Bilbao crea por fin la figura legal de los pisos turísticos para que paguen impuestos

El Ayuntamiento de Bilbao quiere poner orden en el boom experimentado por el alquiler de viviendas para vacaciones. Sin llegar al crecimiento desmedido registrado en San Sebastián, el Consistorio bilbaíno ha decidido incorporar la figura de los pisos turísticos en el Plan General de Ordenación Urbana, el instrumento legal que regula los usos en la vida de la ciudad. Por primera vez, reconocerá esta práctica como una actividad económica, lo que permitirá mejorar su control y facilitar que sus propietarios paguen impuestos como responsables de un negocio lucrativo.

Hasta la fecha, los alojamientos turísticos constituyen una realidad que va por delante de las normativas y de la propia legalidad, pese a los esfuerzos de las instituciones. Esta actividad, en considerable aumento en Bilbao, cuenta con tres niveles de control no siempre bien ensamblados. El Gobierno vasco mantiene un registro de pisos tras la aprobación, hace ahora un año, de la primera ley que regula la utilización de casas particulares como hospedajes temporales. La Diputación, como recaudadora fiscal, persigue el fraude para que todos los negocios declaren a Hacienda. Y los ayuntamientos elaboran sus propias normas municipales para intentar ordenar la actividad en cada comunidad de vecinos.

La falta de un criterio conjunto en la Administración para regular un negocio en plena expansión ha situado a los pisos turísticos en una especie de limbo legal. Por ejemplo, el registro de la consejería de Turismo tiene censados algo más de 200 viviendas en Bilbao: son propietarios que han declarado su interés en alquilarlas para vacaciones.

Pero no todas cumplen con los requisitos urbanísticos que luego impone el Ayuntamiento de Bilbao, que restringe la apertura de alojamientos a las primeras plantas de los edificios residenciales. Y, además, sólo autoriza uno por portal en un intento por evitar molestias al resto del vecindario y poner coto a una actividad vista con un indisimulado recelo por los hoteles.

Con estas limitaciones, cuestionadas de plano por los propietarios que quieren sacar una rentabilidad económica a su piso, apenas una de cada cuatro peticiones de viviendas turísticas realizadas al Ayuntamiento pasa el corte. Pero los alquileres siguen adelante. En su última campaña de la renta, la Hacienda foral de Bizkaia citó a 323 contribuyentes por no declarar estos ingresos. De media, 10.000 euros anuales. La llamada al orden, realizada después de una inspección fiscal, fue un aviso a navegantes antes de abrir la vía de las sanciones.

Aunque en Bilbao no hay los problemas de San Sebastián, que ha decidido no conceder más licencias en la Parte Vieja por la saturación de pisos, la concejalía de Planificación Urbana aspira a controlar mejor esta actividad. En principio, no está por la labor de aplicar más restricciones ni de facilitar la apertura de viviendas, por ejemplo, en plantas superiores. Pero eso no quiere decir que se quede cruzada de brazos mientras crece el negocio y aumentan los choques con el sector hotelero, que lo considera una suerte de competencia desleal.

El departamento llevará este debate al próximo consejo asesor de planeamiento municipal, fijado para el día 12. En este foro, que no tiene carácter vinculante pero sí peso político por la presencia de los partidos municipales y agentes sociales y económicos, presentará «una modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turísticos». La propuesta busca ajustar lo más posible la ley a la realidad del mercado y establecer en el PGOUuna catalogación de las viviendas turísticas, desde el alquiler íntegro al de una habitación.

Se trata de un paso más en una regulación que parece que conviene a todas las partes. A los hoteles, para evitar el intrusismo. A la Administración, para fiscalizar la economía sumergida. Y a los propietarios de inmuebles y plataformas digitales de publicidad, para saber a qué atenerse y conocer sus derechos y obligaciones.

En un intento por frenar el descontrol, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao están cruzando datos para «depurar» el censo. Tratan así de determinar con mayor exactitud cuántos pisos turísticos de los que se han inscrito en el registro cumplen después con las normas urbanísticas municipales. La elaboración de un protocolo conjunto permitirá al Consistorio inspeccionar de oficio las viviendas –ahora sólo lo hace si hay una denuncia de otros vecinos– y comprobar que reúnen las condiciones de habitabilidad.