Aburto logra un acuerdo inédito con toda la oposición para la seguridad de Bilbao

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao y toda la oposición suscribirán el lunes un acuerdo inédito. Alumbrarán así el Pacto por la Seguridad, un documento con 35 medidas para intentar mejorar la eficacia policial y prevenir el delito de aquí hasta el 2023. Juan Mari Aburto, que ya había anunciado el plan el pasado 15 de septiembre, pisó el acelerador tras el homicidio de Ibon Urrengoetxea en pleno corazón de la ciudad y el asesinato de Rafael y Lucía, un matrimonio octogenario, en su humilde piso de Otxarkoaga. Con la opinión pública alarmada por la violencia extrema ejercida por los menores que acabaron con sus vidas y la percepción de inseguridad empañando la idílica imagen de una ciudad que albergará este año importantes eventos internacionales, urgía ofrecer una imagen de unidad y contundencia. El Gobierno municipal, que ayer no quiso valorar el acuerdo, presentó a los partidos a mediados de febrero el primer borrador, que ya contemplaba un incremento del número de agentes a través de una OPE anual: inicialmente pasaría de 747 a 800.

En un asunto tan sensible como la seguridad, el alcalde ha conseguido que limen diferencias partidos tan opuestos como el PP, EH Bildu y los grupos municipales cercanos a Podemos (Udalberri y Guazen Bilbao), que explican el origen de la delincuencia en las desigualdades sociales. Ni Iñaki Azkuna logró un apoyo semejante cuando decretó la ‘guerra al navajero’ para anunciar «mano dura contra el delincuente». Era otra época, con la sociedad vasca amenaza por el terrorismo de ETA.

Aburto ya trató el año pasado de lograr un acuerdo similar por la paz y la convivencia que hizo aguas tras la primera intentona. El PP, «decepcionado», abandonó la mesa de negociación al comprobar que EH Bildu no tenía ninguna intención de condenar la violencia de ETA. El Pacto por la Seguridad que ahora todos respaldan conjuga la creación de protocolos de prevención para anticiparse a los delitos con medidas coercitivas y un modelo de Policía «de cercanía».

El consenso actual también se explica por la coyuntura, con una opinión pública que reclama medidas de las que resulta difícil descolgarse. Este pacto inédito también ha requerido de mucha cocina, aunque no «se ha cocido a fuego lento», como reclamaban los partidos de izquierda de la oposición. La versión que aprobarán los grupos el lunes será la octava que ha presentado el alcalde, enriquecida con aportaciones de todos. Después de media docena de reuniones desde el día 15 de febrero, más las que Aburto y su concejal de Seguridad, Tomás del Hierro, mantuvieron «a dos bandas» con los grupos, el PP fue el primero en anunciar su apoyo. EH Bildu lo confirmó ayer, así como UdalBerri y Goazen Bilbao, los partidos que parecían más reticentes y que comunicaron un «sí crítico». La firma se escenificará en el Salón Árabe, un emplazamiento muy significativo, el escogido para anunciar los acuerdos de relevancia para la ciudad.

El texto recoge compromisos que más adelante deberán tomar forma, plasmarse en plazos y presupuestos dentro de un plan estratégico que estará elaborado en seis meses. Para vigilar su cumplimiento, las formaciones se reunirán cada medio año. El objetivo prioritario será reducir el número de delitos, especialmente los que afectan a las mujeres -«que sufren violencias machistas»-, los menores de edad -aunque sean infractores que a la vez pueden «resultar víctimas»-, así como los mayores que viven solos. Además, se prestará especial atención a los eventos masivos, al comercio local y al turismo, y se favorecerá un ocio nocturno «seguro», con inspecciones de aforo y garantías para los vecinos que sufren molestias.

Habrá más policía en las calles y se dotará al departamento de más recursos. Se abrirán comisarías en los barrios que ahora carecen de ellas, como Deusto y Abando, y se triplicará el número de agentes dedicados a las inspecciones vecinales. También se establecerá un plan anual de formación en materias como la violencia de género, y se reforzarán las unidades operativas que languidecen, como la canina, que pasó de 25 a 4 perros. Además, se incrementará la vigilancia en los puntos negros de la ciudad y se creará una brigada para atender a las víctimas. El Ayuntamiento se compromete finalmente a desarrollar mecanismos de participación ciudadana, foros en los que se evalúen las políticas de seguridad.

El portavoz del PP, Luis Eguiluz, aseguró que el Pacto es un «avance» porque «mejorará la seguridad con medidas efectivas», aunque debería haberse realizado antes. «Han tenido que ocurrir cosas terribles para que el equipo de Gobierno de PNV y PSE haya movido ficha», dijo, tras recordar que su formación venía pidiendo un plan específico desde enero de 2016. Entre sus aportaciones, la vigilancia del absentismo escolar y de plazas, parques y puntos negros, así como el refuerzo de las unidades de policía especializadas y la formación a los agentes.

UdalBerri firmará el texto «por responsabilidad», dijo su portavoz, Carmen Muñoz. Criticó, eso sí, que está «excesivamente centrado en el aumento del número de agentes». Echa de menos «una auditoría que evalúe la situación real de la Policía e identifique las causas de la inseguridad, como la desigualdad». Muñoz valoró que el Pacto mejora los medios materiales y la formación de la Policía, así como la seguridad en eventos multitudinarios. Aun así, aseguró que la «prueba de fuego será el plan estratégico que se derive de este Pacto».

Goazen Bilbao apoyará el Pacto por «responsabilidad» con los vecinos, que demandan «medidas urgentes ». Eso sí, se mostró «crítico» por «las prisas del alcalde para salvar los muebles» y con propuestas como la de crear una bolsa de interinos, «de dudosa legalidad». También mostró sus dudas en cuanto al nivel de agentes necesarios, porque «tal vez con 800 no sean suficientes». Apremió al alcalde, además, a poner en marcha «cuanto antes» el plan estratégico para que no quede todo en papel mojado. «Estaremos encima para que se concrete en acciones reales».

EH Bildu defiende que sus aportaciones propician un «cambio de paradigma» en el modelo policial. «Pasamos a uno de Policía comunitaria, más cercana al ciudadano, centrado en la prevención», subrayó Izaskun Guarrotxena. El de la seguridad «era un debate necesario, pero en el contexto de las tragedias que se habían producido en la ciudad, alejaba el asunto de fondo sobre la brecha social», añadió. Entre sus incorporaciones figura incrementar el número de agentes que trabajan en los barrios en la resolución de conflictos. También valoró la participación «activa» de los movimientos asociativos y sindicales en las políticas de seguridad.