá que hacer algo en su día».

Los colectivos implicados en el proceso, además, han denunciado que el 'caso Kutxabank' no es más que una derivada del «expolio» que sufre la sociedad vasca, que asiste a la «liquidación» de sus cajas de ahorros para transformarlas en un banco. Por ello, ha reclamado que la entidad financiera vasca «sea pública» y que «se dé marcha atrás en el proceso de privatización».