Catalá no descarta retirar la prisión permanente revisable de la reforma del Código Penal

El ministro de Justicia afirma que no se revisará la Ley de Partidos. "El único interés que mueve a la Abogacía del Estado es garantizar la legalidad y el estado de derecho", ha dicho

EUROPA PRESS

Miércoles, 15 de octubre 2014, 16:57

El ministro de Justicia, Rafael Catalá , no descarta retirar la prisión permanente revisable de la reforma del Código Penal cuya tramitación lleva paralizada en el Congreso desde hace más de un año.

Durante el turno de réplica de su intervención este miércoles en el Congreso, ... la primera que realiza como titular de Justicia, Catalá ha afirmado que esta figura "tiene cabida en nuestra cultura jurídica", especialmente si se asocia con determinados delitos a los que no se refirió.

Brigada tuitera

Abogados críticos con las nuevas tasas judiciales agrupados bajo la plataforma la 'Brigada Tuitera' exigirán la derogación de estos gravámenes a través de una campaña de tuits masivos que se iniciará en la red social a partir de las 21.45 horas. "Es mejor que escribas tuits de tu cosecha. El tiempo de retuitear vendrá después, pero durante los primeros 10 minutos no retuitees, escribe tus propios tuits, cuantos más mejor y siempre incluye en ellos el 'hashtag' que conocerás a las 21 45", aconsejan.
La plataforma dará a conocer esta etiqueta a través de las cuentas de Twitter de los abogados Angel López, Verónica del Carpio y el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas. Son @Alopez_Letrado, @Veronicadelcarp y @josemuelas.
Los letrados, juristas y profesores universitarios que apoyan esta iniciativa se identifican en Twitter a través del símbolo #T en sus fotografías, con el que pretenden mostrar su compromiso con el servicio público de la Justicia y la eliminación de las tasas impulsadas por el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón. La plataforma tiene como objetivo fundamental "acabar con la infame ley de tasas". Sus integrantes, que no están adscritos a ningún partido político, han mantenido reuniones con formaciones como UPyD, PSOE y Ciudadanos, según han informado sus representantes.

No obstante, el ministro ha reconocido que esta es "una declaración inicial" y que "hay que valorar el grado de consenso" que merece su implantación y "a partir de ahí valorar el grado de consenso" que la prisión permanente revisable merece en el Parlamento.

Tras esta valoración, Justicia decidirá si lleva adelante esta reforma o si finalmente decae, ha explicado Catalá en respuesta a o a las intervenciones de diferentes portavoces en la Comisión de Justicia que le recriminaron que no hiciera mención a esta figura durante su intervención inicial, en la que marcó las líneas generales de su departamento para lo que resta de legislatura.

También se mostró abierto a dialogar sobre la sanción penal prevista en el actual Código para delitos de coacciones que se está aplicando a sindicalistas.

En relación con la "ambición excesiva" de sus planes teniendo en cuenta lo que resta de legislatura, Catalá se ha comprometido a acotarla en lo referido a proyectos tan importantes como el Código Penal, La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y ha anunciado que "en los próximos días" tratará de hacer un "calendario realista" que le servirá como guión de trabajo.

Durante su turno de respuesta a los diputados el ministro de Justicia ha insistido en proyectos como la presentación de un nuevo Código Mercantil y la encomienda a los registradores de la gestión de los Registros Civiles porque cree que "la desjudicialización tiene sentido".

También dice que habrá tiempo para reformar determinados aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "que pueden tener resultado inmediato" y seguir adelante con la implantación de la Oficina Judicial.

Finalmente ha descartado revisar la Ley de Partidos y ha incidido, en relación con las impugnaciones a la ley de consultas catalanas y el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N que "el único interés que mueve a la Abogacía del Estado es garantizar la legalidad y el estado de derecho".

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