Genocidio y purga: las 1.181 historias de los funcionarios vizcaínos vencidos

Eider Burgos

Viernes, 16 de marzo 2018, 01:25 | Actualizado 23:43h.

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Miren Goyenechea Galián, profesora de barriada, cometió el error de enseñar «cantares vascos» y «actuar con frecuencia en funciones de teatro en vascuence y otros actos de propaganda antiespañola». Eustaquio Iraundegui, cajista de Imprenta, «bautizó a su hija con nombre eusquérico» y era «acérrimo nacionalista», tal y como le acusó un compañero. Segundo Puertas mostró «entusiasmo democrático», y en la taberna del capataz Galo Arano «se reunían frecuentemente elementos destacados de la política marxista», lo que le valió seis años de prisión. Los mismos que a Diego Basterra Berastegui; él «no contestó al grito Arriba España que le dieron delante tres veces».

Es julio de 1937, y el día 19 las tropas franquistas conquistaron Bilbao. El ejército sublevado somete a la Diputación de Bizkaia a un proceso brutal de depuración que acarrea consecuencias económicas y sociales a la mayor parte de los 1.181 trabajadores que componen la plantilla entre profesores de barriadas, miñones, técnicos de Hacienda, camineros y personal técnico en obras públicas y puertos. Despedidos en su mayoría con mayor o menor sanción. A 13 les fusilaron.

Un «genocidio», tal y como define el Doctor en Historia Contemporánea Aritz Ipiña. «Lo asociamos a una gran cantidad de asesinatos pero, por definición, se trata de la destrucción organizada de un colectivo específico. En la Diputación se destruyó al funcionariado porque era demócrata. Fue un genocidio económico y cultural».

«Persona a persona», el libro 'Represión y terror franquista en la Diputación de Bizkaia: fusilamientos y depuración (1936-1976)' cuenta las historias de cada uno de aquellos empleados castigados, «tanto física como socialmente», por «pensar diferente». Apartados de sus puestos, que se sirvieron como «premio» a soldados y trabajadores fieles al nuevo régimen.

Solo el 36% fue repuesto sin ningún tipo de sanción. El resto, «encarcelados, marginados, utilizados como mano de obra esclava o eliminados de la vida pública». A algunos se les permitió seguir trabajando, aunque lejos de su hogar. «¿Qué se conseguía? Que agachasen la cabeza, que creyesen que gracias a la magnanimidad del nuevo régimen podían seguir alimentando a sus hijos», explica Ipiña. Las autoridades de su nuevo punto de residencia, conocedoras de la sanción, mantenían vivo el estigma y la vigilancia constante.

Es por eso que las víctimas no fueron solo 1.181 funcionarios, sino «miles de familiares que también eran represaliados públicamente». Hasta 449 trabajadores fueron destituidos sin el derecho, además, a cobrar ningún tipo de pensión. En su mayoría, adultos con familias «importantes, no como las de ahora con un hijo», en las que si faltaba el jornal «caían en quiebra». «A muchos de ellos solo les quedó acudir a las instituciones franquistas en busca de auxilio, de esa mal llamada 'beneficiencia'».

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La peor parte se la llevaron los miñones. Con la entrada del ejército sublevado en Bilbao, el Teatro Arriaga se convirtió en un improvisado campo de concentración para los agentes de la policía foral. «En la Diputación, todos los cargos fueron depurados y luego juzgaron a quienes consideraron que había que juzgar. En el caso de los miñones fue al revés»: de los 74 presos, 13 fueron condenados a morir a tiros. Cuatro se libraron, solo a cambio de una cadena perpetua.

Como José Eguia Marcaida, de 37 años y natural de Mungia, acusado de proteger la voladura del puente de Uribitarte, de desoír las órdenes de un teniente de caballería y de ser escolta del lehendakari José Antonio de Aguirre (su viuda sacó adelante una familia de cinco hijos gracias a la ayuda de sus familiares). A Gregorio Urquijo Alberdi, de 50 años, oriundo de Arakaldo y padre de cuatro hijos, se le acusó de formar parte del Comité de Defensa de Berriz y «nacionalista vasco recalcitrante». Y a Francisco Arrugaeta López, de 33, bermeano y padre de tres hijos, de ser «nacionalista de acción» y guardián de los barcos prisión Altuna Mendi y Cabo Quilates. Se les fusiló junto a otros seis compañeros.

«Pero no solo se mataba a hombres jóvenes que sabían llevar armas. Hubo acusaciones terriblemente banales que acabaron con la vida de estas personas». La de Julio Nogueras Mateo, ser militante del Partido Socialista. Profesor de barriada de 35 años, casado y con un hijo, la conquista de la villa le pilló en su Huesca natal, lo que no le libró de la prisión. Hasta el 8 de agosto de 1936, cuando fue sacado y asesinado en una saca.

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Curiosamente, «los que ejercieron la represión no fueron personas ajenas a la institución, sino compañeros. Por distintos motivos, colaboraron con interrogatorios, elaborando expedientes y proponiendo sanciones», lo que también ha quedado reflejado en el libro. «No queríamos solo compadecernos de las víctimas, sino también analizar a los victimarios», explica Ipiña, que ya publicó hace un año una investigación centrada en la purga de 3.985 empleados municipales de Bizkaia tras la Guerra Civil.

Este estudio pretende ser una «reparación» para aquellas víctimas y «repercutir de forma positiva en miles de familias». Aunque ya esté editado, «aún no está terminado». El historiador quiere completar el álbum de las 1.181 fotos de los actores principales de esta historia. Mientras completa su obra, eso sí, reclama difusión: «Hay muchos jóvenes que no saben quién era Franco o que hace 50 años se fusilaba a la gente por pensar diferente o por el mero hecho de ser demócrata».